La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, defendió este martes en la comisión de Salud Pública del Parlamento la decisión de su cartera de rebajar de cinco a tres años la pena de inhabilitación para la anestesista Inés Miralles, responsable de la muerte de una paciente de 41 años. La Comisión Honoraria de Salud Pública había resuelto la inhabilitación por cinco años de la profesional, pero el fallo fue recusado por la anestesista y de ese modo llegó a decisión de Lustemberg, quien con asesoramiento del área de Jurídica de la cartera resolvió bajar a tres años la inhabilitación.
Según consta en la versión taquigráfica de la comisión, el senador nacionalista Martín Lema reclamó conocer los fundamentos de la decisión tomada y marcó lo que evaluó como contradicciones en la resolución ministerial, que por un lado “reconoce expresamente la idoneidad técnica y profesional de la Comisión Honoraria de Salud Pública” y sostiene que su análisis “fue correcto, profesional”, y, por el otro, “no encuentra fundamento suficiente para la determinación del quantum sancionatorio”. “En el considerando XIV, incluso, se llega a mencionar la hipótesis de exceso de poder”, marcó Lema. Más tarde, en el desarrollo de la sesión, la subdirectora de Jurídica del Ministerio de Salud Pública (MSP), Fabiana Alonso, aclaró que con “exceso de poder” se referían a un concepto jurídico, pero no respondió por qué catalogaron de esa forma el proceder de la comisión.
Lustemberg afirmó que el Ministerio “respalda el accionar de la comisión”, que no hubo “ningún tipo de cuestionamiento con respecto a la competencia e idoneidad de los integrantes de la comisión a la hora de evaluar lo ocurrido y a las consideraciones que motivaron la inhabilitación”, pero indicó que se constataron “temas formales”, en particular, “que en otros casos similares la pena de inhabilitación para el ejercicio de la profesión no excedió los tres años”, por lo que “se sugirió apartarse de la pena sugerida y disponer la inhabilitación por el plazo de los tres años, siempre con la valoración de la Unidad de Anestesiología de la Udelar”.
La ministra señaló especialmente este último punto y marcó que habrá “una reevaluación obligatoria por parte de la Unidad Académica de Anestesiología de la Universidad de la República, lo que en definitiva podría llegar a incidir en el plazo final de la inhabilitación, según el alcance de su pronunciamiento, que podría ser incluso mucho mayor al fijado por la propia comisión”. “Se trata de una instancia objetiva, técnica, especialista en la materia de que se trata y que, por supuesto, ofrece las mayores garantías”, remarcó.
Explicó que “los aspectos por los cuales se entendió que debería abatirse el quantum sancionatorio se refirieron principalmente y fundamentalmente a los principios de discrecionalidad, proporcionalidad, razonabilidad y de individualización de la sanción, es decir, fundamentos de tipo jurídico, no del fondo del asunto”. Señaló que de un relevamiento que realizaron sobre “antecedentes electrónicos” de casos en los que intervino la comisión, “solo se pudieron verificar cuatro resoluciones que llegaron a recurso jerárquico”, es decir, que se presentaron ante el ministro o ministra, ya que “por lo general, en los casos en que interviene la Comisión de Salud, no hay recursos y por tanto no hay intervención del ministro en cuanto a la sanción”. Luego mencionó los casos: la suspensión en el ejercicio de la profesión por el lapso de un año a un cirujano por un error quirúrgico con resultado de muerte y una decisión del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que resolvió bajar una pena de inhabilitación de diez años dispuesta por la comisión para un médico por un episodio que provocó la muerte de tres personas. Los otros dos casos citados por la ministra consistieron en un error de diagnóstico de un médico que culminó con la muerte del paciente y un cuarto caso que no derivó en fallecimiento. Con base en esto sostuvo que “el plazo dispuesto no se aparta de los estándares que tradicionalmente aplicó el ministerio en otras situaciones” y, “por tanto, de ninguna manera puede considerarse contrario a una regla de derecho”.
Finalmente, la ministra remarcó que en este caso no hubo “ningún tipo de apartamiento de las normas y mucho menos una intención de favorecer en algún sentido a la doctora Inés Miralles”.
El senador colorado Robert Silva apuntó que el acto administrativo que rebajó la sanción “ni siquiera menciona el tema de los antecedentes; no es que haga algo breve, ni siquiera lo menciona”.
Oficialismo ve con buenos ojos el proyecto de Bordaberry para filmar operaciones
Por otra parte, la ministra aseguró que su cartera está “con la mejor disposición de evaluar” el proyecto presentado por el senador colorado Pedro Bordaberry para instalar de manera obligatoria cámaras en los blocks quirúrgicos para filmar los procedimientos, grabación a la que podría accederse si el o la paciente lo autorizan, o por exigencia de la Justicia penal. “De hecho, en este procedimiento había cámaras de videovigilancia en el área del block, pero no sabemos por qué después se borró la grabación”, señaló Lustemberg.
El senador frenteamplista Daniel Borbonet coincidió en que el planteo de Bordaberry “es de recibo”. “Es un tema que no va a ser sencillo, hay que discutir mucho, pero bienvenida sea la discusión. Indudablemente para muchos tendrá que ver la parte jurídica y también la aceptación voluntaria, primero, de las instituciones, después de los profesionales y de los pacientes. Creo que es un camino a recorrer”, valoró.
Exsubsecretario de Salud pide la destitución de Lustemberg
Tras la comparecencia de la ministra a comisión, este miércoles el exsubsecretario de Salud Pública del gobierno de Luis Lacalle Pou, José Luis Satdjian, le pidió al presidente Yamandú Orsi que destituya a Lustemberg por el caso de la anestesista. En diálogo con Telemundo, Satdjian consideró que la ministra “le ocultó información al Parlamento", que “se cometió un error grave” y que “el presidente debe actuar de una buena vez".