Tras recibir el visto bueno del Ministerio de Economía y Finanzas, los legisladores oficialistas anunciaron el acuerdo alcanzado con los funcionarios administrativos del Poder Judicial para pagar la adecuación salarial de 26,03% a lo largo del quinquenio. En principio el ajuste se dará sólo para los funcionarios, pero se intentará que en las rendiciones de cuentas de 2021 o 2022 se ofrezca una solución que también integre a los jueces.
La diferencia salarial de 26,03% para todos los integrantes del Poder Judicial se generó cuando se votó el presupuesto 2010-2014, en el que se actualizó el salario de los ministros de Estado, sin advertir que el artículo 85 de la Ley 15.750 enganchaba los salarios de los ministros de Estado con los de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y a estos con todos los trabajadores del Poder Judicial.
Tras el anuncio, la presidenta de la Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU), Cristina Cabrera, dijo a la diaria que se trata de una buena noticia, considerando que se trata del colectivo más grande que integra el Poder Judicial y el que tiene los salarios más relegados.
Cabrera destacó que los legisladores se comprometieron a solucionar el problema “para todos los colectivos” hacia el final del período. “Esperamos que se cumpla la promesa y que el resto de los colectivos tengamos esa equiparación”, afirmó, y aclaró que se trata de su opinión personal, dado que el tema no ha sido tratado por la directiva de AMU.
Por otra parte, Cabrera recordó que quedó pendiente el problema generado por el artículo 4 del presupuesto que establece que ningún funcionario podrá recibir aumentos por encima del salario de un ministro de Estado y las implicancias que eso tiene en el encadenamiento salarial de todo el Poder Judicial, dado que si se congelan los aumentos de los ministros de la SCJ, también se congelaron los del resto de los funcionarios.
Los detalles del acuerdo
En una conferencia de prensa, los legisladores que participaron de las negociaciones, Juan Rodríguez, Iván Posadas y Conrado Rodríguez, informaron que la adecuación salarial se realizará en tres etapas. Primero se pagarán las deudas por sentencias judiciales, y luego se actualizarán los acuerdos alcanzados para llevarlos a partir de 2022 a 14% en el caso de los magistrados y a 18,8% en el caso de los funcionarios administrativos. El último paso, que involucra exclusivamente a los funcionarios administrativos, será en 2023 y 2024, para llegar al 1º de enero de 2024 con la partida de 26,03% para este colectivo específico.
El diputado colorado Conrado Rodríguez señaló que el pago de las sentencias implica un ahorro de 93 millones de pesos de deuda que no se genera y que el costo de 350 millones de dólares que implica el acuerdo se distribuirá en 74 millones en 2022, 104 millones de pesos en 2023 y 171 millones en 2024.
La promesa
En cuanto a la incorporación de los jueces y de los otros colectivos que quedaron afuera del acuerdo, el diputado del Partido Nacional Juan Martín Rodríguez expresó su confianza en que se va a alcanzar una solución a mediano plazo.
“Estamos hablando de 4.700 funcionarios; eso no quiere decir que no vamos a atender en futuras instancias a los demás colectivos que también han sido dejados de lado, tenemos dos instancias de Rendición de Cuentas, en 2021 y 2022, para seguir construyendo soluciones”, señaló.
Rodríguez cuestionó la forma en que los gobiernos de José Mujica y Tabaré Vázquez abordaron el tema y aseguró que se trató de una decisión que trascendía las razones económicas. “Si en las condiciones y en las circunstancias actuales este gobierno lo puede empezar a resolver, la única explicación de que los gobiernos anteriores no hayan podido resolverlo es porque no quisieron; como el Poder Judicial no era servil a los intereses del Poder Ejecutivo, no estaban interesados en dar esta solución integral”, afirmó.
La negociación
El proceso de negociación para llegar a este acuerdo implicó una serie de contactos entre la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay y los legisladores que presentaron el acuerdo.
El hecho molestó a la AMU, que desconocía la existencia de ese ámbito de negociación, dado que hasta el momento se venían buscando soluciones para el conjunto de los involucrados.
Consultado por la diaria, el secretario general de la Asociación de Funcionarios Judiciales, Pablo Elizalde, aclaró que la negociación nunca se planteó en términos de dejar a los jueces afuera del acuerdo, sino que fueron conversaciones con los legisladores para intentar la aprobación de los primeros tres artículos del mensaje presupuestal que envió la Suprema Corte de Justicia al Poder Ejecutivo, que apuntan a resolver el aumento de 26,03%.
“Hemos estado trabajando en una solución, pero era una solución para todos, la propuesta que se llevó al Parlamento siempre atendió a todos los escalafones, nunca planteamos excluir a nadie”, comentó Elizalde.