El conflicto entre la Asociación de Trabajadores de Copsa (ATC) y la empresa, con el transcurso del tiempo, con avances y retrocesos, ha provocado cierto grado de desgaste en las partes. Reuniones bipartitas y tripartitas, propuestas, negociaciones, medidas de lucha, pero principalmente dos posiciones defendiendo sus intereses sin una salida definitiva que las satisfaga.
Una de las partes tiene a los trabajadores nucleados en ATC, que desde hace años vienen reivindicando proteger la fuente laboral y el pago regular de un salario, algo que se ha visto afectado en diversos momentos. Pero en esas soluciones que se buscan y necesitan, el sindicato en ocasiones es un espectador de lujo, principalmente cuando las decisiones deben ser tomadas por el gobierno, las cuales requieren también de la intervención de la empresa.
Al respecto, el dirigente de ATC, Luis Mila, habló con la diaria, y aportó otra mirada de algunos temas que tienen a los trabajadores de la empresa en el medio, y a la espera de conocer cómo y cuándo llegará esta historia a su final.
El integrante del Ejecutivo del sindicato fue consultado acerca de la opinión de la organización sobre el informe encomendado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) en marzo de 2022, realizado por el economista Gonzalo Márquez, consultor especializado en movilidad y transporte, y financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, y que reclama ver el directorio de la empresa. Ese trabajo analiza la estructura de costos del transporte y la paramétrica del boleto suburbano.
El dirigente afirmó que no tienen “cómo saber si ese informe será definitivo”, pero “llama la atención” que “hace mucho tiempo está listo”. “No es un informe que lleve uno o dos meses. De esto se viene hablando hace un par de años. Entonces, llama la atención que el Poder Ejecutivo lo tenga bajo reserva. De hecho, la empresa pidió tener acceso al informe y, a través de la Justicia, se guardó hasta el 1° de marzo de 2025. Ese informe tiene su importancia, y aunque no laude nada, debe hablar de cosas que, por cómo se está manejando, quizás favorecen a la empresa en su reclamo. Eso es lo que suponemos”, opinó Mila.
Sostuvo que en ATC tampoco se conoce lo que dice el informe, “si se ajusta a la realidad o no”, pero “por la forma de actuar de unos y otros, nos hace pensar que ese informe habla de que se deben hacer ajustes en favor de la empresa, porque esto viene desde la equiparación, cuando se equipararon los salarios del sector urbano y suburbano. Y si están equiparados los salarios, lo lógico sería estar equiparados en subsidios también”.
Acerca de cómo observan desde ATC el papel que ha cumplido en el conflicto el MTOP, Mila comentó que días atrás le llevaron a Pablo Labandera, director nacional de Transporte, el programa del Partido Nacional, a quien pertenece el jerarca. “El documento expresa todo lo que hay que hacer, que es todo lo que reclama la empresa. Allí incluye lo del abono para estudiantes y lo de la paramétrica. Vemos una inacción hacia el sector. Porque pasa que el sector suburbano depende del Ministerio de Transporte, diferente a los urbanos, que dependen de la intendencia. Estamos como en un limbo”, sostuvo.
“Nos sentimos muy desamparados. Lo que tenemos acá son trabajadores que no cobran. El MTOP habla de garantizar el servicio y está perfecto. Es de lo que se trata el transporte. Ahora, se habla de la lógica de garantizar el servicio, pero si la lógica lo que hace es en base a que trabajadores de una empresa, que es el 50% del sector, estén sin cobrar determinados conceptos desde hace años, es inasumible. En un Estado de derecho se supone que hay ciertas garantías para los trabajadores, pero acá no las estamos viendo”, añadió Mila.
“Realmente no hemos tenido respuestas en ningún lado. En esta última ronda de conversaciones hemos estado con todas las comisiones de Transporte del Parlamento, hemos hablado con diputados del Frente Amplio, y no notamos que haya una implicación real con los trabajadores de Copsa”, sostuvo.
Las sociedades de hecho: “una figura nefasta para los trabajadores”
Mila entiende que una de las opciones que afectan hoy el transporte, con origen entre los años 2016–2017 -dentro de Copsa-, son las denominadas “sociedades de hecho”, las cuales, a su consideración, “han debilitado mucho al transporte”. Hace años, la empresa propuso que los trabajadores dependientes se pasaran a esta figura jurídica y una importante cantidad optó por eso.
Mila dijo que “son como empresas unipersonales”, y que desde su punto de vista, “es una figura nefasta para los trabajadores, porque es una persona que no tiene aportes ni derechos”.
Acotó que en otros países es diferente, pero que en Uruguay “se les paga licencia, aguinaldo, cuando realmente no corresponde. Es como abaratar el trabajo, y los trabajadores estamos conviviendo con las sociedades de hecho, a las que, por ejemplo, en Copsa se les paga tiempo y medio la hora extra, en vez de pagarle doble como a un trabajador, con lo cual, a todos los niveles, las sociedades de hecho son mucho más baratas que un trabajador sindicalizado”.
Dijo que eso, con el tiempo, “ha provocado también que la cantidad de trabajadores estuviera mermando, y hoy en muchas empresas somos minorías dentro del transporte. Eso debilita enormemente al sindicato”. Actualmente, de lo que son choferes y guardas, en Copsa hay unos 500, y de esa cantidad, más de la mitad están bajo el régimen de sociedades de hecho.