Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
La retórica de campaña electoral ha persistido mucho más allá de lo deseable, y fortalece un relato en el que todo está cambiando o va a cambiar, para mejor o para peor según quién hable. Sin embargo, en la vida real hay una compleja diversidad de situaciones que incluye variaciones muy importantes de las políticas públicas, pero también continuidades.
Según el discurso reaccionario sobre las cuestiones de género, en los últimos años hubo un nefasto avance de grupos “feminazis”, financiados desde el exterior y amparados por los gobiernos frenteamplistas, que realizan denuncias falsas para destruir la familia tradicional. En la realidad, el mundo está cambiando y las sociedades reconocen cada vez más la necesidad de asumir y resolver problemas que antes quedaban velados como “cosas de la vida privada”.
La denuncia por violencia doméstica contra el general Ricardo Fernández, director del Instituto Militar de Estudios Superiores, se procesó de acuerdo con las normas vigentes, con tobillera, prohibición de acercamiento y retiro del arma de reglamento. A eso se agregó el arresto a rigor de Fernández, que ya tenía una denuncia anterior, y todo indica que el general dejará de tener a su cargo la formación de oficiales superiores y jefes del Ejército. Es lo correcto, aunque haya crujidos.
En lo referido a la seguridad ciudadana, a nadie sensato se le podía ocurrir que bastaría con el triunfo de Luis Lacalle Pou y el nombramiento de Jorge Larrañaga como ministro del Interior para que un rápido cambio de políticas pusiera fin a un presunto “recreo”. Pero se dijo que así sería, y ahora cuesta reconocer que no es tan sencillo. El presidente de la República insiste en que no le gusta hablar de “ajustes de cuentas”, pero el hecho es que una parte considerable de la creciente cantidad de homicidios se debe a conflictos entre grupos de personas organizadas para cometer delitos. Esto no era fácil de evitar cuando gobernaba el Frente Amplio (FA) y tampoco ahora.
En este marco, cabe destacar que todos los partidos representados en la Cámara de Senadores se hayan puesto de acuerdo para reelegir como comisionado parlamentario penitenciario a Juan Miguel Petit, coincidiendo en una evaluación positiva del trabajo que ha realizado desde su designación en 2015. Es sabia la norma que exige el voto favorable de tres quintos para decidir quién ocupa ese cargo, cuya importancia es innegable en un país con graves y notorios problemas en sus cárceles. Cuando el FA tenía mayoría parlamentaria, negoció para el nombramiento de Petit, que es colorado; ahora la “coalición multicolor” negoció también para mantenerlo. Ojalá que este tipo de noticias fuera más frecuente.
Está por verse que, en la misma línea, prime la sensatez para resolver la conducción del nuevo Mercado Modelo. La intendenta electa de Montevideo, Carolina Cosse, pidió ayer un “gesto de grandeza” oficialista que retire del proyecto de presupuesto la propuesta en la materia del Poder Ejecutivo, que causó una violenta confrontación y que el propio Lacalle Pou admitió que no había leído antes de que la iniciativa fuera enviada al Parlamento.
Hasta mañana.