La reunión transcurrió en “un intercambio de fundamentos”, dijo a la diaria Diego Rodríguez, integrante de la Comisión Asesora para el Control del Tabaco del Ministerio de Salud Pública (MSP), a la salida de un encuentro que convocó el ministro, Daniel Salinas, con el objetivo de comenzar a trabajar en el protocolo contra el comercio ilícito del tabaco. La reunión tuvo lugar días después de aprobado el decreto que flexibiliza la normativa respecto del empaquetado y etiquetado de los cigarrillos, según el gobierno, para combatir el contrabando.
Además de la Comisión para el Control del Tabaco, en la reunión estuvieron presentes representantes de las instituciones que integran la Comisión para la Implementación del Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco. Entre otros, asistieron representantes de la Sociedad Uruguaya de Tabacología, la Dirección Nacional de Aduanas, la Dirección General Impositiva y del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Según Rodríguez, el ministro “entendió la postura” de la comisión. En la reunión se le presentaron documentos elaborados por las diferentes organizaciones y se manifestó que el decreto aprobado no tiene como fin “combatir el comercio ilícito” de cigarrillos. Por otra parte, se le planteó que se derogue el decreto, algo sobre lo que Salinas dijo que “había que hablar con Presidencia”, aunque el prosecretario de Presidencia y presidente de la Junta Nacional de Drogas, Rodrigo Ferrés, ya dijo que “por supuesto no se va a revocar el decreto”.
Rodríguez dijo que el ministro “se comprometió” a trabajar especialmente en dos puntos de la implementación del protocolo contra el contrabando, sobre todo en los que más le competen al MSP. “El primero es licenciar los puntos de venta” para que sólo puedan vender productos de tabaco quienes estén registrados en el Programa Nacional del Control del Tabaco. “Tener un registro es mucho más controlable para el cuerpo efectivo” que eventualmente controlaría los puntos de venta, acotó Rodríguez. “La promesa de que están trabajando en fortalecer el cuerpo efectivo”, que “está debilitado”, es “antigua”, pero se reiteró en la reunión, detalló.
El segundo compromiso del ministro se centró en la trazabilidad. “Implica la localización y el seguimiento de los productos de tabaco” y que cada uno tenga un código único que permita localizarlo, saber qué empresa lo comercializa. Esto “no afectaría el empaquetado neutro si se implementa bien”, aunque claramente “no es lo que hicieron”, afirmó Rodríguez. Luego de la reunión “seguimos esperando que Presidencia recapacite” y “se derogue el decreto”, agregó.
En cuanto a la evaluación del encuentro, consideró que hasta ahora lo que hay son “palabras de compromiso”, pero que esperará a los hechos, algo que se tendrá que desarrollar “lo antes posible” si la “preocupación por el contrabando es real”.
Por último, agregó que la sociedad civil evalúa presentar alguna medida legal “por varios motivos”. En principio, por el decreto. “También se violaron otros artículos del convenio marco” y se está evaluando si el reclamo se hace a nivel nacional o internacional. “En caso de presentar un recurso, el último plazo es el lunes”, comentó.
Por su parte, Salinas dijo a la diaria que evalúa la reunión como una instancia “positiva” y el “inicio del rumbo” en la agenda contra el combate al contrabando y tráfico ilícito de tabaco. Según Salinas, si bien la comisión se reúne “semanalmente” y “desde su creación”, en 2014, “aún no ha presentado avances”.
El decreto que el presidente Luis Lacalle Pou firmó el 2 de setiembre flexibiliza la política antitabaco y elimina varios requisitos que la industria debía cumplir en la elaboración del producto. Por un lado, deroga la exigencia de cartón duro como único material habilitado para el empaquetado, establece que no se requiere que el interior de la cajilla sea de color blanco liso y que contenga una cubierta de papel metalizado, y suprime la prohibición de incluir en los cigarrillos logos o inscripciones de las marcas, que ahora se podrán incorporar.
El documento fue aprobado sin contar con la opinión de la Comisión Asesora para el Control de Tabaco del MSP ni de ninguna asociación u organización vinculada a la lucha contra el tabaquismo.
Diez días más tarde, luego de que la decisión del Poder Ejecutivo generara todo tipo de opiniones, críticas y también concitara el respaldo de integrantes del oficialismo, Lacalle Pou declaró en una conferencia de prensa que el decreto fue un pedido de la empresa Montepaz. “¿Esto es para favorecer a la empresa Montepaz? No, me lo pidió una fábrica de chicles”, ironizó el presidente. “Obvio, quien se dedica a producir cigarros en Uruguay es Montepaz y quien le pidió esto al Ministerio de Industria es Montepaz”, agregó.
Las declaraciones generaron indignación en el ámbito académico y en la oposición. Entre otros, la diputada frenteamplista y exsubsecretaria de Salud Pública Cristina Lustemberg dijo a la diaria que le sorprendió que Lacalle Pou reconociera que el decreto “responde a una solicitud de la industria tabacalera”, lo que a su entender demuestra que “primaron los intereses sobre un producto cuyos efectos cancerígenos están comprobados”. Agregó que “los intereses de la industria son casi irreconciliables con los intereses de la salud pública”.
En la misma línea se pronunció la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, quien convocó una rueda de prensa y expresó que el decreto constituye “un paso que va contra la salud de las personas, contra la política antitabaco”, y consideró que combatir el narcotráfico no pasa “por abaratar los productos a las tabacaleras”.
Organizaciones nacionales e internacionales también se pronunciaron no sólo ante la decisión del Poder Ejecutivo, también ante el apoyo de Salinas al decreto.
A nivel nacional, la Comisión Interinstitucional Asesora para el Control de Tabaco y el Programa Nacional de Control de Tabaco del MSP enviaron a Salinas una carta en la que, entre otras cosas, piden la “inmediata derogación” del decreto. Por su parte, la Facultad de Medicina de la Universidad de la República publicó una carta abierta dirigida a Lacalle Pou en la que expresa su “preocupación” por la vigencia del decreto y remarca que Uruguay pasó a ser el primer país que, luego de contar con una medida “singular y vanguardista”, “laudada internacionalmente”, que hace a la protección de la salud, “retrocede”.
Otro de los comunicados fue emitido por la organización Campaign for Tobacco-Free Kids, que trabaja desde hace más de 20 años en la reducción del consumo de tabaco y sus consecuencias. Expresó que el retroceso del empaquetado neutro en Uruguay “es un síntoma de la influencia de las grandes tabacaleras en el gobierno”.