Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
Anoche los diputados, tras aprobar por unanimidad el proyecto general de la futura ley de financiamiento de los partidos políticos, seguían intentando ponerse de acuerdo en su articulado. Como ya se dijo, aprobar esa ley antes de que comience la próxima campaña electoral es necesario –aunque no alcanza sólo con ello– para evitar que el proceso democrático sea cooptado por organizaciones de gran poder económico, entre ellas, el crimen organizado.
Para levantar barreras a la injerencia de esas organizaciones en el sistema político la ley busca dotar de mayor transparencia los aportes que reciben los partidos y, a la vez, brindarles mayores posibilidades de acceso gratuito a la difusión de sus propuestas a través de medios masivos.
Este último es el mayor punto de desacuerdo entre los legisladores, ya que falta convencimiento en algunos representantes oficialistas en los puntos que modificarían su relación con los concesionarios de las ondas públicas de radio y televisión (“los dueños de los canales”). No obstante, las señales sobre la urgencia de la ley son múltiples. Mencionaré sólo algunos temas que se tratan en esta edición.
Ayer la Junta de Transparencia y Ética Pública (subrayado en transparencia) volvió a solicitarle documentación al senador nacionalista Juan Sartori porque no logra explicar claramente cómo aumentó su patrimonio en 39 millones de dólares en los últimos dos años. Recordemos que, además, el organismo continúa intentando infructuosamente que Sartori presente la declaración patrimonial de su esposa, hija del millonario ruso Dmitri Rybolóvlev.
También ayer martes el fiscal de corte, Juan Gómez, debió salir a aclarar que no se negocia con narcotraficantes. Le estaba contestando (indirectamente) a Sebastián Marset, el capo narco que el domingo usó el prime time televisivo para, entre otras cosas, opinar sobre la Justicia, la seguridad y el sistema político de nuestro país, y también para ofrecer la posibilidad de entregarse a cambio de un acuerdo con las autoridades uruguayas. Es la misma persona cuya obtención de un pasaporte les costó el cargo a dos ministros del actual gobierno uruguayo (y a sus subsecretarios), y cabe mencionar que ayer en Paraguay hubo que cesar al director local de Interpol por favores prestados a la familia de Marset.
En esta edición, además, pueden leer la denuncia de la patronal de transportistas de carga sobre la proveniencia de nuevos actores en un rubro muy costoso y competitivo. Apuntan, nada menos, al crimen organizado como posible causante del fenómeno y al puerto de Montevideo como escenario de maniobras delictivas. Son demasiadas advertencias para un solo día.
Hasta mañana.