Se ha dicho hasta el cansancio: durante 2020 y lo que va de 2021 ha quedado en evidencia para grandes sectores de la sociedad –y para el sistema político como parte de ella– la importancia de la ciencia. Este papel, que nos ha permitido combatir la pandemia con ciertas ventajas en comparación con otros países de la región, podría resumirse en dos grandes vertientes: por un lado, la ciencia como forma de respaldar con evidencia la toma de decisiones; por otro, la importancia de contar con científicos y científicas con la formación y la vocación necesarias para, desde el conocimiento, aportar soluciones a problemas que afectan al país y su gente. Si hubiera que dar un ejemplo de cada uno de estos dos grandes aportes, el primero sería el brindado por el Grupo Asesor Científico Honorario, el GACH, y el segundo sería el desarrollo de kits para covid-19, tanto mediante los test diagnóstico por PCR como el de los test serológicos.
2020: un año alarmante para la ciencia
En ninguno de los dos casos los aportes de la comunidad científica se limita a estos dos conocidos ejemplos, pero su visibilidad es tan grande como el consenso sobre el valor de haber contado con ellos. Sin embargo, 2020 ni lo que va de 2021 fue un año en que la ciencia haya podido capitalizar el valor que la sociedad le ha otorgado. El Decreto 90/20, que afectó a todo el Estado con recortes de 15%, sin importar en dónde ni a quién, quitó valiosos recursos a distintas instituciones científicas, como el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable (IIBCE), el Institut Pasteur de Montevideo, el Programa para el Desarrollo de las Ciencias Básicas (Pedeciba), el Parque Científico y Tecnológico de Pando, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) y el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIA), entre otras.
Luego de movilizaciones y distintos reclamos, el gobierno dio marcha atrás y exceptuó de la medida a varias instituciones, pero congeló, sin embargo, las partidas de todos los centros de investigación exceptuados a valores en pesos de 2015 (con sólo dos excepciones: el Institut Pasteur adecuó su presupuesto a valores en pesos de 2020, mientras que el Instituto Antártico Uruguayo recibió un pequeño incremento).
A los congelamientos para gran parte del sistema científico se sumó la decisión de no prever ningún aumento presupuestal para la Universidad de la República (Udelar), casa de estudios que no sólo lleva adelante 80% de la investigación y producción científica del país, sino que además es responsable de la formación de un porcentaje aún mayor de las investigadoras e investigadores (y en este contexto pandémico, vale aclarar, de la mayor parte de los profesionales de la salud). El panorama era tan desolador, que la alerta por las consecuencias de estos congelamientos y recortes llegó a las páginas de la prestigiosa revista internacional Nature.
2020, año en que la comunidad científica se remangó las túnicas y, tras suspender sus actividades cotidianas, se dedicó de lleno a ayudar contra el avance de la covid-19, terminó con una pésima noticia: los fondos anuales para investigación de la ANII, tanto el Clemente Estable para investigación básica como el María Viñas para investigación aplicada, premiaron pocos proyectos y dejaron sin financiar a un alto porcentaje de propuestas consideradas excelentes. En el caso de los fondos Clemente Estable, sólo se financió a 21% de los 95 proyectos evaluados como excelentes, mientras que en el caso del María Viñas, de las 130 propuestas consideradas financiables se apoyó apenas a 18%. Tanto esos porcentajes de aprobación sobre proyectos excelentes como la cantidad de proyectos financiados –23 en cada uno de los fondos– son los más bajos del último quinquenio.
