Juan Miguel Petit, el director más nuevo de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), asumió la conducción del organismo el 1° de setiembre. La directora Mariana Mota le traspasó la presidencia el 28 de agosto en Maldonado, el día en que se realizó la 15ª Asamblea de Derechos Humanos, que estuvo marcada por el cruce entre las organizaciones sociales y Marcos Israel, otro de los directores, en torno al grupo de trabajo sobre antisemitismo que creó la INDDHH.
En entrevista con la diaria, Petit habló sobre los diversos grupos de trabajo que tiene activos la institución, como el que se propuso revisar el sistema de adopciones y que está próximo a terminar. Pero también se refirió a la polémica que causaron los dichos de Marcos Israel, quien ante cuestionamientos desde la sociedad civil manifestó que “los nostálgicos de los 60, de la revolución de los 60, quieren otra oportunidad” y “están usando el antisionismo como palanca para otra vez traer vientos de totalitarismo”.
Pasaron varios días desde la asamblea en la que las organizaciones tuvieron el cruce con Marcos Israel. Mirando con distancia ese episodio, ¿qué valoración hacés de ese momento?
En este caso hay una polémica que se ha mantenido con uno de los directores que opinó sobre un tema y que lo hizo a título personal. La ley dice que los directores tienen autonomía. Ni yo ni mis colegas somos los jefes de los otros directores, y cada director se hace responsable de sus opiniones. Lo que no podemos hacer nosotros, en un organismo colegiado, es opinar sobre temas que no se haya pronunciado la institución y que sean competencias específicas de la institución. Los temas internacionales no son competencias de la institución. Cada director valorará si es oportuno o no opinar sobre esos temas que no son competencias específicas de la institución, y se hace responsable de si sus opiniones aportan, si no aportan, si generan claridad o generan turbulencia. Pero ese es el marco conceptual que yo hago. En este caso, esas opiniones [de Marcos Israel] generaron respuestas, hubo contrarrespuestas y, en el marco de la asamblea, varias organizaciones plantearon su malestar con esas opiniones, y el director respondió.
Tomando esta disposición de que los directores no pueden opinar de temas que sean de competencia de la institución y que no tengan una posición común, en cuanto al grupo de trabajo sobre antisemitismo, en el que se puede mezclar lo internacional con lo que pasa acá y la definición de antisemitismo, ¿no hay ahí una cuestión que sí podría ser competencia de la institución?
El grupo sobre antisemitismo se crea en el marco de una forma de discriminación. Muchas organizaciones sociales reconocidas, prestigiosas, de larga historia en el país, de mucho trabajo en defensa de los derechos de las personas, plantearon este problema con múltiples denuncias en el Parlamento y también a nosotros mismos; testimonios en los que se señalaban inscripciones, amenazas, frases agresivas a adolescentes.
Sabíamos que este grupo, al hablar de antisemitismo, en el momento en que hay un conflicto tan fuerte en Medio Oriente, iba a ser difícil por las distintas partes y matices que hay. Cualquiera que lo estudie, que vea o que se interiorice en el tema, sabe el peso que tiene ese tema. Pero nos pareció que no lo podíamos rehuir. Hubiera sido muy fácil decir: “No nos metamos en este problema que es un lío”. Pero primó, y lo compartimos todos aquí, la filosofía de que hay que aceptar meterse a veces en los temas que son complicados.
El análisis del grupo de trabajo es el antisemitismo en Uruguay. No es por qué ocurrieron los hechos terribles del 7 de octubre [de 2023], ni por qué el gobierno de Israel tomó la política de respuesta que tomó y por qué recibe las denuncias que recibe, o por qué buena parte de la sociedad israelí está en contra. No es para analizar ninguno de los eventos. Ni lo que pasó antes del 7 de octubre, ni lo que pasó después. Porque ahí sí se contamina todo y entramos en un debate que nos supera absolutamente.
Lo que dijimos fue analizar qué medidas y qué acciones desde el punto de vista educativo, cultural, legislativo, se pueden tomar para evitar que haya esa fórmula de discriminación tan terrible, y de tan larga data, que es el antisemitismo, dejando afuera el otro tema. En el grupo muchas veces se terminan discutiendo cuestiones de coyuntura, de inmediatez, de reacciones ante el gobierno de Israel, sobre el sionismo, el no sionismo, sobre la definición de si la acción del gobierno de Israel es un genocidio o no es un genocidio. Pero yo lo he dicho permanentemente: no es nuestra incumbencia entrar en esas definiciones. Tratamos de que el grupo sea lo más abierto posible. Hemos tratado de que estén todas las organizaciones. Ha habido debates intensos. Y trataremos de llegar a algún documento conclusivo que aporte algo.
