La semana pasada, el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento un proyecto de ley que busca, entre otras cosas, crear una causal jubilatoria anticipada a partir de los 60 años. En ese marco, integrantes del equipo económico han mantenido reuniones con diferentes grupos de interés para profundizar en la propuesta. El lunes, el encuentro fue con legisladores oficialistas en el Palacio Legislativo; el martes, con el Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio en La Huella de Seregni, y el miércoles, con el PIT-CNT, la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay y las cámaras empresariales en la Torre Ejecutiva.
Luego del encuentro, la central sindical evaluó la iniciativa como un “avance”, aunque propuso que la jubilación a los 60 años sea compatible con continuar trabajando.
En tanto, el presidente de la Cámara de Comercio y Servicios, Julio César Lestido, dijo en una rueda de prensa que la gremial está “a favor de la Ley 20.130”, en referencia a la reforma jubilatoria aprobada en el gobierno de Luis Lacalle Pou, que aumentó la edad de retiro de 60 a 65 años. En ese sentido, Lestido señaló que la propuesta del Poder Ejecutivo implica una “modificación” que eventualmente se analizará. Hasta entonces, consideró “irresponsable” marcar una posición.
Con todo, Lestido subrayó que la gremial está de “acuerdo en mantener el tope jubilatorio de los 65 años”, algo que se mantiene en el proyecto presentado por el gobierno. No obstante, el empresario dijo que hay “preocupación” por las eventuales modificaciones y señaló que se ve con “cautela” la posibilidad de una causal anticipada como la que se propone. “En principio, va contra lo que nosotros entendemos que es necesario que pase en el país”, expresó.
Por su parte, el presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, Leonardo Loureiro, dijo a la diaria que la asociación solo tiene hasta el momento una “visión preliminar” de la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo. Por lo pronto, comentó que los “costos” que pueden acarrear los cambios propuestos “son menores”, si bien puntualizó que es algo que se analizará “en detalle”.
De todos modos, Loureiro llamó a “tener cuidado de que no sea un efecto contrario al que se está buscando, con un costo mayor al estipulado”. Aunque apuntó que desde la Confederación esperan ser convocados por el Parlamento para hacer aportes al proyecto, ya con los datos más digeridos, Loureiro dijo que desde el equipo económico se les transmitió el miércoles a las cámaras empresariales que para plantear “correcciones o propuestas” pueden “usar un canal directo” con el Poder Ejecutivo.
Los otros cambios
Sobre la modificación planteada para el mecanismo de ajuste del suplemento solidario –que ahora se propone que sea mediante “la semisuma de las variaciones” del índice de precios del consumo y del índice medio de salarios–, Loureiro expresó una valoración positiva. El empresario dijo que el suplemento solidario “fue una buena incorporación” de la Ley 20.130, pero puntualizó que este cambio que se sugiere va en contra de la “discrecionalidad” que había quedado establecida en la ley para fijar su valor.
“En este proyecto de ley se da certeza a todos de definir una forma de ajuste; además, lleva a que el impacto futuro sea mucho menor”, destacó Loureiro. Asimismo, resaltó que en el proyecto existen otros “agregados” a la Ley 20.130 que “son positivos”, porque implican “ajustes de iniquidades que habían quedado” en la normativa todavía vigente.