2021: la fiesta que nunca fue
Pese a los reveses sufridos en el año que el coronavirus llegó a Uruguay, desde la comunidad científica aún se tenía esperanzas de que, pese al contexto crítico y la anunciada política de disminuir el gasto público, parte de lo que la ciencia le aportó al país se vería reflejado en un mayor apoyo, tanto presupuestal como institucional. La expectativa duró poco: antes de que terminara febrero se hizo público el Plan Operativo Anual de la ANII para este año. Allí se anunciaban recortes de fondos para la investigación de 43,7% respecto de lo destinado en 2019 y de 30,3% en el caso de becas y formación de recursos humanos. Dentro de lo que se consideran inversiones en investigación, hay dos áreas sensibles en que los recortes son drásticos: en el caso de la inversión en literatura científica el recorte es de 51,3%, mientras que en los fondos para la compra de equipamiento científico se pasó de gastar unos 860.000 dólares en 2018 a prever apenas 94.000 dólares para 2021, lo que implica un recorte de 89%. En total, sólo en el plan de lo que piensa gastar la ANII en 2021 se recortan 13,46 millones de dólares para la ciencia, la tecnología y la innovación.
El Consejo Directivo Central de la Udelar emitió un comunicado alertando por estos recortes, a lo que el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, contestó que en 2019 en la ANII “hubo una verdadera fiesta”. Paradójicamente, la inversión en literatura científica, becas y posgrados, fondos de investigación y otras líneas de vital interés para hacer ciencia en el país no sólo no registraron aumentos, sino que están congeladas desde hace tiempo, algo que la comunidad científica viene denunciando con fuerza y preocupación desde 2017. Desde 2014 la comunidad científica reclama una inversión de 1% del producto interno bruto (PIB) para investigación y desarrollo, un compromiso asumido por todos los candidatos presidenciales en 2014 entre quienes estaba Luis Lacalle Pou. Con una inversión que a lo sumo alcanza 0,53% del PIB (hay distintas formas de medirlo), los científicos y científicas parecen estar aún muy lejos de poder festejar.
En este contexto de adversidad para la ciencia nacional, el martes 9 de marzo comenzó a circular una convocatoria que es probable, que con el tiempo, pase a ser considerada un hito de la ciencia y quienes la hacen en este país.
La unión hace la fuerza
“Frente al reciente recorte de los fondos de la ANII para investigación, formación de recursos humanos y acceso a bibliografía científica, y considerando la falta de espacios institucionales en la generación de las políticas de ciencia y tecnología nacionales para quienes hacemos investigación, convocamos a una Asamblea Nacional de Investigadores”, comenzaba diciendo el comunicado, que a los seis días ya había recogido la confirmación de participación de 1.300 investigadores e investigadoras.
Entre los objetivos para esta asamblea, la convocatoria habla de “expresar el sentir de la comunidad científica del país en relación a la inversión en ciencia y tecnología, y replantear el objetivo de llegar al 1% del PIB, al cual se comprometieron los representantes de varios partidos políticos en 2014”, “crear una organización civil que nuclee y dé voz a quienes realizan investigación en el país” y “proponer formas de representación de nuestra comunidad en las distintas instancias institucionales en las que exista esta posibilidad”.
A los dos días de lanzada la iniciativa, el Ministerio de Educación y Cultura, que una semana antes se había reunido con representantes de la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay, entre ellos su presidente, Rafael Radi, coordinador del GACH, anunció la obtención de “recursos extrapresupuestales” para “fortalecer, en particular, a la ANII”. Sin embargo, los recursos anunciados cubrían apenas un 12,3% de lo recortado en esa agencia para 2021. El anuncio, considerado insuficiente por varios protagonistas de la comunidad científica, no frenó el vertiginoso ritmo de adhesiones de esta Primera Asamblea Nacional de Investigadores.
Más de 1.300 investigadores e investigadoras se reunirán por Zoom el miércoles a las 19.00. Puede parecer una reunión caótica, pero si hay personas capaces de encontrar orden en el caos, sin duda algunas de ellas estarán anotadas para participar en la asamblea. La ciencia la hacen quienes investigan y también sus instituciones. Estamos ante el nacimiento de una institucionalidad que les sea propia. Como sociedad no tenemos cómo no favorecernos por este paso histórico.