Una delegación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) llegará al país el miércoles para evaluar el cumplimiento de las sentencias de Gelman y Maidanik y otros versus Uruguay. La visita se dará en un contexto en el que organizaciones de derechos humanos denunciaron que se busca debilitar a la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, advierten por cuestionamientos del sistema político a investigaciones vinculadas al pasado reciente y dan cuenta de la falta de colaboración del Estado para buscar a los detenidos desaparecidos.
La audiencia se desarrollará en la sala de conferencias del edificio Mercosur y participará la jueza Patricia Pérez Goldberg. En esta instancia, que será de 25 minutos y reservada, la Corte solicitará información al Estado uruguayo sobre cuatro medidas de reparación. Se preguntará por los avances de las investigaciones vinculadas al asesinato de Diana Maidanik, Silvia Reyes y Laura Raggio, así como de las desapariciones de Óscar Tassino y Luis Eduardo González. También se solicitará información sobre las acciones realizadas para continuar con la “búsqueda efectiva” de González y Tassino. Además, se pedirá que se rinda cuentas sobre si las víctimas están recibiendo tratamiento psicológico o psiquiátrico, e información sobre las acciones para fortalecer la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad.
Todas estas medidas se encuentran comprendidas en la sentencia por el caso Maidanik y otros versus Uruguay del 15 de noviembre de 2021, en que se responsabilizó internacionalmente por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado. Se trata de la segunda sentencia de este tipo tras la de Gelman en febrero de 2011, por la cual la Corte IDH exigirá también que se rinda cuentas.
En representación del Estado uruguayo asistirán integrantes de la cancillería, de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), de la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia, del Poder Judicial, de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad y del Archivo General de la Nación. También participarán abogados del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay, que representarán a las víctimas.
Mariana Mota, directora de la INDDHH, dijo en diálogo con la diaria que hay distintos “grados de avance y paralización” en torno al cumplimiento de la sentencia. En ese sentido, señaló que uno de los puntos más complejos a resolver es “tener mayor información para avanzar en forma más efectiva en la búsqueda de restos” de las personas detenidas desaparecidas. “Eso es lo más difícil y calculo que todavía vamos a seguir en etapa de no cumplimiento”, acotó.
Mota señaló que, si bien la Corte IDH ha reclamado a partir de cada una de las sentencias que se haga un plan específico de búsqueda, “eso puede hacerse en tanto y en cuanto existan datos que nos puedan guiar sobre dónde podría estar cada uno de los desaparecidos”, en referencia a María Claudia García de Gelman, Tassino y González.
En ese sentido, señaló que, por ejemplo, en el caso de García se está buscando en el Batallón de Infantería 14 de Toledo, donde ha habido hallazgos de restos de detenidos desaparecidos y en su momento se indicó por parte de algunos militares como lugar de posible enterramiento. “La información no es precisa y por eso mismo se demora en poder encontrar tanto a ellos como a todos los demás”, apuntó.
En relación con el acceso a los archivos vinculados al pasado reciente, que es otro elemento que está presente en ambas sentencias, Mota dijo que puede llegar a haber avances. En ese sentido, señaló que se está organizando el traslado del archivo de la Secretaría de Derechos Humanos al campus universitario en el que está trabajando el equipo de la INDDHH, que “era una cuestión que queríamos hacer, pero que no podíamos cumplirla porque la institución no tenía un espacio adecuado para eso, pero ahora sí lo tiene”. Por otra parte, señaló que la política del Estado en materia de archivos es “bastante magra” y eso ha generado que haya muchos archivos que estén desordenados o sin clasificar. “Eso genera una dificultad, pero se está pudiendo garantizar el acceso a otros archivos ”, afirmó.
Mota sobre críticas a la fiscalía especializada: “Sin duda, será señalado por la corte”
Esta semana la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, resolvió trasladar a otra fiscal del equipo de la Fiscalía de Crímenes de Lesa Humanidad, luego de las críticas que realizó Perciballe por las declaraciones que la jerarca hizo ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado.
En esa instancia, Ferrero dijo que iba a anexar fiscalías con materias conexas y, en ese marco, advirtió que la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad no se iba a “eliminar, pero se le van a agregar competencias”. “Van a tener que trabajar más”, dijo Ferrero.
Al traslado de una fiscal adscripta del equipo de Perciballe por un plazo de dos meses, esta semana se sumó el de otra fiscal adscripta, trasladada a la Fiscalía de Flagrancia de 12° turno por una semana. Finalmente, luego de que el tema se hiciera público, la Fiscalía de Corte resolvió dejar la medida sin efecto.
El jueves, en un comunicado, la Fiscalía General de la Nación respondió a los cuestionamientos por traslados y señaló que es “un mecanismo habitual en la institución” el traslado de fiscales para “optimizar el funcionamiento de los servicios, cubriendo los requerimientos que surgen a partir de licencias y retiros”.
Elena Zaffaroni, integrante de la asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos y que esta semana publicó un comunicado en apoyo a Perciballe, señaló en diálogo con la diaria que uno de los puntos principales de la sentencia de la Corte IDH es el fortalecimiento de la fiscalía, que es la “que nos abrió el camino para la justicia”. “La fiscalía fue tomando las riendas en 2017 y nos fue devolviendo la verdad y reponiendo la verdad de los hechos, aunque muchísimos familiares y militares estaban muertos”, señaló Zaffaroni.
La integrante de Madres y Familiares dijo que Perciballe no solo ha recibido ataques de la Fiscalía de Corte, sino también del Parlamento. En particular, se refirió al foro Justicia en Debate, una actividad promovida por el senador colorado Gustavo Zubía en el anexo del Palacio Legislativo, que se centra en cuestionar los avances de la Justicia en causas de crímenes de lesa humanidad. Zaffaroni señaló que las salas del Parlamento son abiertas a quien las pide, pero también “eligen un lugar muy simbólico para denostar los avances de la Justicia y para mentir, algo que se permite cada vez más”.
Mota, por su parte, se refirió a los anuncios de traslados vinculados a la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad y a las obligaciones dispuestas por las sentencias internacionales. “Ha habido declaraciones y algunas acciones de la Fiscalía de Corte que no van en línea con lo que se recomienda y dispone la corte interamericana. Eso, sin duda, tendrá un señalamiento por parte de la corte”, apuntó.
Otros incumplimientos
Además de no fortalecer a la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, para Zaffaroni el Estado está lejos de cumplir con las otras medidas dispuestas por la Corte IDH. En materia de la búsqueda de detenidos desaparecidos, García, Tassino y González “estamos en el mismo lugar”, señaló Zaffaroni, quien sostuvo que esto se debe a que “no se aporta información”. Y apuntó, en particular, contra los tres poderes del Estado.
En cuanto a la salud, tanto la sentencia de Gelman como la de Maidanik establecen que se debe prestar atención psiquiátrica y psicológica a las víctimas, pero se “está en cero”. “Había familiares que ya estaban en atención psicológica y que plantearon la posibilidad de seguir con su prestador y que se les pagara. Dijeron que sí, pero no les pagaron nada y eso no se ha movido”, apuntó.
Sobre la obligación del Estado de brindar información, Zaffaroni dijo que “no hay información nueva ni la han exigido”. “El Estado los sigue manteniendo desaparecidos. El crimen se sigue cometiendo hoy. Los gobiernos se quieren sacar la responsabilidad porque sucedió hace tantos años, pero este es un crimen que se basa en el ocultamiento, en que persista luego de que se hace. Sin embargo, sigue oculto porque el Estado no asume que lo puede hacer visible, que tiene todas las herramientas para que se sepa qué pasó”.
