Menos de 72 horas fueron suficientes para que la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) reuniera unas 14.000 firmas para presentar, el 31 de julio, un recurso en contra del decreto presidencial que reglamentó el regimen de certificaciones médicas en el sector público.
Dos días después de que COFE presentara el recurso, en el marco de la comparecencia de Presidencia en la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, planteó que el decreto comenzará a aplicarse en 2024 y no tendrá efecto retroactivo. “El gobierno reculó en chancletas, echó para atrás”, dijo al respecto el secretario general de COFE y vicepresidente del PIT-CNT, José Lorenzo López, este viernes en entrevista con el programa Doble click, de Del Sol FM.
El dirigente sindical dijo que el Ejecutivo no sólo decidió dejar en stand by el nuevo decreto, sino que decidió convocar a COFE para una reunión con la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC), organismo que, al igual que el sindicato, no fue consultado para la elaboración y redacción de todo el decreto, aunque en el texto del decreto se afirma que “se ha recabado el asesoramiento” de la ONSC a tales efectos.
El decreto establece que cada empleado estatal tendrá un máximo de nueve días al año de licencia remunerada para “cubrir períodos de inasistencia, alternada o consecutiva, por enfermedad”. Luego, a partir del décimo día de inasistencia en el año, de forma alternada o consecutiva, los funcionarios cobrarán “un monto equivalente al 75% o al 100% de su salario por todo concepto según corresponda”. Eso está en el artículo 10 del decreto, que agrega que quedan excluidos los beneficios sociales, la antigüedad, las partidas por locomoción, viáticos y horas extras.
López sostuvo que desde el inicio de esta administración el gobierno expresó su voluntad de modificar el actual sistema de licencia y subsidio por enfermedad para funcionarios públicos, pero por “diferentes razones” se fue postergando. Asimismo, recordó que las modificaciones actuales fueron aprobadas en el marco de la Rendición de Cuentas de 2022, pero nada ocurrió. Hasta que, de un día para el otro, el Poder Ejectuvo anunció la aprobación de este decreto y COFE no demoró en reaccionar.
De todas formas, el vicepresidente del PIT-CNT apuntó que no es casualidad que se presente este decreto ahora, en medio de la discusión de la Rendición de Cuentas. En ese sentido, argumentó que ante las críticas de la oposición, pero también de legisladores del oficialismo, que recibió la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, por la falta de recursos incrementales para algunos organismos, como, por ejemplo, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), el gobierno tuvo que rebuscarse para “atacar este tema” y es ahí cuando surge esta medida.
“Nosotros nos enteramos porque nos dijeron desde los ministerios de Economía y Trabajo que el propio presidente del Consejo Directivo Central de la ANEP, Robert Silva, fue a hablar con el presidente [Luis Lacalle Pou] para decirle que los fondos que se necesitaban para la ANEP se podían sacar del ahorro de lo que podría ser el cambio de régimen de licencias médicas”, contó López.
“Ahí se acelera un proceso y se define un decreto unilateralmente, sin negociación colectiva. Un decreto para aplicar la ley, que va incluso más allá que la propia ley, porque, por ejemplo, establece que todos los organismos que no estaban comprendidos se puedan incluir a este régimen”, agregó. Asimismo, planteó que el decreto contiene algunas “aberraciones”, por ejemplo, con relación a las enfermedades graves; el gobierno determinó que a aquel que esté enfermo primero se le descuenta el sueldo, y después, si el trabajador reclama, se le reintegra lo que se descontó.
El secretario general de COFE apuntó que “evidentemente” no comparten el régimen propuesto porque no se corresponde con las condiciones de trabajo de los funcionarios públicos y consideró que “debería mantenerse” la normativa actual. Asimismo, planteó que la estrategia del Poder Ejecutivo es “volcar” el ahorro que surja de las licencias médicas para “cubrir el gasto que no incrementó en el presupuesto este año”.
Discutir las causas
El dirigente sindical también desestimó los planteos de que este decreto es una forma de equiparar la situación entre públicos y privados por dos motivos. Por un lado, sostuvo que en el régimen privado “el 80% de los consejos de salarios ya tienen acordado que la diferencia entre el subsidio del Estado y el 100% del salario del trabajador lo paga la empresa”.
Por otro lado, planteó que eso no ocurriría en el sector público. “Acá no es un subsidio, es una rebaja salarial”, afirmó, y explicó que el Estado no suspende el contrato de trabajo, por lo tanto, lo que se aplica es una reducción salarial del 25% a partir del décimo día, y no “hay manera de compensar por un convenio salarial”.
El dirigente sindical también reclamó que si se quiere “equiparar”, que se haga en todos los sentidos, porque en el sector privado a los trabajadores les descuentan los tres primeros días y a partir del cuarto se retiene el 30% del salario.
Con relación a la crítica que hacen las autoridades sobre la cantidad de licencias médicas al año en el sector público, López reconoció que se “debe hacer algo”, pero apuntó que primero “sería bueno” estudiar las causas de por qué han aumentado las licencias en algunos sectores, como en la educación y entre los policías. “En el MI la tasa de suicidio ha crecido abruptamente… ¿no tendrá que ver con la tarea, con las condiciones de trabajo, con la situación en la que viven los efectivos del MI?”, se preguntó, y sostuvo que lo mismo ocurre en la enseñanza, sobre todo para las y los docentes de centros de educación de contextos críticos. No obstante, dijo que el gobierno “no quiere discutir eso, lo que quiere es ahorrar esa plata para cubrir otros agujeros”.
Después de hacer ese análisis, si se constatan abusos de parte de las y los funcionarios públicos, “hay que arrancarle la cabeza al que está abusando. Sin contemplaciones”, planteó López, y aseguró que desde el sindicato “levantamos las dos manos para votar cualquier tipo de sanción que el gobierno entienda conveniente, porque no tenemos contemplaciones con eso”.