“Si llegamos a perder a Arazatí y una no hizo nada, yo me muero. ¿Sabés todo lo que le debemos?”, decía Silvana Fernández, vecina de la pequeña localidad de Rafael Perazza ubicada en San José e integrante del colectivo Tucu Tucu, meses atrás a la diaria. Finalmente, pese al enfático rechazo de organizaciones sociales y académicas, OSE presentó el informe de Viabilidad Ambiental de Localización del proyecto Arazatí, anteriormente conocido como Neptuno, al Ministerio de Ambiente (MA).
En el documento –elaborado por la consultora CSI Ingenieros– se brindan detalles sobre dónde estará ubicada la planta potabilizadora que tomará agua del Río de la Plata y su laguna artificial que funcionará como reserva de agua dulce para los períodos de salinidad del estuario, el trazado de las cañerías, los posibles padrones que deberán ser expropiados, así como impactos socioambientales asociados. Con respecto a estos últimos, en el informe se identificaron 93 tipos de impactos: 27 tienen “potencial negativo significativo que necesitan una evaluación específica”; 31 tienen “potencial negativo que pueden ser eliminados o minimizados mediante la implementación de prácticas ambientales conocidas y que no demandan proyectos o estudios de ingeniería específicos”; y 35 “no son significativos” para la empresa consultora.
Por otra parte, el informe recomienda que la iniciativa sea tratada por la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental bajo la categoría C, que incluye los “proyectos de actividades, construcciones u obras, cuya ejecución pueda producir impactos ambientales significativos, se encuentren o no previstas medidas de prevención o mitigación”. Es decir, además del informe disponible, se requerirá “un estudio de impacto ambiental completo”, deberán solicitar la Autorización Ambiental Previa y realizar audiencias públicas, según determina el decreto 349/005.
Expropiaciones: ¿incluidas en los costos del proyecto?
El documento indica que la mayor parte de los componentes del proyecto Arazatí –obra de toma, estación de bombeo de agua bruta, planta potabilizadora, laguna artificial y monorelleno donde se dispondrán los lodos producto del tratamiento– se ubican en el departamento de San José, en “las inmediaciones” de la playa Arazatí, ubicada sobre la costa del Río de la Plata. Asimismo, el trazado de las cañerías por las que se trasladará el agua tratada se extiende 72,6 kilómetros desde la planta potabilizadora hasta la zona oeste de Montevideo, “donde se conecta con el sistema de distribución de agua potable en el recalque Melilla”. Por citar ejemplos, atraviesa la ruta 1, la ruta 5, el área protegida Humedales del Santa Lucía y las vías del Ferrocarril Central. Sin embargo, un punto que no ha estado sobre el tapete público hasta el momento consiste en que también se requerirá de “la imposición de expropiaciones y/o servidumbres en un gran número de padrones privados, a confirmar una vez que se tenga el Proyecto Ejecutivo”.
Deberán expropiar 230 hectáreas para la reserva de agua dulce, 17 hectáreas para la planta de tratamiento, 14,7 hectáreas para el monorelleno donde se dispondrán los lodos –hasta el momento no se tiene una ubicación definitiva y se proponen dos opciones en el informe–, dos hectáreas más para la estación de bombeo de agua bruta y se suman las “servidumbres necesarias para las líneas de impulsión de agua bruta y tratada, que tienen una longitud total de 90 kilómetros aproximadamente, en una faja con ancho previsto de 10 a 15 metros”. Las tuberías aductoras pasarán por “un total de 114 padrones”.
“Los suelos de la zona son de uso productivo con predominio de actividades agrícolas y forestales. Dependiendo del área a expropiar y las actividades que se realizan en cada padrón, se define el impacto. Las expropiaciones se realizarán de acuerdo con la normativa legal vigente [...] que les asigna una indemnización económica a los propietarios en compensación de la propiedad de la tierra y construcciones, así como eventuales daños y perjuicios. El precio se ajusta de manera de realizar una transacción que sea aprobada por los damnificados”, indica el informe.
