El Partido Nacional (PN) suspendió por dos años al edil Gonzalo Gómez como coletazo de la condena de su asesor Pablo Leiva en el marco de la operación Trazador. Jorge Chediak, extitular de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) e integrante de la Comisión de Ética del PN, dijo a La mañana de la diaria que, en el rango sancionatorio, la decisión “está más cerca del techo que del piso” y es la medida inmediatamente anterior a la más grave: la expulsión.
A su vez, la comisión recomendó al directorio blanco que Gómez restituya el dinero “abonado a un asesor que no cumplía tareas” luego de que el propio curul reconociera que no le asignó trabajo a Leiva mientras duró su contratación. No obstante, no realizó consideraciones con respecto a los delitos cometidos por Leiva: Chediak dijo que “la responsabilidad penal es personal” y, tras la condena por lavado de activos y tráfico interno de municiones que recibió, “allí terminó la actuación de la Fiscalía”, que “no seguía abierta en relación al edil”.
En cuanto al futuro de la banca de Gómez en la JDM –que es suya y no del partido–, Chediak recordó que para desplazar a un legislador “debe hacerse un juicio político promovido por la cámara en donde reviste funciones”, y si es departamental “debe hacerse lo propio a nivel municipal”, por lo cual el análisis “escapaba totalmente” a las competencias de la comisión. No obstante, Chediak consideró que continuar representando al PN en el órgano legislativo pese a estar suspendido en sus derechos y obligaciones sería una “especie de contradicción lógica”.
“Cuando nosotros aconsejamos la suspensión en todos los derechos y obligaciones, ello implícitamente incluía todas las funciones en que el señor edil estuviera representando al PN, por lo cual la suspensión por dos años implícitamente debería implicar no renunciar a la banca, sino apartarse del ejercicio efectivo de la banca por el período en que estaba suspendido en todos sus derechos y obligaciones”, aseveró.
También a nivel personal, Chediak consideró que la situación no ameritaba sugerir la expulsión del curul porque se concentraron en la “falta ética” que había “confesado públicamente”, puesto que ya había “negado toda vinculación” con su asesor y no fue implicado en la investigación penal. “A la Comisión de Ética no le corresponde ni está en sus funciones otra cosa que determinar la sanción que corresponde concretamente a la conducta ética que se cuestiona. Para nosotros, este nivel de infracción a los principios éticos y a los principios de transparencia en la administración ameritaba esta sanción. No fue para sentar un ejemplo, no fue para ser especialmente duros con el señor edil, sino que entendimos –y el nivel de la sanción lo evidencia– que había sido una falta ética de importancia”, señaló.
“Parece excesivo poder contar con nueve asesores por legislador departamental”
El senador nacionalista Martín Lema se reunió con la bancada blanca en la JDM y le encomendó “una revisión total del sistema” de contratación, secretarías y pases en comisión. Chediak dijo que el procedimiento le “parece sano” y valoró que “parece excesivo poder contar con nueve asesores por legislador departamental”, por lo que “quizá allí haya que efectuar un análisis para administrar mejor los recursos públicos”.
Por otro lado está la situación del director de la Administración Nacional de Puertos (ANP) Jorge Gandini, ya que Leiva utilizaba un local de cobranzas propiedad de la esposa de Gandini para su operativa. Chediak señaló que existen mecanismos de control para los cambios que también aplican a las casas de cobranza, y que existe la necesidad de tener oficiales de cumplimiento, matrices para analizar si un cliente u operación es riesgosa y –de existir indicios– realizar un reporte de operación sospechosa (ROS) ante el Banco Central del Uruguay.
En ese marco, dijo que un indicio de sospecha para la legitimidad de una operación “universalmente adoptado” es la utilización de dinero en efectivo en grandes cantidades, especialmente si son billetes de baja denominación, como en este caso. “Hay una cantidad de verbos que configuran lavado de activos. Cambiar el soporte físico y lograr introducir –aunque sea para pagar impuestos lícitos– el dinero ilícito configura lavado”, aclaró. Sin embargo, dijo que lo importante no es el destino –ya que, sea lo que sea, se logró “introducirlo a la actividad económica normal”–, sino que se debe controlar su origen, responsabilidad que recae sobre el oficial de cumplimiento.
De cara al futuro, Chediak entendió “absolutamente apropiada” la convocatoria a la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y también exhortó a llamar a los representantes de las redes de cobranza y las casas de cambio para interiorizarse respecto de “con qué frecuencia se dan este tipo de operaciones, cómo hacen la evaluación de riesgo” o “cuántos ROS se hacen”, entre otros detalles, en un contexto donde se detectan más casos de lavado de activos a través de la investigación policial, fiscal y judicial que por intermedio del sistema preventivo de alarmas.
Tras la reunión del martes, Díaz indicó que se trabajará para incorporar las redes de cobranza en la Evaluación Nacional de Riesgo de 2023. Consultado respecto de por qué no se encontraban incorporadas aún, Chediak señaló que, dado que tienen integrados los cambios y es “la misma operativa”, se asumió que “deberían realizarse los mismos controles” y que “lo que rige para los cambios lógicamente debería regir también para las redes de cobranza”.
