Este miércoles, el ministro de Educación y Cultura José Carlos Mahía visitó Informativo de cierre de la diaria Radio, donde hizo declaraciones sobre la elección de un nuevo fiscal de Corte, en reemplazo de Mónica Ferrero, que se desempeña como subrogante hace dos años.
La designación del nuevo fiscal requiere de mayorías especiales en el Parlamento, lo que implica que el oficialismo debe negociar con la oposición, pero aún no hay avances. Si bien los partidos Nacional y Colorado solicitaron al gobierno que designe a Ferrero como fiscal de Corte titular el año pasado, esto no ocurrió y el tema quedó estancado. Esta semana, sin embargo, surgió una propuesta desde la Vertiente Artiguista del Frente Amplio que busca explorar un nuevo acercamiento, por lo que la discusión volvió a cobrar fuerza en la agenda pública.
Mahía consideró que el problema para designar a un nuevo fiscal de Corte titular no es nuevo, si bien reconoció las dificultades para destrabarlo en esta ocasión. Dijo que, en el caso de los órganos del Estado que requieren mayorías especiales, “cuesta llegar a acuerdos”, e incluso recordó que el diferendo “viene de antes”, cuando el hoy prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, abandonó su cargo y dejó su lugar al exfiscal Juan Gómez, que precedió a Ferrero, también como subrogante. “Es muy complejo llegar a acuerdos en esa materia: entiendo que es un deber del sistema político en su conjunto encontrar los acuerdos. Asumo la cuotaparte del gobierno, también veo la de la oposición”, elaboró.
Asimismo, algunas de las actuaciones de Ferrero fueron cuestionadas ante el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) por actores del sistema judicial. El año pasado, la fiscal subrogante dispuso una sanción de 15 días sobre la fiscal letrada adscripta Gabriela Aguirre, bajo el entendido de que ejercía la profesión de manera liberal –algo que no está permitido–, con base en un pedido de información a la Caja de Profesionales que cursó el año pasado. Sin embargo, según informó El Observador, la falta fue revocada por la cartera tras un recurso impuesto por Aguirre.
Mahía repasó la resolución que emitió el MEC y recordó que el documento establece las razones que llevaron a determinar la ilegitimidad de la sanción, que obedecen, por una parte, a “un error o inexistencia en los motivos del acto”, dado que la Fiscalía no probó que Aguirre violó la incompatibilidad con el ejercicio liberal de la profesión. Por otra parte, apuntó que, dado que no se probó la omisión, hubo “un error en la tipificación de la falta”. “Esos son los fundamentos; son absolutamente técnicos y jurídicos, y por eso nosotros nos pronunciamos al respecto”, sentenció.
Ferrero también había impulsado un procedimiento disciplinario contra la fiscal de Atlántida de 2° turno, Stella Alciaturi, por una serie de publicaciones en redes sociales que involucran figuras del Partido Nacional, luego de un sumario por su actuación en el caso que llevó adelante contra el intendente de Soriano Guillermo Besozzi algo que también derivó en una sanción de 15 días que está siendo recurrida ante el MEC. Con respecto a este caso, Mahía recordó que aún no existe un pronunciamiento de parte de la cartera.
La fiscal subrogante es, además, quien decidió trasladar al fiscal especializado en Delitos Económicos Alejandro Machado a la Fiscalía Especializada en Cibercrimen mientras llevaba adelante dos investigaciones que remiten a hechos acaecidos durante el gobierno del expresidente Luis Lacalle Pou: el caso del pasaporte que recibió el narcotraficante Sebastián Marset y la destrucción de documentación pública, así como la compra de dos patrullas oceánicas al astillero español Cardama.
Si bien optó por no brindar una valoración al ser consultado al respecto, Mahía señaló que durante el gobierno pasado, mientras el expresidente Luis Lacalle Pou era investigado por el caso Astesiano, luego de que la fiscal Gabriela Fossati solicitara abandonar la investigación frente a cuestionamientos por su actuación, este dijo que correspondía mantenerla en el caso. “A mí me tocó escuchar a quien era el presidente entonces, el doctor Lacalle Pou, decir que si una causa empezaba con un fiscal, tenía que terminar con el mismo fiscal. Y era el presidente de Uruguay. Y me generó algún grado de preocupación en ese momento”, apuntó.