Se admite también que la construcción “podrá afectar a los propietarios de los padrones por pérdida de una fracción de terreno y generar posibles efectos sobre la distribución predial y usos actuales del suelo”. “Se trata pues de un impacto socioeconómico sobre la población, el que debe dimensionarse en función de potenciales pérdidas de infraestructura y renta de los propietarios por inhabilitación de la zona afectada para las actividades productivas que actualmente realizan en dichos predios”, agregan. La empresa estatal también comenta que, “a priori, no se identifica la necesidad de realojos o afectaciones a infraestructuras privadas”, aunque se admite que existen edificaciones cercanas, como un aserradero y viviendas. Cabe preguntarse si el dinero que implicarán las expropiaciones está incluido en los costos del proyecto que ha brindado el Poder Ejecutivo, ya que parte de los predios aún no están definidos.
Obras de la primera etapa en el plano general del proyecto. Fuente: Informe de Viabilidad Ambiental de Localización
Reserva artificial: una pizca de agua dulce, sal y cianobacterias
El informe presentado por OSE sostiene que para “disponer de un volumen suficiente para el tratamiento y abastecimiento de agua potable a la población durante eventos de salinidad en el Río de la Plata, el proyecto prevé la construcción de un embalse de almacenamiento de agua bruta”, que se abastecerá de agua del estuario “en momentos en que la salinidad no sea elevada”. El informe señala que se tomó como criterio de diseño “un evento de salinidad de hasta 70 días consecutivos” y, por lo tanto, “el volumen útil mínimo de la reserva resulta en 15 hectómetros cúbicos”.
También se afirma que la extracción de agua desde el Río de la Plata “será nula mientras se mantenga la condición de salinidad”. Aquí vale recordar que un informe elaborado por científicos pertenecientes al Departamento de Ciencias de la Atmósfera y Física de los Océanos de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República advirtió que es esperable el registro de “eventos de salinidad extendidos por encima del umbral” de potabilidad en Arazatí.
Pero los posibles problemas del proyecto no se centran sólo en este punto. El documento de la empresa estatal también admite que “la existencia de un lago artificial permanente puede alterar el ecosistema local de la zona” y, además, “en caso de que se den las condiciones necesarias, puede ser un foco de generación de eutrofización de los cursos de agua de la zona con los que tenga vinculación”. La eutrofización es producida por el exceso de nutrientes y uno de los síntomas palpables de este proceso es, justamente, la floración de las cianobacterias potencialmente tóxicas. Este año, un grupo de investigadores del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias publicó un artículo –revisado por pares– en el que detectaron que en la zona de Arazatí las floraciones se dieron en todos los meses de 2021. Asimismo, alertaron sobre la “inconveniencia” de la instalación de la planta potabilizadora en el lugar, porque “de continuar las tendencias identificadas” se podría desembocar en “un grave problema” sanitario y económico.
Por si fuera poco, entre los impactos detectados por la consultora y escritos en el documento enviado al MA, se incluye que la reserva artificial podría modificar “escorrentías superficiales y régimen hidráulico de cursos de agua”, generando “erosiones”. A su vez, su “mala gestión” podría “contaminar las aguas subterráneas”. “El acuífero Raigón se ubica en la zona sur de San José, este acuífero es fuente de agua para abastecimiento de agua potable y uso industrial. La RAB [reserva de agua dulce] se ubicará en zona de recarga por lo que podrá interferir con la calidad de agua del acuífero”, describen. Un efecto similar podría generar la “mala gestión” del monorelleno donde se destinarán los lodos producto del proceso de potabilización.
¿Limpieza?
“Las tareas de limpieza y movimiento de suelos de los distintos elementos del proyecto implican la remoción de la vegetación y tala de especies, modificando el hábitat natural, y puede provocar una afectación significativa de la flora y fauna local tanto acuática como terrestre”, detalla el documento. También se explica que “el tramo final de la aductora, en el cruce del río Santa Lucía, discurre dentro de una zona SNAP [del Sistema Nacional de Áreas Protegidas], con presencia de flora y fauna nativa”. Por esta razón, la “pérdida de vegetación debido al despeje y tala” es uno de los impactos que se estiman. El informe incluso manifiesta que “el proyecto prevé el atravesamiento de varios cursos de agua, con su flora ribereña asociada, siendo que además existen ambientes categorizados como vulnerables y en peligro en el entorno a la estación de bombeo de agua bruta, la planta de tratamiento de agua potable y la reserva de agua bruta”. Describen, como ejemplo, que identificaron palmares protegidos por la Ley Forestal, cuya situación deberá analizarse “en detalle” durante “instancias más avanzadas”. Asociado a este impacto, también se espera la “migración o muerte de fauna debido a la destrucción del hábitat”.
