La Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados recibió este martes a representantes de los ministerios de Defensa Nacional (MDN) y de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), quienes informaron a los legisladores que el Poder Ejecutivo presentará un proyecto de ley para crear un registro de personas prófugas que perciben pasividades en el exterior.
Semanas atrás, el semanario Búsqueda informó que la titular del MDN, Sandra Lazo, señaló en un informe sobre el pago de jubilaciones a militares que el gobierno había comenzado a trabajar en un proyecto de ley para suspender el pago a “toda persona, no solo militares, que se encontrara requerida por la Justicia y no se hubiera presentado ante la misma o no se hubiera logrado aún su captura”. La redacción del proyecto, según supo la diaria, quedó a cargo del MTSS.
En ese informe, Lazo apuntó que el objetivo es arribar a un proyecto que “laude definitivamente la situación”, para que no se reiteren casos como el del coronel retirado Eduardo Ferro –condenado en 2023 por la desaparición forzada del militante comunista Óscar Tassino en 1977–, quien en 2022 demandó al MDN por la suspensión del cobro de haberes y la Justicia ordenó que se les reintegraran.
La Comisión de Defensa de la cámara baja ya tiene a estudio una iniciativa similar, que fue desarchivada en junio del año pasado, pero que abarca únicamente a militares retirados residentes fuera del país. El proyecto fue presentado en diciembre de 2020 por los diputados frenteamplistas Carlos Rodríguez y Gerardo Núñez, junto con el nacionalista Gabriel Gianoli, a raíz del caso del militar prófugo de la Justicia de Uruguay y de Italia, Pedro Mato Narbondo, quien realizó el trámite de fe de vida en el consulado uruguayo de Santana do Livramento para cobrar su jubilación.
Este proyecto establece que el Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas se encargará de actualizar el registro, el cual “almacenará y sistematizará la información de los pasivos militares que residen en el exterior consignando: nombre completo, documento de identidad, grado, lugar de residencia, correo electrónico, número telefónico, fecha en la que se acredita la fe de vida”. A su vez, se dispone que el MDN deberá proporcionar anualmente al Poder Legislativo, al inicio de cada período legislativo, “un informe del número de retirados militares en el exterior”.
Luego de la comparecencia de las autoridades, si bien no se descartó continuar con el tratamiento del proyecto, la Comisión de Defensa quedó a la espera de la presentación del proyecto del Poder Ejecutivo, que se evalúa como sensato, según supo la diaria.
Gianoli dijo a la diaria que “la aspiración es llegar a los civiles” para que “todo aquel que tenga una prestación en la seguridad social y esté prófugo de la Justicia, a la hora de acreditar el registro para poder cobrar, se activen” los protocolos correspondientes. En ese sentido, el proyecto desarchivado en la actual legislatura establece que, ante la identificación de un militar prófugo, se dé cuenta a “las autoridades competentes”, incluida la Interpol.
Por otra parte, la propuesta del Poder Ejecutivo implicaría una coordinación con todas las cajas de jubilaciones y pensiones, aunque este martes las autoridades no dieron mayores detalles de cómo se daría esto.
El diputado frenteamplista Aníbal Méndez dijo a la diaria que las autoridades consideraron que la iniciativa en la que están trabajando es “más abarcativa”, ya que no se limita a los militares, y también “más duradera”, dado que los casos de efectivos prófugos –actualmente vinculados a causas relacionadas con la dictadura cívico-militar– eventualmente cesarán, ya sea por el fallecimiento o el encarcelamiento de los involucrados. El nuevo proyecto “puede ser en el futuro para militares y civiles”, por lo que “la comisión entendió que va a esperarlo”, señaló el legislador.
Recientemente, el MDN suspendió el cobro de las jubilaciones a cuatro militares que actualmente se encuentran prófugos de la Justicia, entre ellos, el aviador retirado de la Fuerza Aérea Uruguaya Roberto Freddy Amorín Maciel, quien recibió una fe de vida en el consulado uruguayo en Miami, en febrero de este año.
En ese marco, el senador del Frente Amplio Óscar Andrade presentó un proyecto de ley para suspender el cobro de las jubilaciones a los militares que hayan sido citados por la Justicia y estén prófugos, así como también de quienes tengan una orden de detención nacional o internacional vigente.