Resultados de las encuestas sobre aprobación al gobierno: “Es un problema en general para el sistema político”
Durante la entrevista, Mahía repasó la historia del vínculo que guarda con Yamandú Orsi. Contó que no solo ambos ingresaron al Instituto de Profesores Artigas (IPA) y luego se convirtieron en profesores de Historia en Secundaria, sino que incluso llegaron a competir por la Intendencia de Canelones. Desde ese lugar, dijo que el presidente de la República “es una persona íntegra” que cuenta con su respaldo personal y político.
Con respecto al episodio por la compra de una camioneta Hyundai que trascendió en los últimos días, el ministro de Educación y Cultura dijo comprender que, si bien el asunto derivó en opiniones políticas y públicas, algo que consideró “relevante”, dijo que “es un asunto que queda absolutamente cerrado” con las explicaciones que dio el mandatario y la decisión de donar el vehículo a la Administración Nacional de Educación Pública.
Igualmente, dijo que las encuestas son “relevantes a la hora de tener en cuenta como medición del momento” y reconoció que muestran “una valoración negativa de la política” de parte de la ciudadanía, algo que le preocupa. “Me parece que es un problema en general para el sistema político, para la democracia, y creo también que desde esa visión, uno en cada lugar intenta utilizar eso para beneficiarse o intenta entender la política como un lugar desde donde se trabaja como servidor público y se dignifica”, resumió.
“Por eso yo rechazo todo tipo de descalificación e insulto, de utilización de la mentira y la denostación del adversario o de quien piensa distinto a mí”, afirmó. “Creo que eso a la larga o a la corta, capaz que más a la larga que a la corta, es un valor que uno le puede aportar a la vida política”, expresó el ministro.
Universidad de la Educación: “Tenemos una muy buena disposición para buscar acuerdos”
En tanto, y consultado por las negociaciones parlamentarias entre oficialismo y oposición para la creación de una Universidad de la Educación (UNED), que se encuentra en tratativas en la comisión de Educación y Cultura del Senado, Mahía consideró que el proyecto “trasciende al gobierno del Frente Amplio” y “es un proyecto país”, por lo que el hecho de que su tratamiento “no va a depender solo del gobierno, sino de alcanzar las mayorías”.
En ese sentido, y consultado sobre si entiende que las dificultades se deben a la estructura del futuro organismo y la posibilidad de un cogobierno, expresó: “Yo supongo que es eso, pero he puesto sobre la mesa –lo dije públicamente, lo dije en la versión taquigráfica, oficialmente— que, efectivamente, tenemos una muy buena disposición para buscar acuerdos: ya lo hicimos con la UTEC, podemos hacerlo con esto”.
Es así que reconoció la “ventaja” que supone la preexistencia de “una red de 32 sedes donde hay formación docente” en el interior del país, lo que implica que ya están dadas ciertas condiciones edilicias y de personal. “Si tú tienes los espacios físicos, no tenés que construir edificios; si tenés los funcionarios docentes o administrativos y de servicios, si tenés estudiantes, lo que se trata es de transformar una realidad para mejorar la formación docente”, simplificó.
Consultado sobre qué es lo que el gobierno estaría dispuesto a aceptar para destrabar las negociaciones en términos de gobernanza, el ministro de Educación y Cultura apuntó a “una fórmula similar o inspirada en la UTEC, para ir a cosas concretas”. Dijo que la concreción de la UNED es algo que “se trata de voluntad política”, por lo que consideró: “Será el Frente Amplio, y será el Partido Nacional, y será el Partido Colorado los que le dirán sí o no a la posibilidad de un acuerdo entre todos para que el interior del país, y el Uruguay en su conjunto, tengan una nueva universidad pública”.
Con respecto a los plazos que maneja la cartera para concretar las gestiones, Mahía planteó que “los ritmos parlamentarios tienen la velocidad de los acuerdos y las voluntades políticas de las partes”, por lo que en este caso la responsabilidad de “determinar que este sea el año para decirle sí o no a este proyecto” recae sobre el Senado.
