Después de que la semana pasada el oficialismo diera sanción definitiva a la ley que modifica la gobernanza de la Universidad Tecnológica (UTEC) y elimina el cogobierno en su Consejo Directivo Central, la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU) se pronunció al respecto. En un comunicado difundido este jueves, valoró la nueva norma como “un retroceso histórico y un cercenamiento de una forma de gobierno universitario formadora de democracia y de espíritu republicano”.
Además de rechazar el cambio, la CSEU respondió algunas de las afirmaciones realizadas por los legisladores, a las que catalogaron de “falsedades”. En particular, cuestionaron que la gobernanza definida para la UTEC esté “en sintonía con las transformaciones universitarias a nivel mundial” y también rechazaron el éxito del “modelo” con el que la universidad se ha gestionado hasta ahora.
Según sostienen los sindicatos, la universidad cuenta con “problemas subjetivos, de transparencia y académicos”, entre los que nombraron la existencia de “llamados poco transparentes que favorecen la discrecionalidad y el acomodo; situaciones de presunto acoso sexual y laboral sometidas a dispositivos que incrementan las consecuencias del acoso y discriminación; sistemas burocráticos lentos e ineficientes”; o la “ausencia de políticas sustentables de formación permanente”, ya que 63% de los docentes no cuentan con posgrados. En la misma línea que ya lo ha hecho el Sindicato de Trabajadores de la UTEC, la CSEU reclama soluciones para atender las necesidades de la población estudiantil, que cuenta con 80% de rezago, según los números de los sindicatos.
Además, los sindicatos de la educación “exhortan a todos los legisladores a no acompañar la venia parlamentaria para el nombramiento de nuevas autoridades” en función de lo que establece la nueva ley, que plantea un requerimiento de tres quintos de los votos del Senado. Este pedido se mantiene en caso de que se promueva la designación de los actuales tres integrantes del consejo provisorio. Según se argumenta, las actuales autoridades “siguen defendiendo públicamente la eliminación del cogobierno” y su permanencia implicaría que, al menos hasta 2027, continúe “una gestión responsable de los graves problemas que padece la institución”.