La historiadora y directora del Departamento de Historia del Uruguay de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República, Magdalena Broquetas, estuvo en La mañana de la diaria para repasar los acontecimientos del 12 de junio de 1976, cuando Juan María Bordaberry dejó de ser el presidente de facto tras ser depuesto por las Fuerzas Armadas. Ese año fue un “nudo” porque el gobierno, que ya llevaba dos años y medio, al igual que otros regímenes del Cono Sur, estaba “buscando legitimarse y estabilizarse”, señaló.
Para explicar el “punto de inflexión”, la especialista apuntó que en el golpe de Estado uruguayo el mandatario “no es desplazado”, sino que, con una “escalada golpista previa”, llega a “un acuerdo con los militares” y “desde ese momento se transforma en el presidente de facto”. Además, se conforma una coalición militar junto con un elenco civil que “va a tener a su cargo la conducción del Estado”, y desde que firma el decreto Bordaberry anuncia “una revolución”.
Aunque en la interna de la coalición hay posiciones diferentes sobre varios temas, están de acuerdo en que en aquel entonces era necesario “eliminar la subversión”, y eso apunta a “las izquierdas en su amplio espectro”. Desde junio de 1973 hasta la caída de Bordaberry se produjeron cambios: “En el decreto del 27 de junio de 1973 se suspende la actividad política y en noviembre de 1973 se ilegaliza la enorme mayoría de los partidos de izquierda”, ejemplificó la historiadora.
En 1974, algunas personalidades públicas plantearon que los partidos deberían volver a funcionar, pero Bordaberry replicó que era “la hora de la Nación”, contó Broquetas.
“Sin embargo, Bordaberry había dicho que las elecciones iban a tener lugar y que, pasara lo que pasara, él no iba a prolongar su mandato más allá de noviembre de 1976”, puntualizó. Los militares le trasladaron que estaban dispuestos a que extendiera su gobierno “siempre y cuando se empezara a conversar sobre una reforma constitucional”, ya que existía “cierto consenso” en que los partidos tradicionales “se habían corrompido”.
Sin embargo, cuatro días después de su destitución, las Fuerzas Armadas publicaron documentos escritos por Bordaberry, en los que “hace un planteo de transformación institucional muy profunda” y dice que el golpe “no puede ser en vano”. “Decía, en varias oportunidades, que ‘estamos en una revolución’, y la revolución que concebía era en estos términos”, afirmó. El dictador planteaba, indicó la historiadora, que “no podían volver a funcionar los partidos” y que las Fuerzas Armadas debían “volver a ser simplemente garantes de la seguridad”. También que los poderes Legislativo y Judicial tenían “que aparecer como órganos técnicos de asesoramiento del Ejecutivo” y que la Constitución no debía someterse a plebiscito, como querían los militares, sino ser “corta, flexible y con algunas leyes fundamentales”.
“Las Fuerzas Armadas dicen ‘no, entendemos que no fueron los partidos los responsables de la crisis, sino que dentro de los partidos tradicionales hubo desviaciones personales, hubo politiquería, hubo demagogia, pero eso no quiere decir que con una correcta depuración no se pueda volver al funcionamiento partidario. Nosotros no queremos tener la responsabilidad histórica de suprimir los partidos tradicionales’”, reconstruyó la historiadora.
Al margen de lo anterior, de 1972 en adelante, el sistema de represión fue “casi un bloque” y “no varió” de “un concepto de guerra permanente”, por lo que “no diría que tuvo un salto entre 1976 y 1980, porque ya teníamos tortura masiva, secuestros, desapariciones y asesinatos”. Lo que sí ocurre en ese período es la “transnacionalización” de la represión, que “pega un salto sustancial”, sobre todo con operaciones en Argentina.
“Ordenar los tantos”
Las consecuencias de la represión siguen presentes en la actualidad. Broquetas publicó un artículo en la sección Posturas de la diaria el 2 de junio, en la que cuestiona lo que entiende como mentiras y relatos falsos.
Explicó que su escrito responde a que en las últimas semanas hubo “una especie de embestida de dichos que relativizaban, banalizaban y en algún sentido negaban cuestiones que tienen que ver con la represión en dictadura”. Entre ellos, citó un conversatorio en el que participaron los expresidentes Luis Alberto Lacalle Herrera y Julio María Sanguinetti, y la senadora blanca Graciela Bianchi, así como comentarios de su correligionario, el senador Sergio Botana, en televisión.
“Parecía un poco mucho, porque allí no solo se estaban diciendo cuestiones que no eran ciertas, sino generando un clima que no contribuye en lo más mínimo a lo que puede ser un debate sobre el pasado reciente, una apertura de la memoria, necesaria en este momento, cuando todavía estos temas no están cerrados”, dijo, y puso como ejemplo el procesamiento de tres militares por la desaparición forzada de Luis Eduardo Chiqui González, este martes.
Otra preocupación radica en los “ataques” a la Justicia y a la Fiscalía, a pesar de que a partir de 2005, y con muchas dificultades, “empezó a resquebrajarse esa impunidad” y los juicios se realizaron “con todas las garantías”, por lo que “decir que la Justicia está ideologizada, decir que los historiadores profesionales tenemos sesgos y decir que a los familiares que están denunciando estos crímenes –con muchas dificultades– desde hace 50 años los ‘mueve el odio’, me parece que realmente es demasiado”, listó.
Llamó a debatir “con un piso mínimo de verdad” y a “ordenar los tantos”. En ese sentido, repudió que se haya puesto en duda la desaparición de niños en la dictadura, algo que escuchó “de muchos actores políticos, no solo del Partido Colorado y el Partido Nacional”; o que “los desaparecidos en Uruguay son apenas 30”, cuando en realidad “la coordinación represiva suponía que había carta libre para que las fuerzas de seguridad uruguayas actuaran en otros territorios”.