Entonces en esa definición no entraría que el antisemitismo equivale a criticar al Estado de Israel, que es lo que le criticaban las organizaciones a Marcos Israel, en el sentido de que el grupo no terminara adoptando esa definición. Por lo tanto, en ese contexto ya complicado, ¿las declaraciones de Marcos Israel sobre que las organizaciones “están usando el antisionismo como palanca para otra vez traer vientos del totalitarismo” fueron atinadas? ¿Se entiende el reclamo que hacen las organizaciones?
La gracia de los derechos humanos es hablar con quienes piensan y pensamos diferente. Hablar con quien piense igual que uno y tiene coincidencias totales no tiene mayor mérito ni construye. Lo que construye es hablar en la diversidad, y a veces, cuanto más diversas son las opiniones, más hay que intercambiar.
La discriminación se puede camuflar de muchas maneras, pero, en principio, criticar el accionar o la política de un Estado no constituye en sí mismo un acto de racismo ni de discriminación. El grupo no está en esa posición; está en la posición de analizar qué medidas se puede tomar para que esta forma de discriminación, que es el antisemitismo en Uruguay, no ocurra. Hablarlo ayuda a ponerlo arriba de la mesa y liberar algunas tensiones. Yo creo que la construcción va en ese sentido, en el sentido de la igualdad, de la no discriminación y de saber que es importante hablar de discriminación y antisemitismo porque se puede caer en eso. A veces hay oscuridades que tenemos todos los seres humanos, y el enfoque de los derechos humanos parte de la base de decir que todos tenemos cosas para mejorar. Todos tenemos cosas para respetar mejor al otro, para escuchar mejor al otro, para respetar los duelos del otro, aunque yo no los comparta. El grupo espera aportar algo en ese sentido en esta particular forma de discriminación.
¿Es atendible el reclamo de las organizaciones sobre que el grupo no se termine guiando por el concepto de que el antisemitisimo es igual a criticar al Estado de Israel?
Es una preocupación que puede tener mucha gente, en el sentido de enfocar el tema del grupo en el antisemitismo y no en otras cosas. Institucionalmente tomamos y respetamos los planteos de todas las partes, dentro de la legalidad, y trabajamos con esos planteos como insumo para la construcción de la institucionalidad de derechos humanos.
La Asociación de Funcionarios de la INDDHH emitió un comunicado en el que decía que Marcos Israel tiene prohibido por ley dar opiniones personales sin autorización previa al consejo directivo. ¿Esto entra en contradicción con lo que venías diciendo sobre los temas acerca de los cuales pueden o no opinar los directores?
Si la opinión sobre ese tema, de alguna manera, se conecta con temas vinculados a la competencia de la institución, puede ser interpretable. Creo que el concepto es que lo internacional está fuera de nuestro rango. Otra cosa es valorar si eso ayuda o no ayuda al debate. La ley de [creación de] la institución también dice que cada director es responsable de sus opiniones. Cada uno recibirá aplausos, críticas, lo que fuera.
¿Cómo se está trabajando en el grupo que está revisando el sistema de adopciones, cuyo trabajo va a derivar en un proyecto de ley de las diputadas Tatiana Antúnez (Frente Amplio) y Paula de Armas (Partido Colorado)?
Está próximo a terminar, ha sido un grupo muy fructífero. Uno de los sentidos que tiene la institución es ser una fuente de inspiración, de apoyo, no una máquina de soluciones, porque muchos de los temas no se resuelven en automático, porque no son lineales y requieren procesos en los cuales se va avanzando, a veces con marchas y contramarchas.
La Defensoría [del Pueblo], en cambio, es mucho más lineal. Se lleva una denuncia y se interviene. Toca todos los temas y tiene un 25% de casos sobre niños, niñas o adolescentes. En 2025 hubo 905 expedientes en la Defensoría; de ahí hubo 178 resoluciones. Y después en 2026 hubo 640 expedientes llevados y 119 resoluciones, que son interacciones intensas con organismos de Estado. En las resoluciones hubo recomendaciones, planteos, reuniones de trabajo y seguimientos a raíz de las denuncias planteadas por ciudadanos y ciudadanas. Hubo muchas más que quedaron fuera, por problemas de fecha y por problemas que no tenían fundamento, por distintos motivos.
En lo que tiene que ver con niños, niñas y adolescentes, ¿cuáles son los temas que más se repiten en los casos que llegan?
Educación, educación inclusiva, salud y cuidados están muy presentes. Muchos tienen que ver con educación inclusiva, para lo cual hay una guía que tiene que ver con niños con cuidados paliativos, que se detectó a raíz de una carta que llegó aquí que no podían asistir al centro educativo. Entonces se trabajó con el Ministerio de Salud Pública y con el Codicen de la ANEP para establecer una guía y un protocolo para que esos niños pudieran ser recibidos, más allá de la magnitud de su enfermedad, en el sistema educativo.
En junio planteaste en la diaria Radio que aún no habían podido hablar con la senadora frenteamplista Blanca Rodríguez sobre su propuesta de crear un comisionado parlamentario de infancias. ¿Han podido tener esa conversación?
