Este viernes, el actual directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) presentó ante Fiscalía una denuncia contra el anterior directorio del ente. La denuncia penal abarca al expresidente Leonardo Cipriani, a Marcelo Sosa (vicepresidente), Eduardo Henderson (gerente general), Julio Micak (vocal), Pablo Cabrera (representante de los trabajadores) y Natalia Pereyra (representante de los usuarios).
La denuncia se fundamenta en las compras que hizo el organismo durante los cuatro años del gobierno anterior a varias empresas privadas, principalmente a la empresa de traslados ITHG, al Círculo Católico y al Casmu. Uno de los datos más relevantes es que, según investigaciones administrativas realizadas por el actual directorio, ITHG recibió el 96,47% del gasto que realizó SAME 105 en los últimos años y que la mayoría de esas compras fueron directas, sin licitación.
Por otra parte, un informe jurídico de ASSE elaborado con los resultados de la investigación administrativa —realizada luego de una auditoría— indica que “la magnitud económica de los montos involucrados, la reiteración sistemática de observaciones por el Tribunal de Cuentas, la eventual afectación del erario público y las conductas descriptas, que prima facie podrían trascender el ámbito estrictamente administrativo, ameritan que la superioridad valore la pertinencia de poner los hechos en conocimiento de las autoridades competentes en materia penal”.
Agrega que de la investigación surgieron extremos que “podrían eventualmente subsumirse en figuras típicas previstas en la normativa penal vigente vinculadas al manejo irregular de fondos públicos, abuso o desviación de funciones”.
En paralelo, se definió sumariar —por ser funcionarios públicos— a Juan Behrend (exgerente financiero), José Antonio Rodríguez (exdirector del SAME 105) y a Cabrera. Los sumarios también alcanzan a otros funcionarios, entre ellos la directora del Hospital de Treinta y Tres y su gerenta financiera, por irregularidades vinculadas a la compra de servicios al Casmu en ese departamento.
Danza: que la Fiscalía “verifique si hay mérito o no para realizar otras acciones”
Luego de concurrir a Fiscalía el viernes, el actual presidente de ASSE, Álvaro Danza, dijo en rueda de prensa: “Le presentamos a la doctora Mónica Ferrero el escrito que nos encomendó el directorio de ASSE formalizando la denuncia. La expectativa es que se le dé el curso habitual y que la Fiscalía proceda a la investigación y verifique si hay mérito o no para realizar otras acciones”.
La decisión se desprende de la auditoría y de la investigación administrativa que hizo el prestador público de salud, que duró unos seis meses. “Entendemos que hay algunos elementos que generan la obligación de presentar denuncia”, agregó.
“Algunos convenios no se controlaron de manera adecuada, hubo gastos que tampoco se controlaron de la manera adecuada y fueron observados sistemáticamente [por el Tribunal de Cuentas], y compras por montos significativos que, según los procedimientos que se hicieron, no fueron correctamente controladas”, resumió sobre los motivos de la denuncia.
Una vez que ingrese a la Fiscalía, la denuncia será derivada al Departamento de Depuración, Priorización y Asignación, que, tras un análisis del caso, determinará si da ingreso a la denuncia y en cuál de las especialidades se tramitará. Por la naturaleza del caso, es esperable que la denuncia sea remitida a alguna de las tres Fiscalías Especializadas en Delitos Económicos y Complejos, a cargo de los fiscales Sandra Fleitas, Gilberto Rodríguez y el recientemente nombrado Diego Pérez. Cuál de las tres fiscalías actuará lo determinará un sistema aleatorio que comenzó a implementarse para la designación de casos en agosto de 2024.
Federico Preve dijo que el FA seguirá negociando para que el Parlamento llegue a “responsabilidades políticas”
En paralelo, aún no culminó la discusión que definirá la conformación de una investigadora sobre ASSE en el Parlamento; esta semana el Partido Nacional (PN) expresó que no negociará más con el Frente Amplio (FA) y pidió que se traten las dos comisiones investigadoras sobre ASSE, como inicialmente plantearon los informes que concluyeron las dos preinvestigadoras sobre el tema.
En este marco, el diputado oficialista Federico Preve dijo el viernes en rueda de prensa que tiene “plena confianza en el sistema de justicia, en la Fiscalía y en la investigación judicial. Esto determinará responsabilidades en las personas involucradas en el favoritismo hacia algunas empresas y en gastos excesivos”.
Mencionó que, además de los montos de gastos en el Círculo Católico, hay otros indicios de que la empresa tuvo “preferencias”, entre ellos, “un mail de un funcionario” enviado cuando asumieron las exautoridades de ASSE, en el que se solicitaba que se pagara todo lo adeudado. “Cuando se van las autoridades, el promedio de deuda a los proveedores era de entre ocho y diez meses y con el Círculo Católico estaban al día, a 90 días, es decir, dentro del plazo que paga el Estado”, afirmó. Preve señaló que esto es lo que el Frente Amplio plantea profundizar con la investigadora, para “determinar responsabilidades políticas” en el ámbito parlamentario.
Sobre la decisión del PN de no seguir negociando, consideró que el partido “decidió dar un portazo a la negociación” porque “se les viene la noche en lo vinculado con las responsabilidades políticas, sobre todo en cuanto a los montos gastados y a las malas prácticas en la gestión pública”. “Están intentando que no se ponga el foco”, agregó.
Agregó que el FA seguirá el proceso de negociación con el resto de la oposición, es decir, con el Partido Colorado, Cabildo Abierto e Identidad Soberana. “Si el Parlamento define otra cosa, será lo que termine definiendo lo que sucede, pero no vamos a permitir que se desvíe el foco de lo que nosotros consideramos corrupción”, concluyó.
