“Esto no es participación”, dice un cartel que sostiene una mujer durante la audiencia pública del proyecto Neptuno-Arazatí. La instancia se desarrolló desde las 18.00 de este jueves en el Club Social y Deportivo San Rafael, ubicado en la localidad de Rafael Perazza, en el departamento de San José. La sala estaba completa y un gran número de personas copó las calles circundantes y las carpas que fueron colocadas para la ocasión.
“No al proyecto Neptuno, ni privado ni público”, decía un cartel que está sostenido en la pared. “Neptuno, negocio para privados”, decía otro. Ambas manifestaciones son tan sólo un ejemplo de las tantas que podían observarse. La audiencia pública duró hasta tarde en la noche; el ambiente fue tenso, pero aquí adelantamos únicamente lo sucedido en la primera parte. Sin embargo, antes deberíamos preguntarnos cómo llegamos a esta instancia.
La historia del conflicto
En octubre de 2020, las empresas privadas Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast –reunidas en el Consorcio Aguas de Montevideo– presentaron el proyecto Neptuno. El objetivo de la iniciativa es construir una planta potabilizadora para abastecer el área metropolitana, una tubería de aducción –que pasaría por encima de cursos de agua y del área protegida Humedales del Santa Lucía, además de afectar predios productivos–, un monorrelleno para depositar lodos y una especie de reserva de agua dulce. Este último punto es crucial porque la iniciativa pretende tomar agua del Río de la Plata, en la zona de Arazatí, San José, para suministrar a más de la mitad de la población del país.
Un reciente informe del Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental (Imfia) de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, que tiene un convenio con OSE para monitorear el sitio, detectó que este sector del estuario posee “gran variabilidad ambiental” y que, desde junio de 2021 hasta la fecha, la salinidad estuvo por encima del umbral en 141,1 días. El proyecto no prevé tener desalinizadora, pero sí la reserva de agua dulce para no cortar el suministro en los períodos de salinidad. Este elemento ha sido fuertemente cuestionado por la comunidad científica por ser vulnerable ante el desarrollo de floraciones. A su vez, la zona de Arazatí es el área con mayor ocurrencia de floraciones fitoplanctónicas, tanto a nivel superficial como en la profundidad, en el Río de la Plata.
Río de la Plata a la altura de Arazatí.
Foto: Josema Ciganda
Las autoridades gubernamentales, en un momento que no es preciso, decidieron apodar de forma distinta al proyecto y comenzaron a llamarlo Arazatí. Desde hace cuatro años, organizaciones socioambientales, sindicatos, grupos de vecinos, académicos, políticos –incluidos los de la coalición de gobierno– que integran la Junta Departamental de San José, productores rurales de predios aledaños al sitio y más han manifestado su rechazo a la aprobación de la iniciativa basándose en diferentes argumentos. Un sector de los actores habla de “privatización” de la empresa pública que suministra el agua potable a la población y de que es una iniciativa inconstitucional porque viola el artículo 47 de la Carta Magna. Otro sector destaca que el Río de la Plata no es la fuente de agua de la que deberíamos abastecernos, por ejemplo, debido a las recurrentes floraciones, los niveles de salinidad, la falta de estudios sobre los niveles de plaguicidas, cianotoxinas, entre otros contaminantes, y porque es un estuario que es dependiente de otros países, lo que dificulta la soberanía en su cuidado. Asimismo, otro grupo de personas, como los ediles del Partido Nacional, el Partido Colorado y el Frente Amplio de San José, consideran que es necesario que las autoridades nacionales escuchen a quienes viven en el territorio que se verá afectado por la obra, y que se destine más tiempo para discutirlo con más elementos y estudios.
En paralelo, la discusión también llegó al Poder Judicial. En junio, el juez en lo civil de noveno turno, Alejandro Recarey, aprobó una medida cautelar de “no innovar” que presentaron la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida y el colectivo Tucu-Tucu, de San José. Las organizaciones buscaron suspender la adjudicación de la licitación pública del proyecto Arazatí-Neptuno para poder tener tiempo de iniciar un juicio contra el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Ambiente y OSE.
El objetivo es conservar la situación tal como se encuentra para que, en el futuro, la sentencia del proceso principal pueda aplicarse de manera efectiva. Pese a la disputa legal y la aprobación de la medida de no innovar, el proyecto continuó su trámite administrativo ante el Ministerio de Ambiente.
Desde entonces, el consorcio de compañías privadas y OSE presentaron el Informe Ambiental Resumen, se realizó la puesta de manifiesto –momento en que la ciudadanía puede opinar sobre la iniciativa en forma remota–, se pidieron nuevos informes complementarios y, de esta forma, llegamos a la audiencia pública. Es la última etapa donde la ciudadanía puede ser escuchada. Después, el equipo técnico del Ministerio de Ambiente elabora un informe en el que establece si el emprendimiento es admisible o no. Finalmente, el Poder Ejecutivo toma una decisión.
Es necesario destacar también que la última instancia obligatoria en la que los tomadores de decisiones escuchan a la ciudadanía se da en un contexto de denuncia. Sin ir más lejos, el Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias emitió un comunicado en el que asegura que, con los plazos establecidos por el Ministerio de Ambiente, es “imposible discutir con un mínimo de rigor académico los impactos ambientales” de la iniciativa. Además, expresan que “el análisis de la calidad del agua que se pretende potabilizar es insuficiente”. Por otro lado, el Movimiento por un Uruguay Sustentable emitió otra misiva el lunes en la que declara que la audiencia pública es “ilegal” por no respetar las etapas definidas en el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental (Decreto 349/2005).
