El miércoles, el intendente de Río Negro, Omar Lafluf, reconoció que le resulta difícil defender los artículos referidos al precio de los combustibles incluidos en la ley de urgente consideración (LUC). El nacionalista se embarcó en la campaña para mantener la LUC, que, como ya todos sabemos, será sometida a una consulta popular el 27 de marzo, y los mecanismos de paridad de precios de importación de combustible introducidos en la megaley son complejos de explicar; especialmente, porque el gobierno, que los impulsó como necesidad de orden técnico, se ha dedicado en los últimos meses a ignorarlos basado en criterios electoralistas orientados a mostrar más favorablemente la propia LUC.
Otro Lafluf (Roberto, asesor presidencial y jefe de la campaña por la mantención de la LUC) ya había advertido al núcleo blanco de los problemas que podía ocasionar hacer de la mantención del precio de los combustibles un tema central, puesto que tarde o temprano habría que decretar un ajuste de precios, que finalmente ocurrió el lunes. Ayer, en un desmarque del gobierno nacional, la Intendencia de Montevideo aseguró que buscará no trasladar la suba de los combustibles al precio del boleto de transporte urbano. El descontento por la suba de la nafta fue expresado de manera intensa por Un Solo Uruguay, un movimiento social que fue clave para el triunfo del actual gobierno en 2019.
Más allá de intereses sectoriales, la suba de los combustibles empuja al alza la inflación, aquí y en casi todas partes. Por estos días, el tema está en la agenda también en Brasil, donde el Senado maneja un par de proyectos para estabilizar el precio de los combustibles, y ya es parte de la precampaña electoral que se encaminan a protagonizar el presidente Jair Bolsonaro y el expresidente Lula da Silva. Este último expresó su intención de “desenganchar” el precio de los combustibles de su valor internacional y de la cotización del dólar, lo que también podría suponer una semejanza con reclamos que se le hacen al gobierno sobre el tema.
Pero aunque tanto aquí como en Brasil la inflación golpea más fuertemente a los asalariados –recientemente se conoció la pérdida de salario real en nuestro país y se ha determinado que los jubilados perderán poder adquisitivo–, la relación de ambos países con la obtención de combustibles fósiles es muy distinta. Brasil es productor de petróleo y se autoabastece desde hace una década y media. Importa una pequeña parte de su consumo por motivos de calidad y por la inadecuación de sus plantas de refinación. En algunas zonas del norte es más conveniente traer el combustible de un país limítrofe que desde las refinerías nacionales, concentradas en la costa y el sur. La petrolera nacional, Petrobras, tiene al Estado como accionista minoritario, y sus acciones cotizan en mercados globales. En un aspecto la situación se parece un poco a la de la carne en Uruguay: a pesar de producir más de lo que consume, son los precios internacionales los que marcan en gran medida el precio del combustible en Brasil.
Tanto a Brasil como a Uruguay, más allá de sus disparidades en este plano y de la muy distinta naturaleza de Ancap y Petrobras, los afecta, como a todo el mundo, el hecho de que el petróleo sea un bien escaso y finito; es lógico que, más allá de eventuales altibajos, que es posible atenuar con políticas adecuadas, su precio tienda a subir (hasta que un día baje abruptamente). Por esta, entre otras razones, la reconversión de la matriz energética, iniciada en nuestro país hace una década larga, debería convertirse en un asunto prioritario.
Hasta el lunes.