En un salón abarrotado, este martes se realizó un debate sobre la reforma del régimen de certificaciones médicas en el sector público, impulsada por el Poder Ejecutivo a través de la Rendición de Cuentas, actualmente en discusión en el Senado. El evento, organizado por la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), tuvo lugar en el edificio anexo del Palacio Legislativo y contó con la participación de la senadora nacionalista Graciela Bianchi, la diputada frenteamplista Bettiana Díaz y representantes del movimiento sindical, feminista y la academia.
Para Bianchi, Uruguay tiene “una enorme cantidad de funcionarios públicos”, lo cual constituye “un problema”. “¿Ustedes son culpables?”, preguntó al auditorio, compuesto mayormente por empleados estatales. “No”, respondió, “yo tampoco, yo fui y soy funcionaria pública, pero llegamos a un punto en que tenemos que ver la realidad y tratar de llegar a una solución, más por la gestión que por las leyes”.
Yendo al centro de la cuestión, la senadora identificó otro inconveniente: “Hay médicos que dan certificados falsos”. Si bien aclaró que la mayoría de los profesionales son “personas buenas y honestas”, afirmó que también “hay de los otros”. Al respecto, señaló que “perseguir” la falsificación de un certificado sólo puede hacerse por “querella de falsedad”. “Un proceso penal que imagínense... No podemos ni con los homicidios, ¿vamos a perseguir los certificados médicos? Es realmente complicado”, manifestó.
En síntesis, el Poder Ejecutivo propone a través de una serie de artículos de la Rendición de Cuentas limitar la licencia médica en el sector público a nueve días al año por trabajador. A partir del décimo día, el funcionario público cobraría el 75% del salario. Según datos de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC), 45% de los empleados estatales estuvo certificado al menos una vez durante 2021; el promedio de días entre quienes se certificaron fue de 34 días.
A su turno, Díaz afirmó que la reforma del gobierno “no es una solución” para mejorar el control de las faltas por enfermedad, aunque valoró que en el pasaje del proyecto presupuestal por la Cámara de Representantes se logró extender de cuatro a nueve días el tiempo de licencia médica sin descuento salarial.
La diputada frenteamplista dijo que el cambio perjudica “básicamente” al Ministerio del Interior (MI). En base a cifras oficiales, en búsqueda de contexto para “ver quiénes son los que están de vivos”, indicó que, en 2021, de un promedio total de 22.815 días, el MI tomó 14.785 días. Agregó que en el año 80% de los días de certificación médica correspondieron al MI, “por si a alguien le queda alguna duda de a quién va a afectar esta medida”.
En caso de concretarse la reforma en el sector público, Díaz manifestó su “preocupación” porque, en el tema de la salud mental, “esto no termine siendo una condicionante para que la gente vaya a trabajar estando enferma”. Subrayó especialmente la posible afectación a la salud mental de los policías.
En tanto, Bianchi expresó que hay una “enorme inequidad” entre las licencias médicas del sector público y las del sector privado, “lo cual genera un enfrentamiento entre trabajadores que no es bueno”. Aseguró que hay “muchas” situaciones de “abuso” detrás de las certificaciones.
Al comienzo de su oratoria, la senadora se autodefinió como una persona “con la que se puede hablar, a pesar de la fama que tengo”. Al cierre, pidió “confianza” a los sindicatos públicos para “seguir negociando” y que “los días sean lo más reducidos posible”. Aunque la Rendición de Cuentas “no es la mejor instancia para tratar este tema”, destacó que el Poder Ejecutivo está intentando “tratar de resolver un problema”.
“Un claro sesgo de género”
Antes de las intervenciones de las legisladoras, Lilián Abracinskas, directora de la organización Mujer y Salud en Uruguay (ONSC), indicó que “cada decisión que se toma” como política pública tiene, desde una perspectiva de equidad de género, dos posibles caminos: “O va hacia el camino de erradicar las desigualdades de género, o va hacia el camino de profundizarlas”.
En ese sentido, afirmó que el informe de la ONSC, que aportó información para la propuesta del Poder Ejecutivo, “tiene un claro sesgo de género”, que “no ve diferencias estructurales”. Según Abracinskas, en el documento se presenta a las mujeres como “las que más se certifican”, obviando las cifras del MI, que “representa 80% de los días de certificación en la administración central en 2021”. “El problema son las fuerzas policiales y las Fuerzas Armadas, donde hay una mayoría de población masculina”, añadió.
En sintonía, Flor de Liz Feijoo, secretaria de Género, Equidad y Diversidad del PIT-CNT, cuestionó que si bien “a todos les van a recortar” salario, “tanto a varones como a mujeres”, el Poder Ejecutivo “argumenta específicamente” sólo contra las mujeres, “argumentando que las compañeras tienen tareas de cuidado”. A su juicio, “no hay ningún interés por solucionar el problema”.
“El afán es recaudatorio”
“Acá hay 90 millones de dólares en juego”, dijo Martín Pereira, presidente de COFE, al cierre de la actividad. Ese dinero, sostuvo, “es salario de los trabajadores”, que se reduciría a través del descuento salarial por certificación médica. “Por eso decimos que el afán es recaudatorio y no para corregir las situaciones que están mal”, expresó.
En línea con el Poder Ejecutivo, Pereira opinó que “no hay lugar en el Estado para el que está abusando” de la licencia médica. Sin embargo, aseguró que el planteo del gobierno “no le cambia la realidad” al funcionario público en infracción. “Si alguien no va ex profeso porque consigue certificaciones médicas, y en vez de ganar 50 gana 35, va a seguir haciéndolo. No le va a cambiar, pero sí le va a cambiar al compañero que se enferma y a los nueve días le van a descontar el 25% del salario”, señaló.