El miércoles vencerá la intervención –sin desplazamiento de autoridades– del Casmu, dispuesta en el gobierno anterior y prorrogada por última vez en julio del año pasado. Por lo tanto, el martes vencerá el plazo para que el Poder Legislativo se expida sobre el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo, que extiende la intervención en la mutualista.
El viernes, la Cámara de Senadores resolvió darle un tratamiento “grave y urgente” a la iniciativa, y está previsto que este lunes las autoridades de los ministerios de Economía y Finanzas (MEF) y de Salud Pública (MSP) comparezcan ante la Comisión de Hacienda integrada con Salud Pública para informar al detalle sobre el proyecto. Para agilizar el tratamiento parlamentario fueron invitados a la comisión los miembros de las comisiones de Hacienda y de Salud Pública de la Cámara de Diputados. Se prevé que el proyecto se vote este mismo lunes en la cámara baja y el martes en el Senado.
Según se señala en la exposición de motivos del proyecto, el 17 de julio, el Casmu le solicitó al gobierno un nuevo acceso al régimen del Fondo de Garantía para la Reestructuración de Pasivos de las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva –creado por la Ley 18.439–, por una suma de hasta 742.543.719 unidades indexadas, lo que equivale a unos 122 millones de dólares. El proyecto dispone el acceso a ese fondo “con el objetivo de asegurar la continuidad asistencial del prestador, sujeto a la aprobación de los planes de reestructura correspondientes”.
En diálogo con la diaria, el diputado frenteamplista Federico Preve aclaró que la iniciativa, en realidad, amplía el acceso al Fondo de Garantía. “No son 120 millones de nuevo, sino que es la reestructuración de los préstamos anteriores”, señaló. Indicó que, de esos 122 millones de dólares, “la ampliación sería solamente un 20%”, es decir, unos 24 millones de dólares.
A mediados de 2024, el Parlamento aprobó otorgarle al Casmu un acceso al Fondo de Garantía por 54 millones de dólares. En esa oportunidad, la entonces diputada frenteamplista Lucía Etcheverry apuntó que el Casmu ya había solicitado en “cinco oportunidades” acceder al fondo creado por la Ley 18.439, por un total de 121 millones de dólares.
El proyecto también faculta al Poder Ejecutivo a extender, por hasta dos años adicionales, la intervención y establece una serie de modificaciones a la Ley 18.439, que “apuntan a generar un marco que favorezca un mejor diseño y ejecución de los planes de reestructura” de la mutualista, mediante “la incorporación de requisitos de gobernanza para el acceso al Fondo de Garantía”.
En la oposición están dispuestos a votar la prórroga
La premura en el tratamiento del proyecto es cuestionada desde la oposición. El senador colorado Robert Silva sostuvo en una rueda de prensa que, “desde que se aprobó la ley en abril de 2025, se sabía que el 29 de julio de 2026 vence todo lo relativo a la intervención”. En ese sentido, sostuvo que el Parlamento “no puede resolver sin tener información, sin tener argumentos y sin saber de qué se trata”, sobre todo, cuando se disponen “decenas de millones de dólares a futuro con el Fondo de Garantía”.
En la Cámara de Diputados, el oficialismo necesita dos votos de la oposición para poder aprobar el proyecto. En diálogo con la diaria, el diputado nacionalista Federico Casaretto afirmó que están dispuestos “a levantar las manos para que la prórroga, por un año, en principio, continúe”. “Nosotros entendemos que amerita que siga la intervención, [porque] no se han solucionado los problemas como para que el Estado deje de intervenir”, manifestó. No obstante, planteó algunos reparos sobre la propuesta de extender el plazo por dos años. “Cada año, nosotros [el Parlamento] tenemos la posibilidad de ver qué es lo que se ha hecho; acá van a pasar dos años sin que sepamos lo que se ha hecho”, apuntó.
Preve señaló que, después de dos años de intervención, “las autoridades se percataron de que el equilibrio económico-financiero del Casmu es más de mediano plazo que de corto plazo”, lo cual hace que “se requiera una intervención más prolongada, un control interno dentro de la institución más largo”.
El diputado nacionalista José Luis Satdjian, quien en el período pasado se desempeñó como subsecretario del MSP, dijo a la diaria que la propuesta de la prórroga es el punto del proyecto en el que “podríamos llegar a avanzar más rápidamente”. “Para el resto de los artículos tendríamos que profundizar el análisis y ver con los ministros, y quizás alguna otra delegación también, para luego decidir cuál va a ser la postura”, remarcó.
Casaretto afirmó que, “con el apuro de la prórroga, te meten todo el tema del fondo”, cuando “son dos cosas diferentes, y eso es de lo que queremos hablar el lunes”, en referencia a la comparecencia de las autoridades del Poder Ejecutivo. Señaló que aún no se conoce el plan de reestructura al que se supeditan los recursos solicitados y adelantó algunas de las preguntas que la oposición formulará en la comisión: “¿Cuál es el plan financiero del Casmu a futuro? Cuando el Estado se haga cargo, si es que se hace cargo de este Fondo de Garantía, ¿solo pone el Estado? ¿Los prestamistas del Casmu no van a rebajar sus intereses? ¿Los médicos capitalizadores no van a aportar nada del porcentaje de su sueldo?”.
“Evidentemente, si vienen a pedir una garantía al Estado es porque nadie les presta plata. Entonces, la garantía la tenemos que dar cuidando que esa plata después no la pierda el Estado”, señaló el diputado nacionalista.
Oficialismo defiende que haya mayores controles
Preve destacó dos “puntos medulares” del proyecto que contribuyen a que haya un “control mayor” sobre las instituciones de salud que acceden al Fondo de Garantía. Por un lado, que se condiciona el acceso al mecanismo financiero a un plan de reestructura definido entre el MSP, el MEF y el Casmu, algo que “en 2024 no se hizo”. Por otro, que se establece el derecho de no objeción, una “condición muy importante”, ya que “había personas gestionando particularmente esta institución que no estaban capacitadas para hacerlo”.
El diputado frenteamplista explicó que, bajo el mecanismo de no objeción, si las autoridades de la mutualista “no están capacitadas para gerenciar una empresa, se puede objetar y no pueden asumir esa responsabilidad”. Mencionó que, en el sector financiero, “el Banco Central funciona como una superintendencia y puede objetarles gerentes o autoridades a los bancos privados si no están adecuados para esa función”.
Casaretto advirtió que el mecanismo de no objeción podría “terminar con que el Estado termine digitando los nombres de quienes dirigen la institución”. Pero Preve señaló que “simplemente es un poder de veto a personas”, mientras que “los que van a proponer siempre son los jerarcas de la institución”. “Nosotros queremos poner las condiciones para que haya gente con capacidad de gestión y que haya un plan de reestructura firmado, no que después se pongan de acuerdo”, afirmó el diputado frenteamplista.