Menos de un día tardaron los legisladores de la Coalición Republicana en reunirse para acordar que definirán una postura común frente al proyecto de ley de Rendición de Cuentas que el Poder Ejecutivo remitió este martes al Parlamento. La coalición resolvió esperar la comparecencia del equipo económico ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la cámara baja –el miércoles 8 de julio– para manifestar una postura respecto a si acompañará o no la votación en general del proyecto, aunque ya se adelantan interrogantes sobre el mensaje del gobierno.
“Estamos conversando, estamos analizando, estamos haciendo evaluaciones, y creo que es lógico escuchar al equipo económico”, dijo a la diaria el diputado del Partido Nacional (PN) Sebastián Andújar. Pablo Abdala, de la misma bancada, señaló a este medio que “está claro que en el punto de partida no tenemos mayores diferencias”, por lo que “no será difícil construir un mismo temperamento ante el proyecto de Rendición de Cuentas”. La coalición también acordó aceitar la coordinación entre las bancadas de Diputados de los tres partidos –PN, Partido Colorado (PC) y Partido Independiente–, como también la coordinación entre diputados y senadores.
“La pregunta que tiene que contestar la Coalición Republicana después de escuchar al ministro [de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone] es: ¿aprueba o no aprueba la gestión económica de este gobierno del primer año?”, sostuvo en rueda de prensa el senador del PC Andrés Ojeda. Abdala sostuvo que el “punto de partida” del análisis es que “el plan económico notoriamente se ha derrumbado”, en tanto las proyecciones de crecimiento expresadas en el presupuesto quinquenal “quedaron desvirtuadas”. En ese sentido, consideró que la rendición “tiene una dosis de inconsistencia indudable” porque, “sobre la base de un menor crecimiento que el propio gobierno reconoce, se confirman las metas fiscales”.
En diálogo con la diaria, el diputado colorado Conrado Rodríguez consideró que “las señales del equipo económico han sido muy contradictorias”, porque meses atrás se había anticipado que sería una Rendición de Cuentas donde no habría “incremento presupuestal”. En ese marco, adelantó que la evaluación sobre la rendición abarcará “el aumento del gasto y también la fuente de financiamiento”.
El gobierno fundamentó los incrementos adicionales con base en dos fuentes de financiamiento: reasignaciones presupuestales por un valor de 1.837 millones de pesos –de los cuales 975 se vuelven permanentes a partir de 2028– y mayores ingresos provenientes de “una disminución del gasto tributario vinculado a la compra de vehículos eléctricos e híbridos y nuevas estimaciones de las medidas tributarias aprobadas en el Presupuesto Nacional”. Respecto a las nuevas estimaciones, Rodríguez reconoció que “caben muchas dudas” y “hay que analizar si efectivamente esto va a ser así”.
“Queremos analizar bien cuáles son las eventuales economías generadas y reasignaciones que, por un lado, atienden esa falta de recursos que tenían previsto tener y que no van a tener; por otro lado, atienden y consideran ese incremento de 31 millones de dólares, porque nos preocupan muchísimo las cuentas públicas actuales y futuras”, dijo a la diaria el senador colorado Robert Silva, que también apuntó a evaluar el destino de las reasignaciones.
Por otro lado, en cuanto a la reducción de gastos de la administración –por ejemplo, los viáticos–, Silva consideró que “el gobierno evidenció una situación que se había extralimitado” y está “bien que se ponga un poco de coto a eso, porque la situación de estancamiento del país, de disminución de la inversión, de crecimiento que no llega al esperado, lo amerita”.
Transferencias y condicionalidades
La rendición prevé recursos adicionales por 1.257 millones de pesos para transferencias a la primera infancia, además de la unificación del sistema. Abdala afirmó que “la crítica no pasa por el aumento de las transferencias, que seguramente no nos vamos a oponer a eso”, pero advierten que “al gobierno le sigue faltando un plan”. “Le sigue faltando una estrategia superadora de la pobreza estructural, que no es solo asignar recursos o incrementar las asistencias”, señaló. Silva sostuvo que “se recibe bien” el incremento, en tanto se mantenga el “direccionamiento” de recursos “a la adquisición y a la compra de determinados bienes”.
Abdala también marcó su “discrepancia” con la “eliminación casi total de las condicionalidades”. En el proyecto, el Poder Ejecutivo redujo la suspensión del pago por la no concurrencia de menores a la educación o a controles de salud al 20% de la prestación. El subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas, Martín Vallcorba, en una entrevista con la diaria el sábado, explicó que, al unificarse prestaciones que eran condicionadas con otras que no, la condicionalidad no la abarcará en su totalidad. “Generamos un sistema que es unificado y, por lo tanto, se va a mantener la condicionalidad, pero no va a alcanzar el 100%”, señaló.
Rodríguez consideró que “el condicionamiento tiene que estar”. Dijo que se analizará en las bancadas de la oposición “si, en definitiva, se reclama que la condicionalidad sea total o no”. El Diálogo Social había recomendado eliminar las condicionalidades. Para Rodríguez, al no hacerlo, el gobierno reconoce que “era importante que las condicionalidades se mantuvieran”, “aunque lo hace de manera atenuada”. Silva afirmó que las condicionalidades “tienen que estar y no puede haber una afectación”, más aún “si va a haber un incremento en las asignaciones”. Apuntó a “ver qué dice el gobierno, cómo lo explica”, pero aseguró que “no podemos ceder un ápice en eso”.
Imesi a los eléctricos “es un aumento impositivo”
Por otro lado, los legisladores consideraron que la modificación por decreto a las exoneraciones impositivas de los autos eléctricos se trata de un aumento impositivo. “Si tú quitas una exoneración, es un aumento impositivo”, dijo Rodríguez, y señaló que se tendrá que analizar “si efectivamente eso se traduce en la recaudación que dice el Ministerio de Economía y Finanzas, porque esto puede llegar a producir el desalentar la compra de este tipo de vehículos”.
Los vehículos eléctricos o híbridos cuyo valor “en aduana en ocasión de la importación” no supere los 19.000 dólares seguirán exonerados de Imesi. En cambio, aquellos de entre 19.000 dólares y 27.000 dólares serán gravados con un 5% de Imesi, y los que superen los 27.000 dólares, con un 9% de impuesto específico interno (Imesi). En rueda de prensa, la ministra de Industria, Fernanda Cardona, que había discrepado con Oddone por la postura de gravar a los eléctricos, señaló que la gradualidad responde a que “hay un segmento de la población que tenemos que realmente seguir acompañando” con la exoneración.
En rueda de prensa, el senador del PN Sebastián da Silva cuestionó que “es la patética obsesión que tiene el Frente Amplio en seguir exprimiendo a la clase media uruguaya”. La Asociación del Comercio Automotor del Uruguay (ACAU) se expresó en contra de la medida y exhortó al gobierno a reconsiderarla. ACAU cuestionó “la rapidez” con la que se impulsó y afirmó que “quienes terminarán soportando el impacto de estas decisiones serán los ciudadanos”.