La Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de Diputados dio este miércoles el puntapié inicial al tratamiento parlamentario del proyecto de Rendición de Cuentas correspondiente al ejercicio de 2025, que el Poder Ejecutivo remitió hace ocho días. El equipo económico liderado por el ministro Gabriel Oddone y las autoridades de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, encabezadas por el director Rodrigo Arim, inauguraron el trabajo de la cámara baja, donde el oficialismo requiere dos votos de la oposición para la aprobación del proyecto. La Coalición Republicana, que había definido esperar esta instancia para manifestar una postura en común sobre el proyecto, se reunirá este jueves para definirla.
Luego de casi 12 horas de sesión, Oddone dio una conferencia de prensa, junto a Arim; el subsecretario de Economía, Martín Vallcorba; la contadora general de la Nación, Adriana Arosteguiberry; y la presidenta de la comisión, la diputada frenteamplista Sylvia Ibarguren.
El ministro afirmó que destinó “una buena parte” de su intervención a “explicar que los errores de proyección o los desvíos de proyección [de crecimiento] son algo habitual”. Este ha sido uno de los principales cuestionamientos al proyecto del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) por parte de la oposición. El diputado del Partido Nacional (PN) Pablo Abdala, en rueda de prensa mientras transcurría la comisión, aseveró que “el plan económico del gobierno fracasó”, en tanto “el país no creció a las tasas ni en los niveles que el Poder Ejecutivo proyectó”.
El MEF defendió que el “desvío de proyección del primer año fue menor que en administraciones anteriores”. Oddone señaló que, a pesar de que la recaudación fue 0,4 puntos porcentuales inferior a lo previsto, se cumplió con las metas fiscales porque se realizó “una corrección en materia de gastos exactamente del mismo calibre para evitar que hubiera un desvío fiscal”.
En rueda de prensa, el diputado del PN Sebastián Andujar reclamó al equipo económico un “plan B” en caso de que vuelva “a fallar” la proyección de crecimiento y no se recaude lo previsto. “Si no tenemos los recursos, ¿qué va a pasar? ¿Fracasan las políticas sociales o hay un plan B?”, cuestionó. El ministro explicó que el proyecto, en el anexo 2, detalla “escenarios alternativos macroeconómicos simulados en función de menor crecimiento, diferentes tasas de inflación”, para prever “cuál sería el escenario macroeconómico que se confirmaría si las predicciones del gobierno no se ajustan a lo que estamos diciendo”.
De cara al análisis que realizará este jueves, Abdala reconoció que el punto de partida “no es auspicioso”. Señaló que, a la hora de definir su postura, se tomará “en cuenta la información objetiva, pero hay consideraciones políticas también”. Andújar sostuvo que, al tratarse de una Rendición de Cuentas, se evaluará “el desempeño del gobierno” y no solo “lo que viene para adelante”. A su vez, apuntó que “tampoco somos ajenos a la evaluación que está haciendo la sociedad” de la gestión de gobierno.
Las transferencias a la primera infancia
La Rendición de Cuentas establece un aumento del gasto de aproximadamente 121 millones de dólares para el período 2027-2029, con un incremento progresivo año a año focalizado en las áreas prioritarias para el gobierno: pobreza infantil, educación, seguridad y la atención a las personas en situación de calle. En cuanto a los ingresos, prevé un incremento basado en la modificación a la exoneración tributaria de los vehículos eléctricos y la actualización de las estimaciones de rendimiento de las medidas tributarias aprobadas en el presupuesto nacional.
Si bien se manifestaron a favor de los incrementos para la asistencia a la infancia, los diputados de la oposición advirtieron sobre el origen de esos recursos. “Queremos saber qué programas se recortaron, y si se recortaron porque no son eficientes, o se recortaron solo por la voluntad de los ministros”, apuntó Andújar. Abdala señaló que no se trata de “un mero ajuste presupuestal”: “Estamos hablando de decenas de programas que se recortan o que se eliminan para redireccionar esos recursos”. A modo de ejemplo, señaló que “para crear los 300 cargos de agente del Ministerio del Interior, se eliminan 388 cargos” en el Estado, con excepción de militares, personal de la educación y diplomático.