Francisco Gross, director técnico del proyecto Neptuno, durante la audiencia pública en Rafael Perazza.
Foto: Mara Quintero
La audiencia
Los primeros en tomar la palabra en la audiencia pública fueron los privados que se encargaron de presentar la iniciativa, con Francisco Gross, director técnico, como principal figura. A lo largo de su exposición, que duró aproximadamente 40 minutos, la audiencia sostuvo carteles que decían “mentira” y “falso”. Más tarde, representantes de organizaciones sociales y científicas hicieron sus presentaciones. Una de ellas fue María Selva Ortiz, integrante de Redes-Amigos de la Tierra.
Ortiz destacó que el Informe Ambiental Resumen (IAR) que presentó el Consorcio Aguas de Montevideo tiene “las mismas graves carencias” y “problemas teóricos, metodológicos, de revisión bibliográfica” que caracterizaron a los informes previos de Viabilidad Ambiental de Localización y Estudio de Impacto de Ambiental.
La integrante de Redes-Amigos de la Tierra afirmó que en el Informe Ambiental Resumen se identifican “más de 200 problemas de manejo de información, carencias conceptuales y metodológicas que deben ser resueltas antes de otorgarse la Autorización Ambiental Previa o, en su defecto, negarla”.
Asimismo, cuestionó “dónde quedaron los aportes realizados por ciudadanos, academia y organizaciones sociales” hechos al proyecto. También hizo mención al artículo 47 de la Constitución de la República, que establece que la política nacional de aguas estará basada en “la gestión sustentable, solidaria con las generaciones futuras, de los recursos hídricos” y recordó que la normativa establece que “los usuarios y la sociedad civil participarán en todas las instancias de planificación, gestión y control de recursos hídricos” y que deberá sostenerse en “el principio por el cual la prestación del servicio de agua potable y saneamiento deberá hacerse anteponiendo las razones de orden social a las de orden económico”.
En ese sentido, Ortiz se remontó a 2021, cuando se hicieron las primeras presentaciones del proyecto Neptuno-Arazatí, y que desde entonces las organizaciones sociales sostienen que “ese emprendimiento, por su forma de gestación y contenido, incumple con las disposiciones del artículo 47 de nuestra Constitución Nacional”, y que “el proyecto y su mecanismo de promoción por parte del Ministerio de Ambiente y OSE no respetan aspectos claves de ese artículo”. “Después de tres años, es claro que este proyecto no sumó apoyos y no tiene consenso”, afirmó.
En 2004 también se estableció en el artículo 47 que “el servicio público de saneamiento y el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales”. “El pueblo uruguayo, por democracia directa, decidió que el agua es un derecho, no una mercancía”, señaló Ortiz en su presentación. Agregó que por eso “ningún privado puede participar en ninguna parte del proceso de potabilización del agua potable” y tampoco “pueden diseñar la política”, ya que esa instancia “se tiene que dar en los espacios previstos por la Ley 18.610”. Por último, Ortiz reflexionó que si el proyecto sigue adelante y se aprueba, los paisajes de la zona de Arazatí “no los tendrán las generaciones futuras” y “no estaremos respetando nuestros compromisos legales, constitucionales y éticos”.
Raúl Montero, Gerardo Amarilla y Robert Bouvier en la audiencia pública de proyecto Neptuno, el 3 de octubre, en Rafael Perazza.
Foto: Mara Quintero
Gran participación durante la puesta de manifiesto
En una rueda de prensa, el ministro de Ambiente, Robert Bouvier, fue consultado sobre si a partir de la audiencia puede haber cambios en el proyecto. Respondió afirmativamente y agregó que en la instancia “se van a hacer manifestaciones, consideraciones y demás que el equipo técnico valora”. “Para eso se hace esta instancia”, resumió.
“Todo esto es un insumo para el informe final que va a elaborar nuestro equipo técnico”, aseguró, y agregó que “es una instancia muy importante” en la que “la empresa expone el proyecto y después la ciudadanía, y quienes quieran hacerlo, técnicos y demás, pueden hacer sus consideraciones”.
Bouvier apuntó que la autorización ambiental previa que necesitan los promotores del proyecto “depende” de la evaluación que está a cargo de los técnicos. Explicó que con la puesta de manifiesto del Informe Ambiental Resumen –que finalizó la semana pasada– y la audiencia como insumos, se elaborará el informe final, aunque aclaró que “no hay plazo para eso”. Por otro lado, dijo que esperaba la concurrencia masiva que finalmente se vio en la audiencia. “Es un tema que tiene un impacto social muy importante”, contó. “Hoy va a poder expresarse todo el que quiera hacerlo”, agregó.
La gerenta de la División Evaluación de Impacto Ambiental y Licencias Ambientales del Ministerio de Ambiente, Rosario Lucas, reconoció que el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental se vio “enriquecido” por las instancias de participación pública. En este contexto, mencionó que durante la puesta de manifiesto llegaron a la cartera 558 comentarios y 36 documentos técnicos.