La asociación Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos se reunió este miércoles en la Torre Ejecutiva con el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, y la flamante titular de la Secretaría de Derechos Humanos, Iliana da Silva. Da Silva asumió el cargo en julio, luego de que el Poder Ejecutivo resolviera unificar las secretarías de Derechos Humanos y de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, al mismo tiempo que cesó a Collette Spinetti como titular de la primera secretaría y le ofreció a Alejandra Casablanca, titular de la segunda, asesorar a Da Silva.
Los motivos detrás del cambio fueron “razones de mejor servicio y la búsqueda de una mejor gestión”, según explicó Díaz en su momento, y así se lo transmitió a Madres y Familiares este miércoles en la reunión, señaló a la diaria Javier Tassino, integrante del colectivo. La asociación había manifestado su preocupación por “la señal política” de la reorganización de las secretarías. “Lo que falta es la decisión política necesaria para avanzar efectivamente en materia de verdad y justicia”, afirmó el colectivo en un comunicado.
Tassino explicó que Casablanca “había ordenado la situación y estaba en camino a que le dieran presupuesto en algunas cosas para poner en movimiento todo lo que había hecho”. En ese sentido, consideró que los “cambios son complejos”. “Se puede cambiar la forma, se puede tratar de mejorar la situación, cambiamos a uno, cambiamos a otro, traemos acá, pero hay que transitar por los caminos que nos den resultado”, expresó.
En la reunión, las autoridades les “pidieron un tiempo” para reorganizarse. “Les vamos a dar tiempo, a ver qué es lo que pasa, cómo puede mejorar la situación”, señaló Tassino. Con respecto a Da Silva, dijo que “ella podrá hacer muchas cosas, pero si no hay respuesta de las cosas esenciales, seguiremos en la misma”.
Madres y Familiares reiteró los pedidos que ha hecho al gobierno desde el comienzo de la administración, entre ellos, que se ordene a las Fuerzas Armadas entregar la información sobre los desaparecidos durante la dictadura cívico-militar, que se suspenda el cobro de las jubilaciones en el exterior a los militares prófugos y que se cumpla en su totalidad con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tassino señaló que “una de las penas que ha dado la Corte es mayor información, más trabajo con la gente y, a su vez, educar a las Fuerzas Armadas”.
La modificación del artículo del CPP sobre la libertad anticipada
Un día antes de la reunión en la Torre Ejecutiva, los integrantes de Madres y Familiares Elena Zaffaroni, Silvia Bellizzi, Evana Ortiz e Ignacio Errandonea concurrieron a la Comisión de Constitución del Senado para plantear sus reparos con el proyecto de ley de reforma del Código del Proceso Penal (CPP), elaborado por el Poder Ejecutivo. Originalmente, la iniciativa habilitaba el pedido de libertad anticipada para personas condenadas por delitos de lesa humanidad; sin embargo, ante el reclamo de las organizaciones, el Poder Ejecutivo resolvió que se retirara ese artículo en cuestión.
El cambio del articulado se hará en el trabajo en comisión, que aún debe encontrar una “modificación normativa que saque esos delitos, pero permita la libertad anticipada en otros”, explicó la senadora frenteamplista Constanza Moreira en rueda de prensa.
En la comisión, los senadores le solicitaron a Madres y Familiares que, de ser posible, presente un texto sustitutivo para este artículo de la reforma. Moreira señaló que el punto es “encontrar una redacción que efectivamente extirpe el numeral H [del artículo 301], pero permita mantener el instituto de la libertad anticipada, que, al igual que el instituto de la suspensión condicional del proceso, son institutos importantes en el proceso penal”.
Según consta en la versión taquigráfica de la sesión, a la que accedió la diaria, durante la sesión Errandonea dijo que “lo que debe quedar claro es que estos delitos cometidos por agentes del Estado –o con la aquiescencia del Estado– durante el período del terrorismo de Estado no están comprendidos en las causales para el otorgamiento de la libertad anticipada”. El integrante de Madres y Familiares recordó que la jurisprudencia internacional “plantea que las condenas por delitos de lesa humanidad deben cumplirse y que las legislaciones nacionales no deben buscar mitigar el cumplimiento de la pena”. “La legislación debe sentar esos precedentes, los precedentes de que la sociedad uruguaya y la sociedad internacional no aceptan que se cometan esos delitos”, señaló.
El senador frenteamplista Nicolás Viera, en tanto, apuntó que el planteo de Madres y Familiares introdujo un “par de conceptos que no son menores a la hora de generar la excepción”. “Creo que una definición que exceptúe de la prisión domiciliaria a quienes cometieron delitos de lesa humanidad en el marco del terrorismo de Estado debe estar muy bien especificada en el marco legal, porque si hablamos de delitos de lesa humanidad, a cualquiera se le viene a la mente el año 1973 en adelante, pero hay crímenes que fueron cometidos en el marco del terrorismo de Estado que anteceden el 27 de junio de 1973”, apuntó.