Yo estoy convencido de que hay un camino del medio posible y que el proyecto de comisionado para la infancia es viable por ese camino, porque implica fortalecer la institucionalidad, va a tener autonomía, va a depender del Parlamento, pero va a poder apoyarse en los mecanismos que existen en la INDDHH.
Siento que nos faltó haber podido hablarlo más. Creo que se va a poder hacer en esta etapa, tanto con la senadora Rodríguez, que es la promotora del proyecto, como con todos los legisladores. Tengo la esperanza y la convicción de que se va a poder hacer. Todavía no nos hemos reunido, porque el Parlamento tiene también sus tiempos, su presupuesto.
Hace unas semanas se dieron algunos casos de adolescentes al amparo del INAU vinculados al consumo problemático de drogas y otros a la explotación sexual. ¿Cómo evalúa la INDDHH el funcionamiento del sistema de protección especial del INAU?
Hay un grupo de trabajo que se ha hecho con el INAU por el tema de las llamadas salidas no acordadas. Sobre ese tema hay un documento en el que se está avanzando y que se va a presentar en breve, [que consiste] en cómo construir redes de protección. Se estableció un sistema de triage, o de semáforo, para poder tener una dinámica eficiente en la que cada salida o cada ausencia de un niño, niña o adolescente de su centro puede significar cosas muy distintas. En algunos casos puede significar que se demoró el ómnibus, en otras cosas puede significar algo muy grave. Para eso hay que tener mucha información al día y mucho trabajo de cercanía en los centros de los educadores con los niños y adolescentes, para poder decodificar y discriminar qué significa esa demora de esas horas. Además, contempla tener una red de referentes que puedan actuar de manera temprana y rápida para esas situaciones, amén de todo el otro trabajo que implica el trabajo educativo, pedagógico, asistencial para que esos niños y adolescentes puedan desarrollarse plenamente, evitar comportamientos de riesgo y fortalecer sus capacidades para que no sean manipulados por explotadores o personas que los quieran usar con fines inaceptables.
En esa línea, ¿qué pasa con la salud mental, por ejemplo, de los niños y niñas adolescentes que están en el INAU?
Creo que el tema de la salud mental de los niños, niñas y adolescentes no puede ser separado del tema de la salud mental en general. Ha habido en los últimos años un crecimiento de las respuestas, muchas de ellas a través de servicios especializados, de clínicas, de distintos tipos de convenios y de trabajo. Pero yo creo que el desafío sigue siendo el mismo que para la reforma general de la salud mental: avanzar en respuestas acotadas a la realidad de cada persona y en respuestas que tienen que ser una variedad de mecanismos en la comunidad. Saber que también se puede, así como se puede vivir con enfermedades somáticas y tener una vida digna y una vida rica, tener una vida digna y rica con afectaciones a la salud mental.
La perspectiva que tenemos es que sería bueno tener un organismo nodo rector de la salud mental en Uruguay para la plena implementación de la ley de salud mental. Eso requiere un cambio en muchas de las reglas de juego y de la relación del Estado con las organizaciones especializadas, con las organizaciones de la sociedad civil y con las familias, lo cual no quiere decir negar el Estado, para nada. El Estado va a seguir teniendo un rol supervisor, de establecer estándares y pautas, inspectivo, de contralor y de fijación de rumbos y de metas, pero también de dar espacios para que haya una variedad de organizaciones terapéuticas muy distintas, porque las mismas situaciones no se solucionan con la misma terapéutica.
¿Cómo sería ese organismo?
Estamos en un grupo de trabajo de salud mental y estamos tratando de hacer un aporte en ese sentido. Nosotros organizamos la actividad estatal sobre la base de una cuadrícula arbitraria de dimensiones humanas, de organismos competentes y facultades que tiene cada organismo, pero eso muchas veces queda corto o queda con superposiciones y con espacios vacíos.
Tenemos competencias que tienen que ver con lo social, lo médico, lo educativo, la familia, la convivencia. La salud mental es un tema que todavía viene muy asociado a lo sanitario, y ahí tenemos muchas preguntas al respecto. Hay muchas otras dimensiones que tienen que ser incluidas. Un organismo vector tiene que tratar de tener presentes todos esos elementos. Quizás haya que crear una arquitectura institucional que hoy no existe del todo. Tiene que ver con una nueva institucionalidad, un nuevo tipo de organismo capaz de sostener y de multiplicar eso que implica al Estado, implica a la sociedad civil, implica a los familiares de los usuarios que saben mucho y a los usuarios también.
Las personas que están afectadas en su salud mental saben también qué tipo de cosas puede necesitar esa comunidad de actores. Yo he visto muchas actividades donde uno ve cómo personas que antes estaban internadas o eran pacientes de un nosocomio hoy producen cultura, participan en deportes, se integran a la comunidad, tratan de ayudar a la comunidad, con idas y vueltas, pero descubren la ciudadanía, descubren al otro.
