El caso del residencial clandestino ubicado en el barrio La Unión volvió a poner en agenda la situación de los establecimientos de larga estadía para personas mayores (Elepem) en Uruguay y la falta de políticas y recursos para el cuidado de estas.
En diálogo con la diaria, Gerardo Bruzzone, subdirector general del Ministerio de Salud Pública (MSP) y exdirector departamental de Salud de Canelones, se refirió al caso de La Unión, a las acciones que coordinan los ministerios en este tipo de situaciones y a un plan piloto para los Elepem del departamento canario.
La iniciativa permite acceder a fondos de alrededor de 6.000 dólares para evitar que las habilitaciones se demoren por razones económicas o burocráticas y, al mismo tiempo, fortalecer el registro y el vínculo entre el Estado y las empresas dedicadas al cuidado de personas mayores.
Sobre el último caso del residencial clandestino, detectado a partir de una denuncia, Bruzzone señaló que las 22 personas que se encontraban tanto en el local principal como en el anexo fueron reubicadas: diez fueron realojadas en dispositivos del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y el resto quedó a cargo de sus familias.
El jerarca explicó que el Decreto 356/016 establece que el MSP y el Mides son los organismos competentes para intervenir en todo lo relacionado con estos establecimientos, ya sea en materia de habilitación, control, seguimiento o relocalización de los residentes cuando un centro es clausurado.
Con respecto a la situación de los Elepem en el país, Bruzzone indicó que al inicio del actual gobierno se realizó un relevamiento a través de las direcciones departamentales de Salud. Según ese trabajo, hay alrededor de 1.300 establecimientos que iniciaron algún tipo de trámite ante el MSP y poco más de 200 obtuvieron la habilitación. El resto permanece en distintas etapas del proceso. “Creemos que existe un subregistro; de hecho, el anexo de La Unión no estaba registrado”, afirmó.
A su juicio, el subregistro responde a múltiples factores. Uno de los principales es que muchas experiencias de cuidado comienza de forma “más doméstica”, bajo la modalidad de lo que se denomina Sistema de Inclusión Familiar, que requiere inscripción ante el Mides, pero no está alcanzada por la normativa específica para los Elepem. Sin embargo, con el tiempo esos emprendimientos crecen, pasan a funcionar como un negocio y no regularizan su situación.
Bruzzone agregó que, en algunos casos, estas situaciones son detectadas por los equipos de salud, que ponen en conocimiento del MSP la existencia de establecimientos que funcionan fuera del marco normativo, no a modo de denuncia, pero sí buscando que se establezca un control.
Plan piloto en Canelones para acelerar habilitaciones
El ministerio identificó los principales obstáculos para completar las habilitaciones a partir del plan piloto desarrollado en Canelones junto con las asociaciones de residenciales y los distintos organismos que intervienen en el proceso. “Vimos que aparecen varios nudos. Lo que plantean quienes solicitan la habilitación es que los requisitos son complejos”, señaló. El objetivo del piloto es simplificar y facilitar esos procedimientos.
En términos generales, la habilitación requiere tres etapas. La primera consiste en obtener el certificado de registro y presentar un director técnico –un médico responsable del establecimiento–, el equipo de cuidadores, los planos del inmueble y la documentación vinculada al trámite en curso o ya culminado para la habilitación de Bomberos. La segunda corresponde al certificado social del Mides, elaborado por un profesional del área social que diseña y presenta el plan de cuidados. Con esa documentación completa, el MSP expide una habilitación con una vigencia de cinco años.
Uno de los principales obstáculos detectados fue el cumplimiento de las exigencias de Bomberos. “Requiere una serie de insumos muy costosos”, explicó Bruzzone. Para atender esa dificultad surgió el Fondo Elepem, creado mediante un convenio entre el MSP y la Intendencia de Canelones. El mecanismo permite acceder a un préstamo de hasta 6.000 dólares para financiar las adecuaciones exigidas para obtener la habilitación, así como otras reformas edilicias necesarias.
El préstamo se devuelve mediante el pago de dos unidades reajustables por mes, sin recargos ni intereses. “Hay personas que quieren habilitarse y hacer las cosas bien, pero reciben usuarios que pueden pagar montos muy bajos y eso queda por debajo del arancel”, sostuvo.
Bruzzone explicó que, por razones de transparencia, el dinero se entrega directo a las empresas contratadas para conseguir los insumos, sin intermediarios. “Hacemos el pago directamente a la empresa proveedora que presenta el comerciante, una vez que el trabajo está realizado”, indicó.
Además, los establecimientos que acceden al fondo suscriben con la dirección departamental de salud un compromiso de mejora, mediante el cual asumen obligaciones vinculadas a la gestión del cuidado y a la profesionalización del sector.
Hasta el momento, cerca de 60 responsables de residenciales se inscribieron para acceder al fondo. El primer llamado cerró el 30 de junio y algunos establecimientos ya cumplen con las condiciones para comenzar a recibir el financiamiento.
En Canelones también se implementó un sistema de seguimiento territorial. El departamento fue dividido en cinco regiones, cada una con alrededor de 50 residenciales y dos técnicos asignados para realizar controles permanentes, en lugar de intervenir únicamente a partir de denuncias.
“Si aparece un establecimiento nuevo, también es más fácil saber quién está al frente. Estamos casi en un pase de lista mensual para tener un reporte de las personas usuarias. Es complejo, pero lo logramos en la mayoría de los residenciales y eso nos permite poner el foco en las personas mayores que viven allí y no solamente en el establecimiento”, afirmó.
La intención del MSP es extender este modelo al resto del país. Según Bruzzone, ya hubo conversaciones con la Intendencia de Montevideo, ya que, junto con Canelones, concentran más del 80% de los residenciales del país.
Por otra parte, Bruzzone recordó que estos establecimientos también deben contar con habilitación de la intendencia correspondiente. En Canelones, los residenciales requieren una habilitación comercial de categoría B, cuyo trámite actualmente no está armonizado con el del MSP.
Para resolver esa situación, la comuna elaboró una normativa específica para los Elepem, que actualmente está a estudio de la Junta Departamental, que unifica requisitos con los demás organismos y elimina algunas exigencias, como la necesidad de contar con un arquitecto patrocinante. Según Bruzzone, la iniciativa podría aprobarse durante este mes.