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Ilustración: Ramiro Alonso

“Reducir el nivel de la representación diplomática”

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Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Los insultos del presidente argentino, Javier Milei, a su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, llevaron a la cancillería con sede en el Palacio de Itamaraty a convocar al embajador argentino en Brasil, Daniel Raimondi, para comunicarle la decisión de “reducir el nivel de la representación diplomática bilateral al nivel de Encargados de Negocios y solicitar su regreso a la República Argentina”, según un comunicado de la cancillería argentina. A su vez, el embajador de Brasil en Buenos Aires, Julio Bitelli, no volverá a Argentina, tras ser llamado a consulta por su gobierno.

En el ámbito judicial, pero con incidencia en política, el fiscal subrogante especializado en Delitos Complejos de primer turno, Gilberto Rodríguez, que tiene a su cargo la investigación del caso Cardama, identificó a cuatro indagados en la causa: los exministros de Defensa Javier García y Armando Castaingdebat, el ex director general de Secretaría del Ministerio de Defensa Fabián Martínez y el exdirector de Recursos Financieros de esa cartera Damián Galó. El fiscal también pidió todas las actuaciones de la comisión investigadora de la Asamblea General que estudia la compra de las patrullas oceánicas y recibió del Poder Ejecutivo el acta original, apostillada desde España, para mostrar que el documento entregado como garantía por Cardama fue adulterado.

Encabezados por un tractor conducido por el presidente de la Federación Rural, Rafael Normey, vecinos y productores rurales de Casupá se movilizaron hacia la Torre Ejecutiva y luego al Palacio Legislativo para manifestarse en contra de la construcción de la represa. Estuvieron en la concentración el senador blanco Sebastián da Silva, los diputados Carlos Rydström (Partido Colorado) y Gerardo Sotelo (Partido Independiente, PI) y el exministro de Trabajo y Seguridad Social Pablo Mieres (PI). El PI presentó recientemente una demanda civil para detener las obras de Casupá. Los manifestantes dejaron una carta dirigida al presidente Yamandú Orsi.

Probablemente en un breve lapso de tiempo habrá un impuesto menos, ya que el gobierno y las intendencias avanzan en la eliminación del 1% a la enajenación de semovientes, que paga el sector agropecuario. La promesa del Poder Ejecutivo encontró traba en los gobiernos departamentales, que recaudan con el impuesto, pero ahora “es un tema de detalles administrativos para que los intendentes se queden tranquilos de que ellos no van a perder recursos”, dijo Normey.

Además, en nuestro suplemento Economía:

Hasta mañana.