Durante la campaña electoral el ahora presidente, Luis Lacalle Pou, dijo que para bajar el déficit era necesaria una reestructura en el Estado que permitiera ahorrar unos 900 millones de dólares al año, de los cuales 100 millones surgirían de los salarios públicos. Proponía dejar sin cubrir 21% de las vacantes que se generaran. Tras asumir el 1° de marzo y antes de que se declarara la emergencia sanitaria, se aprobó el Decreto 90/020, conocido como decreto de austeridad. En síntesis, el decreto dice que los cargos vacantes generados al 31 de diciembre de 2019 no podrán ser provistos, y de los que se generen durante el ejercicio 2020 sólo podrá cubrirse un tercio.
La aplicación de este decreto, sumado al presupuesto, que aún sigue en discusión en el Parlamento, generó una serie de protestas de los funcionarios de la administración central. Martín Pereira, presidente de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), dijo a la diaria que en todos los ministerios se trabajó para que no se pierdan puestos de trabajo. “En algunos hemos acordado una reducción horaria para que se puedan mantener los cargos. Es una situación complicada porque, por su forma contractual, son trabajadores que no tienen derecho al despido o al seguro de paro”, dijo. El Ministerio de Economía y Finanzas es uno de los que tiene contratos que provienen del gobierno anterior y que ahora peligran.
Pereira estimó que si no se llenan las vacantes se deberán tercerizar tareas o dejar de hacerlas, y dijo que “la principal afectada va a ser la población que no va a tener los servicios”.
El presidente de COFE dijo que en algunas divisiones como la Dirección Nacional de Medio Ambiente, que ahora depende del Ministerio de Ambiente, todos los funcionarios tienen un contrato, no son presupuestados. Dijo que las áreas que tenían que ver con medioambiente pasaron del Ministerio de Vivienda a la nueva cartera “pero en el presupuesto no se ven grandes estructuras ni ingreso de personal, lo que se ve es una fractura de Vivienda, que tenía algunas áreas con 100% de funcionarios con contratos”. Para Pereira es necesario regularizar esta situación. “Cuál es la estructura del nuevo ministerio es lo que hay que discutir y ver hacia adelante, porque no puede funcionar con la mayoría de su personal contratado”, dijo.
Como informó la diaria la semana pasada, el ministro de Ambiente, Adrián Peña, planteó en el Parlamento la “dificultad” que enfrenta su cartera para cumplir con algunos de los artículos del presupuesto. El jerarca indicó que las características de ese ministerio “hacen que la mayoría de sus funcionarios tenga una especificidad importante en la tarea que realizan y una formación específica”, por lo que “difícilmente” se pueda “fortalecer” si se debe “esperar que los demás incisos los declaren excedentarios”.
A pesar de que la reducción de la plantilla no es una novedad porque fue una promesa de campaña, “lo que no están cumpliendo, y está firmado por todos los partidos de la coalición, es que no habría pérdida salarial”, dijo Pereira. En octubre del año pasado Lacalle Pou participó de un ciclo de conferencias de postulantes a la presidencia organizado por el PIT-CNT, y tras el encuentro sostuvo que coincidió con la central sindical en “mantener el salario real y los puestos de trabajo”.
Pereira aclaró que se trata de medidas que afectan a 18.000 funcionarios de la administración central cuando en el Estado trabajan 300.000 personas, y recordó que la reducción de personal comenzó durante los gobiernos del Frente Amplio.
La situación de los trabajadores de la administración central es muy diversa: algunos son funcionarios presupuestados (los ascienden por concurso y tienen grado y escalafón), hay personas que tienen contratos de dos años con una prórroga de dos más (los llamados “dos más dos”), otros que deben ser renovados cada año, y algunos que son convenios con organismos internacionales, como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Jubilaciones en el MGAP
El ministerio que tiene más problemas con los presupuestados a causa del Decreto 90/020 es el de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP). Carolina Alcuri, de la Asociación de Funcionarios de Ganadería, Agricultura y Pesca (AFGAP), dijo a la diaria que en 2023 la mitad de los funcionarios tendrán causal jubilatorio, a lo que se suma el incentivo para el retiro propuesto por el gobierno. “Hoy somos casi 1.800 funcionarios de los que 966 se podrían jubilar antes de llegar al próximo presupuesto. A esto se suma la covid-19, porque tenemos funcionarios con enfermedades preexistentes y hoy por hoy no cumplen funciones, más allá de que figuren en la plantilla como activos. Con ellos no se puede contar porque tienen que cuidarse”, dijo.
