El miércoles la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados recibió a las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en el marco de la discusión del proyecto de ley de protección de deudores de bajos recursos, cuya redacción modificaría sustancialmente el articulado de la Ley 18.121 (de tasas de interés y usura). Entre otras cosas, la iniciativa reduce las tasas máximas de interés permitidas, que pasarían del 55% al 35% por encima de las tasas medias del mercado fijadas mensualmente por el Banco Central (BCU).
La iniciativa también propone la creación de nuevos mecanismos de reestructuración de deudas de créditos al consumo de personas físicas, con el establecimiento de un procedimiento específico de reclamo por la vía administrativa. El texto define una instancia obligatoria ante la Unidad de Defensa del Consumidor del MEF, que ampliaría sus competencias a la conciliación de deudas, el control de cobranzas, la posibilidad de imponer sanciones y el registro de reestructuraciones.
En caso de no haber acuerdo en la instancia administrativa, se definiría en un proceso judicial en el que el juez estaría habilitado a imponer una solución obligatoria para las partes. Las opciones incluirían la quita de capital, la reducción de intereses y extensión de plazos y un límite del 30% del ingreso líquido del deudor para las cuotas. No obstante, el artículo 29 del proyecto establece que la reestructuración forzosa “solo podrá comprender operaciones cuyo capital o precio inicial fuese inferior al equivalente a 50.000 UI [unidades indexadas]” (actualmente, unos 325.000 pesos).
El proyecto fue concebido con foco en los sectores de menores recursos, por lo que se establecieron una serie de requisitos para ser comprendidos dentro de la reestructuración. Quienes quieran apelar al procedimiento no podrán poseer inmuebles, salvo una vivienda única con valor de hasta 700.000 UI, ni poseer bienes muebles por hasta 75.000 UI, tampoco percibir ingresos líquidos anuales iguales o menores a 150.000 UI.
El proyecto en debate
El subsecretario del MEF, Martín Vallcorba, sostuvo que para el Poder Ejecutivo el proyecto es “bienvenido” y debe reconocerse que existe un “problema”, aunque mantuvo reparos en algunos puntos de la redacción actual. “Tenemos que reconocer que la solución no es sencilla y que en su diseño debemos evitar que, en definitiva, el resultado no termine siendo peor al que tenemos en la actualidad”. No obstante, el jerarca definió el crédito como una herramienta positiva y advirtió que regulaciones demasiado restrictivas podrían expulsar a personas del mercado formal y empujarlas al informal.
En conversación con la diaria Verifica , la exjueza y fundadora de la Asociación Uruguaya de Consumidores Unidos, Dora Szafir, defendió el proyecto de ley y afirmó que representa “un avance muy importante” tanto para atender el sobreendeudamiento como para prevenir nuevos casos mediante modificaciones a la ley de usura. Szafir participó desde el inicio en la elaboración de la iniciativa y fue la redactora del proyecto impulsado por Cabildo Abierto en la legislatura pasada.
La exjueza también advirtió que uno de los principales problemas del sistema actual es que las tasas medias de interés publicadas por el BCU incluyen a instituciones financieras no bancarias que cobran intereses mucho más altos que los bancos tradicionales. A su entender, eso “distorsiona” el promedio y termina habilitando tasas máximas excesivas. “Es tan fácil como subir un poco las tasas para que esa diferencia no incida”, afirmó al cuestionar el mecanismo actual de cálculo de la usura.
Además, Szafir consideró insuficiente la reducción de los topes prevista en el proyecto, del 55% al 35% sobre la tasa media para créditos al consumo, si no se modifica también la composición de ese promedio. “Si subís la tasa promedio, cambiaste el mismo esquema y vas a tener el mismo tipo de interés”, sostuvo.
También discrepó con la afirmación de Vallcorba de que no existe un problema generalizado de sobreendeudamiento en Uruguay. Como contrapunto, mencionó que hay “1.000.000 de personas en el Clearing [de Informes]” y “660.000 personas en categoría 5 del BCU”, datos que, según dijo, evidencian la magnitud del problema en sectores vulnerables.
Szafir insistió además en que la iniciativa apunta únicamente a deudores vulnerables y de buena fe. “Es una ley para los pobres, no es una ley para el que está endeudado y es rico”, señaló. En ese sentido, afirmó que muchas instituciones financieras otorgan créditos de forma “irresponsable” a personas que claramente no tienen capacidad de pago. “Si gana 50.000 pesos, ¿cómo le vas a poner una cuota de 30.000? Sabés que no lo va a poder pagar”, expresó.
Medidas paliativas
De acuerdo con el grupo de trabajo Endeudamiento ¡Uy!, conformado por integrantes de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración y de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República (Udelar), de la Asociación de Bancarios del Uruguay y del Instituto de Promoción Económico Social del Uruguay, a diciembre de 2023 unos 2.100.000 uruguayos mantenían alguna deuda con el sistema financiero, de los cuales unos 800.000, el 40%, se encontraban en situación de impago.
También establecieron en 650.000 la cantidad de personas que están registradas con dificultades de pago en el Clearing de Informes, base de datos privada a cargo de la empresa Equifax que registra el comportamiento comercial y crediticio de personas y empresas.
