En el marco de una comparecencia en el Parlamento, la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, anunció que el gobierno implementará un plan piloto para incorporar psicólogos en liceos y UTU de todo el país a partir de setiembre, una iniciativa que implicará una inversión de 25 millones de pesos.
Ante el anuncio, el Colectivo de Psicólogas y Psicólogos de la Dirección General de Educación Secundaria de la ANEP emitió un comunicado en el que expresó que se está “desconociendo e invisibilizando” el trabajo que actualmente realizan en los centros educativos.
“Ante la difusión pública de un supuesto plan piloto para incorporar psicólogos en instituciones educativas de ciclo básico, las y los psicólogos que trabajamos en Educación Secundaria manifestamos nuestra profunda preocupación y disconformidad con el enfoque desde el cual se presenta esta iniciativa”, señalaron. A su entender, “la noticia instala la idea de que la presencia de profesionales de la psicología en los centros educativos constituye una novedad”.
Para los profesionales, esa “presentación no solo resulta inexacta, sino que también desvaloriza la labor profesional que se sostiene cotidianamente en los centros educativos”.
Además, aclararon que existen concursos vigentes y profesionales que han accedido “mediante mecanismos de oposición y méritos”, que se encuentran en condiciones de asumir funciones. “En este contexto, anunciar como innovadora una medida que replica recursos ya existentes genera confusión en la ciudadanía y desconoce las capacidades instaladas dentro del propio sistema educativo”, agregaron.
“La realidad que enfrentamos diariamente no radica en la ausencia de psicólogos en los centros, sino en las dificultades para garantizar respuestas oportunas y sostenidas desde el sistema de salud ante las situaciones que requieren atención especializada”, afirmaron. Según indicaron, las derivaciones que se realizan desde las instituciones educativas “suelen encontrar importantes obstáculos de acceso, tiempos de espera prolongados y recursos insuficientes para atender la creciente demanda en salud mental de niños, niñas y adolescentes”.
Por todo lo anterior, entienden que el desafío está en “fortalecer de manera efectiva la red de atención en salud mental, ampliar los recursos asistenciales y consolidar la articulación entre educación y salud para garantizar respuestas integrales y de calidad”.
“Las políticas públicas deben construirse reconociendo el trabajo de los equipos ya existentes, aprovechando la experiencia acumulada y evitando mensajes que contribuyan a invisibilizar a quienes sostienen diariamente estas tareas en territorio”, concluyeron.
Este no es un reclamo nuevo. En diversas oportunidades, los equipos multidisciplinarios que trabajan en centros educativos, muchos de ellos integrados por psicólogos, han reclamado salarios dignos y condiciones laborales acordes con la profesión, las tareas que realizan y la antigüedad.
Otro de los planteos es contar con modalidades de trabajo que les permitan permanecer más tiempo en los centros para realizar un abordaje más integral y sostenido con los estudiantes y sus familias, algo que, según señalan, resulta cada vez más difícil.
Además, sostienen que trabajan en territorios con realidades cada vez más complejas debido a distintos factores sociales, entre ellos el avance del narcotráfico en los barrios.