Desconfiado, el movimiento sindical se prepara para la décima ronda de los Consejos de Salarios, que iniciará a mediados del próximo año e involucrará a 75% de los trabajadores del sector privado, en alrededor de 180 mesas de negociación. Al tratarse de la última “gran ronda” de este período, sobresale el compromiso del gobierno de recuperar el poder de compra de los salarios, que según el Instituto Cuesta Duarte acumulan en promedio más de 30 meses de caída.
En pandemia, el gobierno, las cámaras empresariales y el PIT-CNT acordaron un período puente con pérdida salarial bajo el compromiso de recuperar lo perdido antes del final del mandato. El Cuesta Duarte calcula que el salario real medio se deterioró 3,5% con relación a 2019; pero fuera del promedio hay sectores, como el turismo, que tuvieron pérdidas mayores, y otros, como la construcción, que mantuvieron el salario. La heterogeneidad fue destacada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que mediante un comunicado informó que, entre julio de 2020 y julio de 2022, 27,4% de los trabajadores privados no tuvo pérdida salarial.
En principio, el compromiso del gobierno sigue firme. Recientemente, el director nacional de Trabajo, Federico Daverede, manifestó que “la pérdida salarial y la rápida recuperación del PIB” ponen “un desafío fuerte” para la próxima ronda de Consejos de Salarios. La recuperación, sostuvo, “es un desafío que va a estar” y “seguramente aparezca en los lineamientos” del Poder Ejecutivo. Pero advirtió: “A veces, cuando se van a presentar los lineamientos, las negociaciones más complejas pasan en la propia interna del gobierno, porque obviamente esto hay que congeniarlo con [el Ministerio de] Economía, que pone mucho énfasis e hincapié en el empleo”.
El compromiso del gobierno
En diálogo con la diaria, la secretaria general del PIT-CNT, Elbia Pereira, comentó que si uno “amplía y eleva la mirada” para observar las promesas electorales del gobierno, “lo que prometió y lo que hasta ahora viene incumpliendo”, entonces, “a uno no le da tranquilidad pensar por qué sí cumplirían en materia económica”. Apuntó como ejemplo la reforma jubilatoria, que “claramente perjudica al trabajador”, a pesar de que “se le dijo a la gente que no iba a haber ninguna reforma que afectara a los trabajadores”. A su juicio, “es difícil que le puedas seguir creyendo a ojos tapados” al gobierno.
Hay por lo menos un sector que no recuperará el salario perdido antes del final del mandato. El grupo de hoteles, restoranes y bares firmó un nuevo convenio colectivo hasta 2026 que, según dijo a la diaria Fernanda Aguirre, dirigente del sindicato gastronómico y hotelero, “no sólo no cumple el compromiso de recuperar lo perdido en este período, sino que en los cuatro años que propone tampoco se recupera lo perdido”. La pauta fue aprobada con los votos del sector empresarial y el Poder Ejecutivo, y tuvo el rechazo de los trabajadores.
El presidente del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca), Daniel Diverio, tiene “mucha incertidumbre” sobre el cumplimiento del compromiso. “Las fórmulas que ubicó el gobierno, por lo menos, en el sector público, son fórmulas complejas, porque tienen que darse una cantidad de condiciones para que realmente al fin del período, allá en 2025, tengas recuperado el poder de compra”, señaló a la diaria. Lo seguro es que “durante todo este gobierno tuviste una caída del poder de compra y eso no se lo puede sacar nadie”.
En cuanto a la construcción, Diverio aclaró que la industria no está en “una crisis profunda” y reconoció que, aunque a corto plazo terminarán varias obras, “de todas maneras vamos a estar en niveles de ocupación interesantes”. El Sunca comenzará a negociar en abril; antes, en febrero, tendrá un congreso para definir su plataforma. “Lo primero que vamos a plantear es que no hay argumentos sólidos, como no los hubo nunca, para una pauta salarial con retrocesos en el salario. Es más, tendría que haber una pauta salarial que acompañe el fuerte crecimiento de la economía que ha habido en estos últimos dos años”, adelantó.
