Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
La bancada de senadores del Partido Nacional (PN) decidió votar en bloque contra el pedido de desafuero de Guido Manini Ríos, y lo mismo harán los representantes en la cámara alta de Cabildo Abierto (CA) y del sector colorado sanguinettista. Esto impedirá que la solicitud, planteada por el fiscal Rodrigo Morosoli, logre los dos tercios necesarios para su aprobación. El desenlace se producirá recién a fin de mes, porque el PN logró postergar la votación hasta después de las elecciones departamentales (sin que se comprenda qué relación hay entre las dos cosas), pero es probable que los debates se prolonguen por largo tiempo.
Parece claro que fue la presión del PN lo que obligó a Manini a anunciar, anteayer, que no participará en la votación. Era muy mal negocio para los nacionalistas pagar el precio político de impedir el desafuero, mientras él alegaba que quería comparecer ante la Justicia. Lo que seguirá siendo motivo de polémicas es qué otros tironeos y negociaciones hubo.
El FA insiste en que los blancos se comprometieron a rechazar el desafuero para asegurar el apoyo de CA al proyecto de presupuesto. Esto no puede demostrarse, aunque es obvio que los votos del partido de Manini son indispensables para aprobar esa iniciativa, y era imaginable que hubiera “represalias” si el pedido de Morosoli se aceptaba. En todo caso, quizá lo más grave de este episodio está en otra parte.
Varios legisladores de CA ya habían cuestionado los procesos a militares participantes en el terrorismo de Estado, pero ahora Manini fue más allá al sostener que la Fiscalía y el Poder Judicial no garantizan un tratamiento imparcial de su caso. Esto introduce un factor muy preocupante en el plano institucional, y le transmite un mensaje peligroso a quienes confían en el ex comandante del Ejército.
Lo mismo se puede decir de la descalificación de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) por parte de Jorge Larrañaga, quien declaró que el Ministerio del Interior no va a tener en cuenta los pronunciamientos de ese organismo sobre la actuación policial, y que él incluso considera una pérdida de tiempo discutirlos. La INDDHH es, como señaló su presidente Wilder Tayler, parte del Estado, y que otra parte de este la desconozca resulta muy preocupante.
Otros incidentes afectan la credibilidad de las instituciones, que el conjunto del país debería afanarse por cuidar. El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte, había asegurado que la propuesta de excluir a la Intendencia de Montevideo de la conducción de la Unidad Agroalimentaria respondía a planteamientos de los productores, pero una declaración conjunta de las gremiales involucradas señaló que ninguna de ellas fue consultada al respecto por el Poder Ejecutivo.
Este tipo de problemas instala un clima de desconfianza muy poco saludable, en el que parece natural que los senadores del FA hayan decidido que Larrañaga sea llamado a comisión, para aclarar si el descenso de las cifras oficiales sobre varios delitos se debe a los cambios de metodología para el registro que dispuso el actual gobierno.
Hasta mañana.