Uno de los efectos más notorios de la pandemia y las medidas de distanciamiento social fue el crecimiento en el número de beneficiarios del subsidio por desempleo que paga el Banco de Previsión Social (BPS). Desde marzo hubo 260.000 trabajadores que estuvieron algún mes en seguro de paro, y los últimos datos oficiales que corresponden a julio muestran a unas 135.000 personas en esa situación.
Buscando revertir esos números, en julio el Poder Ejecutivo anunció un subsidio de 5.000 pesos por tres meses para las empresas que recontraten a trabajadores que habían sido enviados al seguro de paro, o que generen nuevos empleos. Entre otras condiciones, se estableció que la empresa no podría enviar a otros trabajadores al seguro, para evitar una rotación del personal.
Hasta ahora, según datos a los que accedió la diaria, hubo unas 11.500 empresas que accedieron al subsidio, sumando unos 20.000 los trabajadores que fueron recontratados o tomados por primera vez. El monto que recibirán las empresas por parte del Estado por este mecanismo asciende a casi 100 millones de pesos al mes.
Consultado por la diaria, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, dijo que hace “una buena evaluación” de estos registros, que “indican que la medida está teniendo su significación” para las empresas. Aclaró que son números “parciales” y que tiene “la convicción” de que durante setiembre “la reincorporación de trabajadores avanzará más”.
El decreto del Poder Ejecutivo que oficializó la medida establecía: “Se entiende oportuno y conveniente realizar un aporte, con carácter transitorio, a las empresas que reintegren trabajadores o incorporen nuevos, como forma de fomentar la conservación y creación de empleo”.
El subsidio no se otorga de forma directa, sino que los 5.000 pesos mensuales son un crédito fiscal a descontar de los aportes que la empresa deba realizar al BPS. A su vez, el dinero para solventar este beneficio sale del Fondo Coronavirus que creó el gobierno a inicios de la pandemia.
Consultado acerca de si esta medida podría extenderse más allá de setiembre, Mieres dijo que será algo “a evaluar cuando llegue el momento”, esto es, a principios de octubre. Aunque explicó que el subsidio “estaba asociado al momento más extremo” de la pandemia y el mercado de trabajo, “después lo normal es que si hay una reactivación de la economía haya reincorporación [de trabajadores] sin necesidad de un estímulo”.
Acerca de los seguros de paro, el ministro comentó que “la tendencia es a una reducción” de la cantidad de personas beneficiarias. Además, dijo que se prorrogaron por 90 días los subsidios por desempleo que vencieron durante junio y julio, cuando se tomó una medida excepcional respecto del trámite: “Como vimos que se nos atascó [el procedimiento] porque no se daba abasto con el análisis caso a caso, se habilitaron todas esas prórrogas”. Las extensiones del beneficio solicitadas en agosto sí volverán a analizarse “caso a caso”.
Este jueves el director del BPS por los trabajadores, Ramón Ruiz, informó sobre este tema y dijo que entre julio y agosto el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social publicó un total de 726 resoluciones prorrogando el subsidio por desempleo para 667 empresas.
Trabajadores públicos “no perderán poder adquisitivo” en el período
Mieres dio la “garantía absoluta” a los trabajadores públicos de que “su poder adquisitivo al final del período no va a tener una reducción”. Esto fue en referencia a los reclamos de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) sobre que la fórmula de ajuste salarial incluida en el proyecto de presupuesto quinquenal no establece cómo se recuperará el salario que se perderá en 2021.
Mieres sostuvo que “la pérdida salarial generada en 2021 empezará a recuperarse en 2022 en oportunidad del ajuste” que se pague a los trabajadores en enero de ese año. Precisamente en 2022 se establece un cambio en la metodología de ajuste salarial, ya que pasará a darse aumentos en función de la inflación proyectada por el gobierno ‒hasta ahora en enero se da la mitad del rango meta y un año después se recupera la diferencia‒.
El jerarca aceptó que “es verdad lo que dice COFE de que no está establecido el timing de esa recuperación, pero es un compromiso que la pérdida que haya en 2021 se recuperará desde 2022”. La forma de pago de esa compensación “va a ser motivo de diálogo con COFE”, señaló. Además, informó que “viene avanzando a buen ritmo” la negociación entre el gobierno y el sindicato estatal por los beneficios extrasalariales.
El secretario general de COFE, Joselo López, dijo el martes a la diaria que no comparten la redacción de los artículos del presupuesto relativos al tema remuneraciones, entre otras cosas porque se asocia la recuperación al Índice Medio de Salario Real y “en el mar de promedios se ahogan los enanos”. Sostuvo que la solución para asegurar una compensación para todos los funcionarios es que se ate el ajuste a la inflación.