¿Filmar o no filmar las intervenciones quirúrgicas? Esa fue la pregunta que guio el debate organizado por el Colegio de Abogados del Uruguay, en el que participaron representantes del ámbito jurídico y sanitario junto con el senador Pedro Bordaberry, impulsor de un proyecto de ley que propone la instalación obligatoria de cámaras en los blocks quirúrgicos.
Aunque hubo coincidencias en la importancia de fortalecer la seguridad de los pacientes y contar con herramientas que permitan esclarecer eventuales irregularidades de los equipos médicos, las posiciones estuvieron divididas respecto de si la filmación de las cirugías es el mecanismo adecuado para lograr ese objetivo.
A grandes rasgos, el proyecto establece la obligatoriedad de instalar cámaras en los blocks quirúrgicos de todo el país. Asimismo, dispone que las instituciones de salud conserven las grabaciones de forma confidencial como parte de la historia clínica del paciente.
Durante su exposición, Bordaberry recordó que la iniciativa fue presentada originalmente por el exsenador colorado Alfredo Solari. Posteriormente, él mismo la impulsó en 2017 y este año volvió a presentarla en el Parlamento.
El senador sostuvo que el objetivo del proyecto es que, “si hay un problema, se sepa la verdad”, y remarcó que la propuesta recién inicia su discusión legislativa. “Nunca se aprueba un proyecto de ley sin llamar a comisión a todos los involucrados”, afirmó.
Además, rechazó que la iniciativa deba interpretarse como un mecanismo de control sobre los médicos. “Esto es a favor de los médicos. Si hay un buen registro, el que hace las cosas bien está protegido”, sostuvo.
Bordaberry reconoció que la propuesta “genera una natural resistencia, que es entendible”, aunque estimó que el costo de implementación sería relativamente bajo; supondría una inversión cercana a los 350.000 dólares para todo el país, si se compran cámaras estándar disponibles en el mercado.
Asimismo, dijo que está dispuesto a introducir modificaciones durante la discusión parlamentaria y consideró “un buen aporte” incorporar el consentimiento del paciente, de modo que no se filme la intervención cuando este manifieste su negativa, algo que inicialmente no se consideró en la propuesta.
¿Qué evidencia hay de que esto beneficie al paciente?
El presidente del Sindicato Anestésico Quirúrgico del Uruguay, Daniel Montano, dijo que “los colegas lo tomaron con mucha incertidumbre”, ante la consulta de cómo recibió el colectivo el proyecto.
Señaló que en algunas instituciones existen cámaras en pasillos y otras áreas comunes, aunque dijo desconocer que se filmen de forma habitual las intervenciones quirúrgicas. Sí recordó que determinadas operaciones, como las laparoscópicas, suelen registrarse con fines docentes o para su posterior revisión, aunque para cualquier fin deben contar con la autorización del paciente.
A su juicio, la discusión debería centrarse en determinar si una medida de este tipo resulta razonable frente al problema que busca resolver. “Lo que tenemos que discutir es el criterio de racionalidad. ¿Se justifican los más de 300.000 procedimientos quirúrgicos que se calcula que se hacen al año? ¿Es razonable la inversión con todas las carencias y dificultades de nuestro Sistema Nacional Integrado de Salud? ¿Qué evidencia hay de que esto beneficia al paciente?”, planteó.
Montano dijo además que está demostrado que las personas modifican su conducta cuando saben que están siendo observadas. Según explicó, si bien eso podría desalentar determinadas prácticas de riesgo, también incrementa el estrés del equipo quirúrgico y puede afectar la respuesta frente a situaciones inesperadas.
“Este proyecto no va a mejorar la calidad de las cosas. Se reflotó por hechos desgraciados, pero excepcionales”, afirmó. No obstante, aclaró que considera que se trata de “un proyecto loable”, porque entiende que su finalidad es “la búsqueda de la verdad”.
También dijo que no se puede mejorar solo a través de la implementación de filmaciones y propuso fortalecer otros mecanismos de control, como una mejor trazabilidad de los medicamentos e insumos utilizados durante las intervenciones, historias clínicas más completas, descripciones operatorias más detalladas, registros más avanzados de los parámetros fisiológicos y un mayor rol fiscalizador del Ministerio de Salud Pública. “Voy a cumplir 40 años de cirujano y nunca me sentí controlado”, afirmó.
Privacidad, consentimiento y el riesgo de una sociedad hipervigilada
Desde una perspectiva centrada en los derechos de los pacientes, el presidente del Sindicato Médico del Uruguay, José Minarrieta, planteó que una filmación obligatoria genera interrogantes sobre la intimidad, la dignidad y la confidencialidad de quienes son intervenidos.
A su entender, el paciente se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad, por lo que registrar en imágenes ese momento puede afectar derechos fundamentales. También cuestionó que el proyecto, en su redacción actual, no contemple el consentimiento del usuario y advirtió sobre las dificultades para garantizar que las grabaciones sean almacenadas de forma totalmente segura y no puedan ser vulneradas.
Minarrieta sostuvo además que no todas las decisiones médicas deberían quedar registradas de manera permanente. “No es deseable que todo esté registrado porque hay que tomar decisiones y es mejor que se desarrollen en la intimidad del espacio”, señaló.
A su vez, advirtió que la discusión excede el ámbito sanitario y tiene una cuota, si se quiere, filosófica. “Hay que pensar hacia dónde va la sociedad, si nos queremos convertir en una sociedad hipervigilada que registre todo, que puede ser beneficiosa en algunos casos, pero también puede ser peligrosa”, afirmó.
Una discusión que recién comienza
El diputado frenteamplista y neurólogo Federico Preve consideró que el debate no admite respuestas únicas o tajantes, al menos por el momento, y que el proyecto presenta aspectos potencialmente beneficiosos y otros que requieren un análisis más profundo.
Entre los posibles aportes mencionó la posibilidad de mejorar la práctica médica y la calidad asistencial. Sin embargo, advirtió que deben ponderarse la privacidad de los pacientes, la intimidad durante el acto quirúrgico y el eventual uso indebido de las imágenes.
Asimismo, señaló que el resguardo de esa información requiere sistemas tecnológicos complejos y costosos, además de una amplia aceptación por parte de todos los actores involucrados. “No me niego, pero debemos avanzar en la discusión para ver los potenciales positivos y no solo arrinconar”, concluyó.