Alcuri comentó que en la actualidad los trabajadores del MGAP tienen más tareas que cumplir, a lo que se suma que “en los últimos diez o 15 años no hubo carrera administrativa en el ministerio”. Afirmó que los cargos se llenaron por designación pero no por concurso, por lo que hay personas que hacen tareas que no corresponden a su escalafón.
“A estas complicaciones se agrega el Decreto 90, que reduce 40% del gasto ejecutado en 2020, lo que afecta a 160 contratos de funcionarios con [convenios con el] Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo [BID], y son personas que hace más de ocho años que cumplen funciones”, dijo Alcuri. Afirmó que en el correr de las negociaciones de este año lograron que no se los desvinculara pero tuvieron una reducción en la carga horaria, con su correspondiente rebaja salarial.
La integrante de AFGAP explicó que el trabajo que hace el MGAP es importante no sólo para la generación de divisas sino también para asegurar la salud de la población. “Toda la tarea del ministerio es para buscar mejores mercados de los productos agropecuarios. Por ejemplo, hay protocolos que indican cuántos funcionarios tiene que tener cada planta frigorífica para la faena, y para eso se hacen auditorías. Cuando no sean suficientes los funcionarios para cumplir con esos protocolos no sabemos qué va a pasar con el mercado internacional”, advirtió. Con respecto a la salud de la población, dijo que la cartera y sus funcionarios cuidan la inocuidad alimentaria y que no ingresen enfermedades de otros países.
Otra de las preocupaciones de AFGAP es que en todos los ministerios en este quinquenio se jubila 25% o 30% del personal. “Se necesita que los funcionarios que se van a jubilar no lo hagan antes de que entren los nuevos, porque tienen que trasladar su experiencia. Muchas de las cosas que se hacen no se aprenden en la universidad, entonces perderíamos el conocimiento acumulado de años”, señaló.
Para Alcuri una gran contra que tienen los sectores públicos es que “abunda el relato de que el Estado está gordo y los funcionarios son holgazanes o que sobran, pero la realidad no es esa. Puede haber lugares en los que suceda, pero si se analiza en profundidad, en la administración central ha bajado el número de funcionarios y se les han sumado competencias”.
Mides y el “dos más dos”
La secretaria general de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras del Ministerio de Desarrollo Social (Utmides), Lucía la Buonora, dijo a la diaria que lo que está sucediendo allí es que no se renuevan los contratos “dos más dos” de 80 funcionarios y que, contando octubre, van por el cuarto mes sin cobrar. Además, a partir del 1° de octubre están en esas condiciones también 150 personas que brindaban servicios como unipersonales, cuyo contrato ya venció.
“Lo que venimos diciendo es que esto iba a pasar a menos que apuraran los trámites administrativos. Los expedientes tenían que salir antes del Mides y no nos prestaron atención”, dijo. La Buonora agregó que entendieron que no se iniciaran esos trámites en marzo porque había asumido el nuevo gobierno, por lo que “el sindicato prestó plata a sus afiliados para poder bancar ese desajuste”. Pero “ahora no puede ser que siga pasando”, dijo. Si bien las negociaciones bipartitas por las unipersonales siguen, la secretaria general de Utmides dijo que la garantía que tienen es que los contratos que vencían el 31 de agosto seguirán hasta diciembre.
Con respecto al decreto 90/020 La Buonora especificó que en el Mides hay muy pocas vacantes, y que los contratos “dos más dos” no están comprendidos en el decreto. Además, por este año, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto exceptuó del decreto al Mides y a los pocos funcionarios presupuestados que tiene.
En ese ministerio hay 1.800 funcionarios, de los cuales 520 están bajo la modalidad “dos más dos”, además hay 150 unipersonales y el resto son presupuestados, informó. También se cumplen tareas por convenio, por ejemplo en los refugios, que son contratos de servicios.
Sobre la afectación en las prestaciones del Mides dijo que entre las unipersonales se encuentran los trabajadores del Sistema Nacional de Cuidados. “Así que en diciembre no sabemos lo que va a suceder”, manifestó. “Hay equipos en el interior del país, de Uruguay Crece Contigo, que están contratados de la misma manera, así como equipos de fiscalización de residenciales de larga estadía”, ejemplificó.
