Esta semana, la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida y el colectivo Tucu Tucu -integrado por activistas de San José- presentaron una medida cautelar de “no innovar” con el objetivo de suspender la adjudicación de la licitación pública internacional del proyecto Arazatí-Neptuno. Según el documento al que accedió la diaria, se trata del paso previo a un juicio que iniciarán contra el Ministerio de Ambiente (MA), el Ministerio de Salud Pública (MSP) y OSE. Su idea con este recurso es “conservar la situación tal como se encuentra para que, en el futuro, la sentencia del proceso principal pueda aplicarse o ejecutarse de manera efectiva”. Cabe resaltar que, en 2022, la Institución Nacional de Derechos Humanos había recomendado a las autoridades “no innovar, ni continuar” con la licitación.
En el recurso piden que la medida cautelar se mantenga hasta que “el proyecto se ajuste a los términos de la Constitución, en cuanto a que el servicio público de abastecimiento debe ser prestado exclusiva y directamente por el Estado”; “se establezca una planificación de los recursos hídricos de acuerdo a los estándares internacionales y nacionales del derecho humano al agua, realizando un estudio de impacto medioambiental y de ordenamiento territorial con la participación real en el ámbito de los Consejos Regionales y Comisiones de Cuenca”; y “se ofrezcan garantías respaldadas por la comunidad científica acerca de la sustentabilidad ambiental de las obras y la calidad del agua potable a suministrarse del Río de la Plata”.
Recuerdan que existen “argumentos científicos, jurídicos y económicos que indican la inconveniencia de esta iniciativa” y que “dejar parte de la gestión del servicio público de abastecimiento de agua potable para el consumo humano en manos de empresas privadas implica ceder soberanía, ya que el Estado quedará sometido al cumplimiento de obligaciones por parte de terceros”.
A su vez, sostienen en el documento que “si bien todos somos conscientes de que el abastecimiento de agua potable se ha convertido en un desafío para el país en virtud de las condiciones climáticas actuales, esto no justifica la realización de cualquier proyecto bajo cualquier condición”. “La actual problemática de crisis de agua potable, que afecta a los 1,7 millones de habitantes de Montevideo y su área metropolitana, junto con las incertidumbres sobre la calidad de agua suministrada a la población al mezclar el agua dulce de Paso Severino con agua del tramo inferior del río Santa Lucía, que se encuentra más cerca de la desembocadura del Río de la Plata y, por ende, es más salobre por provenir del estuario, nos lleva a cuestionar aún más la idoneidad de tomar directamente agua del Río de la Plata”, manifiestan.
Aquí resulta clave aclarar que el proyecto Arazatí no prevé contar con una desalinizadora, sino que, durante períodos de hasta 70 días de salinidad, se contará y tomará agua de una laguna artificial. Sin embargo, en el informe de viabilidad de la iniciativa, presentado por OSE al MA hace unas semanas, se reconoce que la reserva, “en caso de que se den las condiciones necesarias, puede ser un foco de generación de eutrofización de los cursos de agua de la zona con los que se tenga vinculación”. La eutrofización es producida por el exceso de nutrientes, y uno de los síntomas palpables de este proceso son las floraciones de cianobacterias potencialmente tóxicas.
Las omisiones
En la medida cautelar se afirma que tanto OSE como el MA y el MSP, “con sus actos, hechos y omisiones”, han “vulnerado” preceptos constitucionales, legales y reglamentarios “en materia del derecho al agua, al medioambiente y al ordenamiento territorial”.
“Las autoridades señalan a esta inversión como la más importante en agua potable de los últimos 150 años, la cual ‘brindará la seguridad necesaria para acceder al agua potable sin perjuicio de sequías o fallas técnicas’. Esta afirmación refuerza la idea de que el proyecto debería haber sido tratado como política nacional de aguas y no como una simple obra constructiva regulada por una ley de reactivación económica de la industria de la construcción del año 2002”, plantean. En el mismo sentido, declaran que dada la trascendencia del proyecto, “deberían haber activado desde el inicio mecanismos de control y participación previstos por la normativa constitucional y de derechos humanos”. Por esta razón, resaltan que el MA ha “incumplido con sus competencias al permitir que OSE deliberara junto a un consorcio de empresas privadas sobre asuntos que corresponden a la política nacional de aguas, tales como las diferentes acciones de planificación y gestión sobre los recursos hídricos y el territorio implicados en el proyecto Neptuno-Arazatí”.
Plasman que la empresa estatal tiene entre sus cometidos “la prestación del servicio de agua potable y el estudio y construcción de obras”. No obstante, indican que “ha excedido sus competencias al tomar decisiones sobre la política nacional de aguas y las nuevas fuentes de agua para potabilizar”.
Asimismo, consideran que la “inacción” del MSP constituye “un incumplimiento directo de sus deberes, ya que no ha ejercido la función de prevención que le corresponde con relación a la calidad del agua que se suministrará a la población”. “Es imperativo destacar que estamos tratando asuntos cruciales que involucran la calidad de nuestras fuentes de agua, la salud de nuestros territorios y la vida misma. Este proyecto representa una amenaza a la seguridad sanitaria de más del 60% de la población del país, debido al riesgo de suministrar agua para consumo humano con niveles variables e inaceptables de contaminantes, además de ser insuficiente para enfrentar eventos prolongados de déficit hídrico”, agregan. Entienden que el deber del MSP, como ente responsable de la salud pública, es exigir que “se garantice un agua potable de calidad y segura, y su omisión en este asunto compromete la salud y el bienestar de la población del área metropolitana”.
Finalmente, en el texto expresan que el proyecto Arazatí es “claramente inconstitucional” porque el Estado “no puede depender de la gestión privada en fases necesarias e imprescindibles del proceso de abastecimiento de agua potable, el cual debe ser prestado exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales”. El objetivo de las organizaciones sociales es que el agua no se convierta en un negocio, y agregan que hacer lugar a la medida cautelar implica otorgar a la sociedad el tiempo necesario para discutir la iniciativa.