Fernando Ferreira, presidente de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida (FOEB), también tiene “serias dudas” sobre el cumplimiento del compromiso. En conversación con la diaria, señaló: “En las últimas reuniones que hubo del Consejo Superior Tripartito, previo a los lineamientos para los sectores más afectados, el planteo del Ejecutivo siempre caía en 2026”.
“Si el Ejecutivo sigue planteando lineamientos como estos últimos, con los que aspira a una inflación que no siempre puede controlar y sin correctivos que hagan saltar distintas cláusulas, es muy difícil que haya posibilidad de recuperación salarial”, afirmó. La FOEB negociará en junio un nuevo convenio para el transporte de bebida.
La Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU) discutirá en marzo un nuevo ajuste salarial para 4.100 trabajadores de la banca privada. Walter Tabeira, dirigente del Consejo del Sector Financiero Privado de AEBU, señaló a la diaria que, de no existir avances en las siguientes semanas, la negociación incluirá el conflicto por los tres despidos en Citibank. “Tal vez para ese momento lo hayamos resuelto, [pero] si no va a estar arriba de la mesa. Para nosotros siempre la principal preocupación son los puestos de trabajo, antes que los ajustes salariales”.
La ley de negociación colectiva
En paralelo a la décima ronda, aunque no tanto, el movimiento sindical sigue con atención el proyecto de ley que modifica la ley de negociación colectiva. Ya aprobada en Diputados, la iniciativa aún debe contar con el visto bueno del Senado para convertirse en ley y, entre otros cambios, eliminar la ultraactividad, esto es, la continuidad de las cláusulas de los convenios colectivos una vez vencidos sus plazos.
Diverio dijo que en caso de aprobarse antes de la décima ronda, “el primer esfuerzo que tenés que hacer es sostener los beneficios que ya tenías”. Indicó que en algunos sectores los beneficios extrasalariales suponen 30% de los ingresos de los trabajadores. A su modo de ver, el gobierno “huye hacia adelante” y “lo más probable es que la aprueben en el Senado previo a los Consejos de Salarios”. “Ese es el objetivo que están empujando las cámaras empresariales”, afirmó.
“A mí no me extrañaría en absoluto que este gobierno llegara a la última ronda de Consejos de Salarios ya aplicando la nueva ley de negociación colectiva”, coincidió Ferreira. Mencionó que el gobierno tiene actualmente “varios frentes” con el sector empresarial, como, por ejemplo, la cotización del dólar, y que las modificaciones de la ley de negociación colectiva es uno de “los compromisos que el gobierno asumió con los sectores empresariales para sus cinco años de mandato”.
Pereira expresó que la defensa de la ultraactividad es “un punto sustantivo” para “dar la pelea”, así como evitar que ante un eventual reordenamiento de los grupos la negociación sea por empresas. “Nosotros estamos totalmente en contra”, apuntó.
En tanto, Tabeira opinó que, al margen de la ultraactividad, seguirá existiendo, por medio de la negociación bipartita, la posibilidad de “discutir y buscar el acuerdo para que las dos partes ganen y no embarrarnos en retrotraer las condiciones de trabajo a varios años atrás”. “No creo que esa sea la intención, porque sería bastante inmadura”, agregó.
Conflictividad
Según el informe anual de la Universidad Católica del Uruguay, este año fue el más conflictivo en lo que va del gobierno, y el pronóstico para 2023 es que la conflictividad aumentará. Al respecto, Pereira puntualizó que esto “es una consecuencia de acciones que llevan a reacciones de los trabajadores en defensa de sus derechos”. La situación en 2023, a su entender, dependerá de “si hay incumplimientos de las promesas o retrocesos en los derechos”.
Ferreira aseguró que en 2023 “va a haber una conflictividad muy elevada” porque “son muchos frentes que se van a abrir a mitad de año”. Además de la reforma jubilatoria y la transformación educativa, apuntó como tema potencialmente conflictivo la Rendición de Cuentas.
“El año que viene va a ser el año con mayor nivel de movilización y conflictividad”, afirmó Diverio. “No me cabe duda de que va a ser así”, agregó.
Lo mismo opinó Tabeira: “Es inevitable”. Acerca de la reforma jubilatoria, afirmó que “se va a encarar a los representantes nacionales porque no puede pasar entre gallos y medianoches como se pretende votar ahora, el 27 de diciembre, después de Navidad y antes de fin de año”.