Lucía Etcheverry, titular del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), compareció el jueves ante la comisión homónima del Senado para informar sobre la guía digital para el transporte de carga, en el marco de las protestas de camioneros autoconvocados que se dieron en los últimos días.
Luego de la sesión, en rueda de prensa, la ministra dijo que la semana pasada solicitó que la comisión la pudiera recibir para poner “información cierta, veraz y oficial” sobre el proceso de diseño y de implementación de la guía, fundamentalmente, “para despejar errores y cuestiones que estaban generando desinformación y temor”.
Etcheverry comentó que le pareció de orden convocar al sistema político “a trabajar en algunos temas que tienen que ver con el sector del transporte, que son estructurales, que tienen muchísimas décadas”, pero que, como gobierno, tienen “la responsabilidad de asumirlos, y de generar los ámbitos de intercambio con todos los sectores para ir gradualmente construyendo acuerdos”. “Con respecto a la guía de carga, hace más de 25 años que está establecida por ley y nosotros no pretendemos imponer, sino mantener, todos los ámbitos de intercambio con todos los actores, fundamentalmente con las gremiales, pero también la mayor apertura para intercambiar y recoger aportes”, expresó.
Consultada sobre por qué hay resistencia a la guía, la ministra dijo que “no es una información que esté suficientemente clara”, y consideró que este tema “fue la punta del iceberg que habilitó a otro tipo de problemas”, vinculados a “aspectos estructurales” del sector, como “las formas de remuneración, las condiciones laborales y el relacionamiento entre sectores privados que tienen diferencias”.
Etcheverry subrayó que el transporte de carga es profesional, es una actividad regulada, y la responsabilidad regulatoria corresponde a la Dirección Nacional de Transporte. Resaltó que la guía “no es un impuesto” y “no tiene costo ninguno”, y apuntó que actualmente está “en un proceso de diseño y se le están haciendo modificaciones para que sea cada vez más simple y ágil”.
La ministra resaltó que, cuando lleguen a los acuerdos sobre las características y los tiempos de instrumentación y de prueba, acordarán con los transportistas “cuál va a ser la forma gradual y progresiva de su instrumentación”. Adelantó que están pensando en mecanismos “de estímulo, de incentivo, no de penalización”, porque el punto es “garantizar la trazabilidad de la carga”, es decir, “qué carga, qué cantidad y por qué ruta se está circulando; eso es información muy importante para un país cuya seña de identidad tiene que ver con la trazabilidad y la calidad”.
“Hay un gran dinero en juego que sale de parte del transporte”
El miércoles, antes de la comparecencia de las autoridades del MTOP, fue el turno de los transportistas. Los camioneros comparecieron en tres tandas, según consta en la versión taquigráfica de la sesión, a la que tuvo acceso la diaria.
En la primera delegación estuvieron representados camioneros de Durazno y Lavalleja. Uno de ellos, Fernando del Prestito —quien se definió como “camionero” y propietario de “una empresa chiquita de camiones”— afirmó que “Lavalleja en su conjunto está en contra de la guía o, más que eso, en contra de seguir sumando controles en el transporte”. Aseguró que “el transporte es el rubro que más controles tiene en todo el país”, incluso “más controles que los aviones”.
Asimismo, Del Prestito cuestionó “que se salga a decir que la guía no tiene costo”, cuando esto “no es así”. Mencionó que el artículo 10 del Decreto 366/013 —que creó la guía electrónica de transporte de carga— dispone que “el precio de las guías será de hasta 12 unidades indexadas”, alrededor de 80 pesos uruguayos actualmente.
El transportista puso un ejemplo personal: “Yo tengo un camión con volcadora y estoy trabajando para una empresa vial a dos mangos, la verdad. Si haces 15 viajes porque es cortita, tengo que hacer la guía, esperar la aprobación de esto y lo otro, todo ese vericueto, y termino haciendo seis o siete viajes”. Y agregó: “Si estuviéramos en un momento en que estamos explotados de laburo, haciendo guita y quieren poner alguna implementación más de control, me la banco. Pero el problema es que tenemos gente en el transporte que no sabe leer ni escribir o que tiene un Nokia 1100 para hablar con la vieja y no le podemos pedir que haga una guía que tiene protocolos, como si fuera contador de la NASA, y esperar a que el que tiene que dar la aprobación de la guía no haya ido al baño y demore 15 minutos porque si no me aprueba la guía no puedo salir de estar cargado”.
La segunda delegación, según se informó en la comisión, fue en representación de 850 empresas, de entre uno y cinco vehículos, dedicadas al transporte en general —como leña, ganado, verduras y minería—, de los departamentos de San José, Canelones, Maldonado, Lavalleja, Treinta y Tres, Cerro Largo y Río Negro.
“En primer lugar, venimos a pedir que se suspenda el incremento del precio de los combustibles dispuesto para junio de 2026 y siguientes, hasta tanto se realice una auditoría pública independiente sobre la estructura de costos y los criterios de fijación de precios de Ancap”, manifestó Edison Molina, uno de los integrantes del grupo.
Como segundo punto, Molina pidió la “no aplicación” del Decreto 366/013, que “excede el marco legal habilitante e impone cargas desproporcionadas sobre el sector transportista y agropecuario”.
Según explicó el propio Molina, la guía exige que en todo transporte de carga se registren los datos del vehículo, los detalles del viaje, el origen, el destino, el chofer, el peso de la carga y la tarifa del flete. Y esto, sostuvo, debe hacerse “en tiempo real, las 24 horas del día”. “La exigencia de que cualquier modificación de los datos del viaje obliga a anular y rehacer la guía, con las demoras y costos consiguientes”, apuntó; y advirtió sobre “la aplicación de multas de hasta 50 unidades reajustables –que actualmente son cerca de 100.000 pesos– por circular sin guía o con errores, que son consideradas totalmente desproporcionadas y que tienen un fin netamente recaudatorio”.
En la tercera y última tanda que compareció ante la comisión, participó Tulio Rodríguez, quien fue el vocero de la última manifestación de los autoconvocados en Montevideo, la semana pasada. En su intervención, Rodríguez también se refirió al costo de la guía que figura en la normativa vigente. “Mucha gente dice que es un valor mínimo, de unos 80 pesos más o menos, pero si son alrededor de 4.380 guías por día –un número relativamente bajo, muy ficticio–, la cuenta suma 128 millones de pesos al año. O sea que hay un gran dinero en juego que sale de parte del transporte”, afirmó. “Nos han estado recalcando que la guía no tiene precio, pero en el decreto está escrito y todavía no tiene correcciones”, agregó.
Rodríguez estimó que el llenado de la guía conlleva “alrededor de 15 minutos”, es decir, “mucho tiempo”. Apuntó, además, que en algunos departamentos del país hay “mucha falta de conectividad y muchos problemas con la tecnología”, además de que, en algunos casos, hay camioneros que “desconocen el uso de la tecnología” y “a veces hasta se complican para mandar una ubicación”. “El chofer es chofer y no es administrativo”, resumió.
En otro pasaje de la sesión, Rodríguez informó que en este momento “el paro del transporte es parcial”. “Estamos en cuarto intermedio, en asamblea permanente y precisamos una respuesta lo más pronto posible, porque, de lo contrario, tendremos que continuar parando porque lamentablemente nos estamos fundiendo día a día y se está terminando el transporte”, expresó.