“Una de las preguntas que nos hacemos, además de qué va a pasar con las fuentes laborales, es qué sucederá con los servicios. Cada cinco años estamos pensando qué rol tiene el Mides en la sociedad”, dijo, y consideró que si bien el problema de los contratos viene desde gobiernos anteriores “alguien lo tiene que solucionar”.
El jueves el ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, dijo que “se está solucionando la mayoría de los casos” de los trabajadores que no están cobrando el salario. “Se vencieron unos plazos y quedaron en un limbo jurídico. Lo estamos solucionando con la Oficina de Servicio Civil. Espero que pronto puedan cobrar”, dijo.
El ministro afirmó que al asumir se encontraron “con una variedad de relaciones laborales muy grande, contratos por dos años, a través del BID, provisorios. Realmente tiene una complejidad muy grande el esquema que heredamos de relaciones laborales”.
En conversación con la diaria, La Buonora comentó que hay diálogo con las autoridades del Mides, pero “en realidad las decisiones ya vienen tomadas y hay algunos planteos que son escuchados pero después la resolución está en otros ámbitos”. Además, la representante del sindicato dijo que hay otros trámites que no sufren las mismas demoras. “En la ley de urgente consideración se votaron un montón de pases en comisión y esos trámites salieron rápido, y las compensaciones para esos pases, que son altísimas, salen también y no tienen problemas, a pesar de que tienen observaciones en el gasto. Para algunos eso marcha fluido. Dicen que no quieren incurrir en observaciones, pero ya sabemos que el Tribunal de Cuentas ha observado otros gastos de esta administración. Todos queremos que las cosas sean transparentes, pero tener gente trabajando sin cobrar tampoco es legal, y lo están haciendo”.
A principios de setiembre el subsecretario del Mides, Armando Castaingdebat, había dicho a la diaria que el problema era que las autoridades anteriores del ministerio pagaban de manera retroactiva usando un fondo rotatorio, una forma que fue observada por el Tribunal de Cuentas.
Contratos en Presidencia
Fernando Rodríguez, presidente de la Asociación de Funcionarios del Inciso Presidencia (Afinpre) ‒que incluye Presidencia, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), la Oficina Nacional de Servicio Civil, y la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic)‒, dijo que en estos lugares hay una gran cantidad de gente con contratos que surgieron por convenios entre el gobierno y organizaciones como el BID, el PNUD, o la Fundación Julio Ricaldoni. Algunos de estos contratos están atados a proyectos concretos, algunos muy extensos en el tiempo (de más de 20 años) y otros puntuales, que pueden ser de seis meses.
Rodríguez especificó que en Agesic hay alrededor de 60% de personas con contrato, 239 trabajadores. En la OPP son más de 40%, unas 200 personas, y en Presidencia hay un altísimo número de personal en comisión de servicio, casi 60%. También hay allí funcionarios presupuestados y mucho personal con modalidades precarias cuyos contratos vencen año a año, algunos están así desde hace 18 años.
El dirigente afirmó que en algunos casos, los contratos con organismos internacionales “le terminan saliendo bastante más caro al Estado que contratar personal propio”, pero se opta por esta modalidad porque la alternativa es “un trámite largo y los salarios deberían ser más bajos que los que se le paga a estos técnicos, que son acordes al mercado privado, entonces en alguna oportunidad nos dijeron que no se conseguía personal idóneo para esos cargos”.
Especificó que las dificultades mayores se producen en Agesic y en la OPP, y comentó que ya cesaron diez contratos. “Hay dificultades para la renovación de más de 100 contratos, que están trancados, detenidos o en estudio”, dijo. Rodríguez comentó que, al parecer, el cuello de botella estaría en la OPP. La reivindicación de Afinpre es que se regularicen los contratos y que esos trabajadores sean presupuestados.
“La propuesta que le hicimos a este gobierno, apenas salió el Decreto 90, fue que se extendieran los contratos hasta diciembre y nos sentáramos a buscar soluciones. Se nos dijo que no”, relató. También, como última alternativa, se planteó que si Presidencia quería hacer un ahorro se bajaran horas y se ajustaran los salarios de manera “proporcional para todos, hasta el sueldo del presidente”, pero les “dijeron que era un disparate, que no se podían tocar todos los sueldos”.
Sobre las negociaciones con el director de la OPP, Isaac Alfie, Rodríguez relató: “Mirándonos a los ojos, a medio metro, me dijo, en abril: ‘Yo quiero cumplir a rajatabla con el Decreto 90 y el 40% de reducción’, ese es su deseo”.