Este panorama derivó en que, durante 2025, las instituciones del sector financiero privado impulsaran una campaña de reestructuración y condonación de deudas que implicó la negociación de 204.000 deudas. Del total, 117.617 fueron canceladas, en su mayoría de forma automática por ser montos inferiores a 5.000 pesos, y otras 95.406 fueron reestructuradas.
Por su parte, la economista del Instituto de Economía de la Udelar e integrante del grupo de trabajo, Graciela Sanromán, definió la medida como “positiva”, aunque con resultados limitados frente a la magnitud del problema de endeudamiento en Uruguay. Según explicó, el principal efecto favorable del programa fue permitir que unas 100.000 personas con deudas menores recuperaran automáticamente su calificación crediticia mediante una remisión de deuda. Sin embargo, señaló que el impacto fue mucho menor entre quienes debían renegociar pasivos de mayor monto. “Consultó mucha gente, pero poca hizo el acuerdo de reestructura”, afirmó. De acuerdo con los datos que manejó, hubo alrededor de 550.000 consultas, pero menos de 160.000 reestructuras efectivas, y muchas de esas personas “pagaron alguna cuota, pero después dejaron de pagar”.
Sanromán indicó que, pese a esas dificultades, el programa logró contener parcialmente el aumento sostenido de la morosidad registrado en los últimos años. Explicó que actualmente existen unos 800.000 deudores en el sistema financiero uruguayo y sostuvo que la iniciativa permitió reducir en unas 20.000 personas la cantidad de usuarios ubicados en categoría 5, el nivel más alto de incumplimiento crediticio. “En ausencia del programa, seguramente la cantidad de personas en calificación 5 hubiera aumentado”, señaló, y valoró que al menos se haya conseguido frenar parcialmente esa tendencia.
A su vez, la economista explicó la categoría de “castigado” dentro del sistema financiero, aplicada a una deuda cuando permanece demasiado tiempo en mora; en ese caso, el BCU obliga a las instituciones financieras a contabilizarlas como pérdida. No obstante, aclaró que eso no implica que la persona deje de figurar como deudora. “Para el banco eso ya no pesa en sus activos, pero la persona sigue estando en el sistema como deudora”, explicó.
La investigadora cuestionó las elevadas tasas de interés aplicadas en el crédito al consumo y reclamó una reforma profunda de la ley de usura: “Estamos hablando de tasas de más de 100% con una inflación del 4% o 5%. Realmente son tasas excesivas”.
A su entender, el actual mecanismo legal, que fija el límite de usura como un porcentaje por encima del promedio del mercado, termina validando tasas cada vez más altas. Recordó que, desde fines de la década del 2000, las tasas medias comenzaron a subir de forma sostenida pese a que no aumentaron ni la inflación ni el costo del crédito. Según señaló, las tasas de usura pasaron de niveles cercanos al 90% anual a ubicarse entre el 140% y el 150%.
Sanromán dijo que el sistema financiero uruguayo presenta problemas de concentración y escasa competencia. “La dispersión de tasas de interés es un indicador inequívoco de esa falta de competencia”, afirmó, y añadió que las administradoras de crédito están fuertemente vinculadas a los bancos privados. También apuntó que el sector posee “un gran poder de lobby” y cuestionó que el nuevo gobierno aún no haya dado “señales claras” de impulsar una agenda de cambios en esta materia.
En relación con posibles alternativas, la economista defendió un papel más activo de la banca estatal, especialmente del BCU, para ampliar el acceso a créditos con tasas más bajas. Consideró que la institución viene desarrollando una política orientada a extender el crédito al consumo más allá de su clientela tradicional y sostuvo que puede cumplir una función importante para generar mayor competencia en el mercado.
Sanromán también alertó sobre las debilidades de los mecanismos de control y protección a los consumidores financieros, y recordó el informe reciente de la Unidad de Defensa del Consumidor que detectó irregularidades en la publicidad de créditos al consumo, como la inclusión de mensajes engañosos y la falta de información clara. “No hay control de esas reglas”, sostuvo, y cuestionó que el sistema dependa de que las propias personas afectadas presenten denuncias para detectar situaciones de usura. A su juicio, esto resulta especialmente problemático porque la publicidad está dirigida principalmente a hogares de bajos ingresos, que terminan accediendo a préstamos con tasas superiores al 130% anual. “Ese mecanismo no está funcionando, hay algo que hay que cambiar”, concluyó.
Récord de deudores “irrecuperables”
De acuerdo con datos del BCU, en los últimos cinco años se incrementó en más de 100.000 la cantidad de personas incluidas en la categoría 5 de la clasificación de la Central de Riesgos Crediticios, que comprende a los deudores “irrecuperables”. Este grupo evolucionó de 624.089 personas en diciembre de 2021 a 738.637 en marzo de 2026, cifra que se ubica en niveles récord. De hecho, los datos reflejan la escasa incidencia, al menos inmediata, del programa de reestructuración de deudas, ya que en el correr de 2025 la cantidad de deudores irrecuperables aumentó en casi 50.000.
Por otra parte, el BCU registró un aumento sostenido de personas físicas con deudas activas, contingente que pasó de 1.863.878 personas al cierre de 2015 a 2.253.404 personas al cierre de 2025, lo que representa el 64,4% de la población total del país.