Por otra parte, la toma de agua y la línea de conexión con las infraestructuras en tierra se ubican en “un área acuática prioritaria denominada Banco Ortíz”, caracterizada por “una alta riqueza de especies planctónicas, bentónicas y de peces”. Durante la obra se realizará la “remoción del material del lecho del Río de la Plata” que traerá como consecuencia la “alteración local de la calidad de agua debido a la suspensión de sedimentos que aumenta la turbiedad” y “el traslado de biota” por la afectación del hábitat. Este último punto deberá ser tenido en cuenta cuando más adelante se mencionen los efectos del proyecto para la población local. Continuando con la lista de impactos, se removerá “material dunar para la conformación de zanjas en la zona de la toma de agua”, lo que generará alteraciones de “la geomorfología y estructura del suelo, así como de la configuración y dinámica costera, por intervenciones en la Faja de Defensa de Costas”.
Por último, pero no menos importante, la iniciativa podría “limpiar” –siguiendo con la terminología utilizada en el documento– restos fósiles definidos como “valiosos”. “En el área de ubicación del proyecto se desarrolla la formación Villa Soriano, asociada a cursos fluviales. Su elevado potencial determinó la denominación de Arazatí como una localidad fosilífera. La Formación Dolores, en el tramo final de la línea de impulsión en San José, también se caracteriza por la presencia de restos fósiles de vertebrados y fauna marina”, expresan. Observar el lugar es como introducirse en una máquina del tiempo, pero sobre las posibles afectaciones que traería aparejado el proyecto ya se expresó un grupo de 17 paleontólogos y paleontólogas de la Facultad de Ciencias y el Museo Nacional de Historia Natural.
Los impactos locales
“En las inmediaciones de la obra de toma, la estación de bombeo de agua bruta y la línea de impulsión se encuentra el balneario Arazatí, con playas de paisaje agreste, ideal para el contacto directo con la naturaleza y en cercanía a sitios urbanos”, describe el documento, y recuerda que son suelos “sin erosión o con erosión leve”. Destaca que en el entorno cercano a donde se instalará la planta potabilizadora “se hallan dos puertos de pesca artesanal”, mientras que, en el tramo final de la línea de impulsión ubicada en el río Santa Lucía, existen tres puertos más. Señala que, según el último informe de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, en el 2018 se emitieron “35 permisos de pesca artesanal para embarcaciones sin motor y 101 permisos para embarcaciones artesanales con motor”. En este contexto, cobra importancia que “la captación de agua bruta podrá tener incidencias en la biota hídrica, especialmente con la fauna íctica, lo que afecta a los pescadores locales”. “Los cambios de calidad del agua por la actividad de dragado generan la alteración del hábitat de la fauna hídrica, que genera como consecuencia el ahuyentamiento de especies y afectación de la actividad reproductiva y su repercusión sobre la cadena trófica”, añaden.
El informe tiene 154 páginas y está disponible en el Observatorio Ambiental Nacional. Aquí sólo mencionamos algunos impactos de “potencial negativo significativo que necesitan una evaluación específica”. No se puede dejar por fuera que el informe presentado por OSE reconoce que la “interferencia a la navegabilidad y otros usos en la zona de playa” podría generar una “percepción social negativa”, especialmente al momento de las obras. Estas palabras tan frías plasmadas en el estudio de Viabilidad Ambiental de Localización se contrastan con la experiencia de Silvana, la vecina de Rafael Perazza. Para ella, su “única felicidad” de niña estaba en la playa Arazatí. El lugar la retrotrae a la memoria de su padre, por esta razón dice que Arazatí “no es sólo arena, agua, sol y sombra, también es historia”, y que “hay intereses económicos y los prefieren antes que el patrimonio de un pueblo”.