El lunes se inauguró la VI Conferencia sobre Situación de Calle en América Latina, organizada por la Universidad de la República, el Centro de Investigación e Incidencia para el Sinhogarismo y la Situación de Calle en América Latina y el colectivo Ni Todo Está Perdido. El espacio de intercambio, que finalizará este jueves, reúne a investigadores, profesionales, trabajadores, tomadores de decisión y activistas que trabajan con la situación de calle.
En ese marco, este miércoles, en una conferencia sobre políticas públicas, la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseyro, adelantó que la cartera que dirige próximamente firmará un convenio con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) para aportar 720 plazas para personas en situación de calle. Esta medida fue anunciada por Paseyro en mayo de este año en el Parlamento, cuando dijo que su ministerio aportará a la Estrategia Nacional sobre Situación de Calle con “la restitución de inmuebles que puede tener disponibles el Estado para proyectos de medio camino”. La ministra agregó que será tarea del Mides decidir si serán viviendas individuales o colectivas.
La medida implica una inversión de dos millones de dólares por año y destacó que “es necesario invertir y poner recursos” para atender la situación de calle. Paseyro apuntó que el plan quinquenal de vivienda incluye entre sus lineamientos esa problemática social; por eso, subrayó, es “fundamental” que este aspecto sea una “política prioritaria” de la cartera, puesto que su inclusión permite que cuente con recursos y evaluación.
Por su parte, la directora de Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo, Graciela Villar, sostuvo que el concepto de “trenza” que une trabajo, vivienda y salud –elementos presentados por el gobierno como “vida, vivienda y vínculos”– “es un principio irrenunciable”. “Estamos convencidos de que este proceso carece de romanticismo hoy [y] tiene que tener orientaciones claras, tiene que tener recursos y tiene que tener acciones”, apuntó.
De esa forma, destacó que en lo que va del período de gobierno departamental, el intendente de Montevideo, Mario Bergara, “acordó el ingreso priorizado de personas en situación de calle a los distintos programas protegidos” y “acordó el ingreso de personas que están hoy a punto de salir liberadas de las cárceles”. En particular, se trata de “casi 400 personas que van a trabajar y van a tener la formación en la intendencia en un proceso de un año”, dijo.
Sin embargo, Villar planteó como un “problema” que de 500 personas que entraron a trabajar a la intendencia por el programa Uruguay Impulsa “quedaron 220”, y subrayó que si “esas 220 no tienen un lugar decente donde ir a dormir y tienen que ir nuevamente a un refugio, la trenza no la podemos armar más”.
Por esa razón, señaló que es necesario “hacer un salto en calidad en el que estos procesos sean acompañados y sean priorizados para que el techo sea una posibilidad concreta, individual o comunitaria”, y que los “mismos equipos” que supervisan el trabajo en los territorios puedan “acompañar estos procesos que suponen una reintegración al sistema del entramado social”, así como “una posibilidad de volver a sentirse una persona absolutamente íntegra, amparada, protegida, e iniciar un camino de autosuficiencia”.
Villar habló también de la necesidad de “demostrar que esa trenza es posible y que se puede sostener”, para lo que se necesita inversión. La jerarca dijo que actualmente se invierte en políticas que “no dan resultado, se repiten históricamente y generan lesiones que después sí van más allá de un puzle al que le faltan piezas para armar, porque son insostenibles”.
Dijo que por eso hay que “hacer ensayos, evaluar y cambiar, si es necesario, para generar nuevas prácticas que sean realmente transformadoras de esta realidad”. “Si terminamos este período, en el que los departamentos que tienen mayor concentración de personas en situación de calle y el gobierno tienen el mismo signo, y no demostramos que es posible innovar en nuevas prácticas para la incorporación social de estas personas, habremos fracasado con total éxito, a pesar de las buenas intenciones”, aseveró.
A su vez, se refirió a la pobreza infantil; dijo que si bien se los está “sacando de la pobreza en forma paulatina”, se trata de niños, niñas y adolescentes cuyos problemas “no se resuelven con mayor aporte económico”, ya que “están viviendo en zonas donde la violencia es el código de convivencia, donde hay que ser violento para sobrevivir”. “No nos podemos olvidar de la correspondencia que hay con la situación de pobreza estructural, que después alimenta situaciones que hoy estamos tratando de paliar”, expresó.
MVOT prepara convenio con INAU para jóvenes que egresan
Por otro lado, Paseyro afirmó que la situación de calle “no empieza el día que alguien duerme a la intemperie”, sino que “empieza antes”. En particular se refirió a los procesos de desinstitucionalización. En ese sentido, anunció que el MVOT está por firmar un convenio con el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) para “acompañar con vivienda” a los jóvenes que egresan del sistema de protección especial. Paseyro agregó que en ese convenio también está incluido el Instituto Nacional de la Juventud.
La ministra agregó que para apoyar el egreso de los y las jóvenes también se plantean asegurarles el empleo, puesto que “con la vivienda sola tampoco se soluciona si no están presentes las distintas políticas del Estado”. En esa línea, señaló que el MVOT está trabajando “en esta misma dirección” con respecto a los adolescentes que egresan del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente.
Villar agregó que “apuntar a la adolescencia que egresa del INAU, después de haber estado institucionalizada más de diez años, supone [que se trata de] una persona que tiene heridas profundísimas y que necesita una atención particular, porque son las primeras víctimas en caer en situación de calle”. “Nosotros no vamos a poder reparar, pero sí podemos ayudar a cicatrizar si tenemos políticas públicas dirigidas [a esa población]”, aseguró.