Según el índice de conflictividad laboral que elabora la Universidad Católica del Uruguay (UCU), el tercer año fue, por bastante margen, el más conflictivo de la coalición de gobierno. En 2022 se duplicó la cantidad de paros generales con respecto a 2020 y 2021, y el número de conflictos aumentó aproximadamente 43%. El jueves, la UCU presentó su informe anual de conflictividad junto a un panel integrado por el director nacional de Trabajo, Federico Daverede, la secretaria general del PIT-CNT, Elbia Pereira, y el presidente de la Cámara de la Construcción, Diego O'Neill.
El documento contabiliza 101 eventos con interrupción de actividades entre enero y noviembre de 2022. El presente año se posiciona así como el sexto año más conflictivo desde 1995, en un segundo escalón con 1997, 2000 y 2002 (gobiernos colorados) y 2015 (gobierno frenteamplista). Por lejos, el récord de conflictividad lo tiene 1995, en el comienzo de la segunda presidencia de Julio María Sanguinetti.
La comparación histórica, sostuvo Pereira, “es algo a tener en cuenta cuando hacemos una síntesis” de las cifras de 2022. A su juicio, la alta conflictividad de 2015, signada por el decreto de esencialidad en la educación, demuestra “claramente que el PIT-CNT no tiene una relación directa con el gobierno de turno”.
Las causas de la conflictividad
El PIT-CNT hizo cuatro paros en 2022: dos generales y dos parciales. En marzo, paró en contra de la ley de urgente consideración (LUC) y en conmemoración del Día Internacional de la Mujer; en julio, “en defensa de la negociación colectiva y el rol social de las empresas públicas”; en setiembre y noviembre en rechazo a la reforma jubilatoria y el “modelo de la desigualdad”.
En cuanto a las causas de la conflictividad, el informe de la UCU establece que 25% de los reclamos fueron por salario, 10% por condiciones de trabajo y 4% por empleo. El 60% restante se engloba en la categoría “otros”, que incluye a las protestas contra la reforma jubilatoria y la transformación educativa, entre otros reclamos.
Daverede expresó que “si uno despeja aquellos conflictos con origen político o ideológico”, el nivel de conflictividad “estaría claramente por debajo de 50%”. “La verdad es que muchas veces la central de trabajadores nos pone el tema político arriba de la mesa, y también muchas veces se mezcla con lo político partidario. La LUC es un caso absolutamente claro”. Añadió que, a su entender, “a veces se abusa de la herramienta de los paros”.
Esto último fue compartido por O'Neill, aunque con mayor énfasis: “A nuestro juicio, el informe confirma que en Uruguay se hace un uso excesivo del instrumento del paro”. Opinó que a nivel legislativo “no se ha avanzado mucho” en la reglamentación del derecho de huelga, tal como prevé la Constitución. “No hay una definición. En nuestro país, como todos sabemos, se interpreta de forma bien amplia. Los sindicatos utilizan este instrumento con fines muy diversos, algunos indudablemente tienen que ver con reivindicaciones laborales, [pero] otros no”.
En respuesta, la secretaria general del PIT-CNT cuestionó a “quienes entienden que las organizaciones sindicales debemos condicionar nuestra acción a lo estrictamente salarial o a las condiciones de trabajo”. La reforma jubilatoria, por ejemplo, “hace a las condiciones de vida del trabajador”, expresó.
Para Pereira, la conflictividad se incrementó en 2022 porque la coalición de gobierno impulsó reformas “a espaldas de los movimientos sociales”. “No basta solamente con que grupos de expertos intenten, con las mejores intenciones, llevar adelante reformas, que en sus orígenes quizás hasta podemos estar de acuerdo, sino que tiene que haber una participación genuina de las organizaciones sociales”, dijo en referencia a la transformación educativa y la reforma jubilatoria.
En el desglose por rama de actividad, el estudio de la UCU marca que la conflictividad en 2022 estuvo concentrada en dos sectores: la educación, cuyos gremios se movilizaron en reclamo de mayor presupuesto y en rechazo a la reforma educativa, registró 48%; en tanto, la construcción registró 30%. Esto último, en parte, porque el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) tiene definido detener las actividades al día siguiente de la muerte de un trabajador.
“Lamentablemente este año fueron seis accidentes de trabajo, siempre que hay un fallecimiento es grave y a todos nos afecta”, dijo O'Neill. No obstante, consideró que el paro automático del Sunca “es algo que debería revisarse”. “¿No será hora de plantear otras medidas que no sean la paralización de las actividades, como una asamblea de seguridad en todos los sectores de trabajo, involucrando al sector empresarial?”, preguntó.
El presidente de la Cámara de la Construcción agregó que otro factor importante de la conflictividad en el sector estuvo en cuestiones que “no tienen nada que ver con salarios o condiciones de trabajo”, como por ejemplo el referéndum de la LUC, “no perder las conquistas”, demandas de más inversión pública, “cosas a las cuales los empresarios no podemos dar una respuesta”.
El compromiso de recuperación salarial
Finalizada la emergencia sanitaria, con una economía en crecimiento, que ya superó el nivel prepandemia, “los salarios reales aún no crecen”, puntualiza el informe de la UCU. Asimismo, recuerda que, en el primer año de pandemia, trabajadores, empresarios y el gobierno firmaron un acuerdo puente con pérdida salarial, pero con el compromiso de recuperar el poder adquisitivo antes del final del mandato.
Al respecto, Daverede manifestó que “la pérdida salarial y la rápida recuperación del producto interno bruto nos ponen un desafío fuerte para la próxima ronda de Consejos de Salarios”, que a mitad del año que viene supondrá cerca de 190 mesas de negociación. El compromiso de recuperación salarial, sostuvo, “es un desafío que va a estar” y “seguramente aparezca en los lineamientos”.
“A veces, las negociaciones más complejas pasan en la propia interna del gobierno, cuando se van a presentar los lineamientos, porque obviamente esto hay que congeniarlo con [el Ministerio de] Economía, que pone mucho énfasis y mucho hincapié en el tema del empleo”, añadió.
Acerca de la conflictividad en 2023, el director nacional de Trabajo resaltó que “hay grandes reformas” que el gobierno “se ha puesto al hombro y las va a hacer”, dos de las cuales, la jubilatoria y la educativa, “ya han generado conflictividad”. El informe de la UCU agrega como otros temas potencialmente conflictivos la negociación salarial en el sector privado, la Rendición de Cuentas y las modificaciones a la ley de negociación colectiva en discusión en el Parlamento.
En resumen, el pronóstico de la UCU es que en 2023 habrá “una alta conflictividad laboral”. En ese sentido, Pereira coincidió en que “hay ejes de tensión” que pueden provocar “una alta conflictividad”. A su criterio, esto dependerá de “dónde ponemos el eje y cómo se posiciona cada uno desde el lugar que tiene”.