Andújar consideró “ambicioso” e “irresponsable” proyectar que el aumento de las transferencias impactará en una reducción del 25% de la pobreza entre los niños de 0 a 3 años. “Nos falta mucho más Estado en el territorio para saber realmente qué efecto tienen las medidas que se toman”, dijo. Oddone indicó que la unificación del sistema de transferencias “está fuertemente focalizada” en mejorar la gestión de los recursos que se vuelcan a esa población. Arim destacó que, en 2027, “más de 50.000 niños van a ser beneficiarios directos de esta política”, cuyo impacto alcanzará a más de 200.000 personas que integran esos hogares. Al final del período, con la expansión de la política, “vamos a llegar a más de 90.000 niños y a más de 350.000 personas”, señaló.
Las autoridades respondieron “la mayoría” de las preguntas de los diputados, señaló Oddone. Las restantes serán contestadas en los próximos días y durante la comparecencia del Ministerio de Economía y Finanzas. Entre los temas que quedaron pendientes, Oddone mencionó algunos que son competencia del Banco Central, como los aspectos vinculados al proceso de desdolarización que impulsa la institución y un artículo de la rendición “relacionado con modificaciones que podrían afectar al secreto bancario”. También quedó pendiente una respuesta sobre los resultados de la mesa de trabajo con las administradoras de fondos de ahorro previsional.
La visión del Consejo Fiscal Autónomo
El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) –órgano técnico e independiente del MEF– publicó el martes un informe sobre la evolución de la situación fiscal al presentarse la rendición.
El CFA señaló que, a pesar de la revisión a la baja de la proyección de crecimiento, “existe la preocupación” de que en 2026 se repitan “los riesgos de sobreestimación en las proyecciones de crecimiento del PIB” que “se materializaron en 2025 y finalmente condujeron a una reducción del gasto realizado”. En torno a las nuevas estimaciones sobre las medidas tributarias, el CFA advirtió que el equipo económico no explicitó cuáles son “los impuestos involucrados ni los factores que explican dichas revisiones”. “El CFA no conoce en detalle las estimaciones originales ni las estimaciones corregidas”, indicó.
Oddone explicó que cuando se estimó la recaudación de los impuestos “lo hicimos con la información que estaba disponible antes de agosto de 2025”. Para la rendición, con la información de cierre de 2025 que maneja la Dirección General Impositiva, se realizaron reestimaciones que indican que la recaudación, en particular del impuesto mínimo global, “va a ser levemente superior”. De hecho, señaló: “Calibramos los aumentos de Imesi [impuesto específico interno] en vehículos eléctricos precisamente para lograr financiar lo que nos faltaba. Porque la decisión de gravar a los autos eléctricos estaba tomada por razones no tributarias, sino de fondo, como habíamos explicitado en el presupuesto nacional”. De esa forma, “a pesar de que gastamos más, vamos a cumplir las metas”, remarcó.
Por otro lado, el consejo identificó riesgos sobre la consolidación fiscal para 2027-2029, ya que las medidas previstas –innovaciones tributarias y mejoras en la eficiencia recaudatoria– “conllevan el riesgo de que su rendimiento efectivo resulte inferior al previsto”. La relevancia de dicho riesgo aumentó en el escenario macroeconómico que “se ha tornado menos favorable”, sostuvo el CFA. Bajo un contexto de menor crecimiento, “si el rendimiento efectivo de las medidas de incremento de la recaudación resultara inferior al previsto, sería necesario adoptar medidas compensatorias de mayor magnitud que las que hubieran sido requeridas bajo el escenario originalmente considerado en la Ley de Presupuesto”, explicó el consejo.
En ese marco, el CFA no descartó “la aparición de fenómenos de fatiga fiscal” a medida que “aumenten las presiones para ejecutar partidas presupuestales previamente aprobadas y surjan nuevas demandas de gasto”.
