Ante el pedido de “conciliación” que realizó la Organización Internacional del Trabajo (OIT) entre la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) y el gobierno, el sindicato respondió este lunes que no existirá la posibilidad de “entablar” esa instancia porque tiene “efectos suspensivos” sobre el tratamiento de la queja que presentaron con el respaldo de la Internacional de la Educación.
“Como federación lo hemos descartado, en virtud del proceso de persecución político-sindical por parte de distintas instituciones del Estado uruguayo que se ha profundizado”, dijo en conferencia de prensa el presidente de Fenapes, José Olivera. Para el sindicalista, esto obedece a una “política sistemática” que se hace desde el gobierno, desde distintas instituciones tanto del ámbito educativo como parlamentario y desde el Poder Ejecutivo.
Por su parte, el asesor jurídico de Fenapes, Daniel Parrilla, indicó que en la respuesta, que enviarán esta semana a la OIT, explicarán por qué no aceptan la instancia de conciliación que aprobó recomendar el Comité de Libertad Sindical de la OIT. “Esa conciliación se torna imposible de realizar por la gravedad de los hechos denunciados en la queja, pero además porque se han ido suscitando situaciones de naturaleza antisindical. Agradecemos el ofrecimiento, pero señalaremos el contexto de los episodios denunciados en la queja”, expresó.
En el escrito que presentó Fenapes a la OIT denunció “una conducción política” de la Dirección General de Educación Secundaria (DGES) “tendiente a reprimir la libertad sindical”. En ese marco, señaló cinco casos concretos. Por un lado, la “represión antisindical con amenazas de despidos” contra docentes del liceo 1 de San José por el “ejercicio de actividades de naturaleza sindical”, en alusión a los 14 profesores que posaron con un cartel con la leyenda “No a la reforma” en 2019.
Los profesores que posaron en esa foto fueron sumariados con separación de cargo y retención de 50% de sus haberes y, previo a fin de año, se dio a conocer que tres de ellos habían sido notificados por la División de Jurídica de la DGES de que se pide su destitución por entender que violaron el artículo 58 de la Constitución de la República, que prohíbe que los funcionarios públicos hagan proselitismo.
Por otra parte, en la queja se refirieron a la investigación de Secundaria, que es de “naturaleza disciplinaria”, en la que se involucran dirigentes de Fenapes “por su participación en una actividad” con docentes del liceo de la localidad de Empalme Olmos de Canelones. Además, apuntaron a otra investigación, también de “naturaleza disciplinaria”, por el uso de la cartelera sindical por parte de los docentes del liceo 16 de Montevideo.
Asimismo, señalaron “actos antisindicales tendientes a limitar y reprimir el uso de licencias sindicales” y, por último, el “desconocimiento” de la negociación colectiva e “injerencia” de la DGES en relación con la asociación de funcionarios no docentes de secundaria.
Por su parte, la DGES tiene que contestar las denuncias realizadas por Fenapes. Al igual que el sindicato, tiene plazo hasta esta semana.
Ante denuncia de García, Fenapes se ampara en la libertad de expresión
En el marco de “la persecución político-sindical” que entienden que sufren los integrantes de Fenapes, Olivera mencionó la denuncia que recibieron él y Alejandra Vespa, exsecretaria general del sindicato, por parte del Ministerio de Defensa Nacional por haber posteado en Twitter que soldados abusaron y violaron a niñas durante las misiones de paz de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), según había informado El País.
Esto se dio en el marco de la campaña por el Sí para derogar 135 artículos de la ley de urgente consideración, que se llevará adelante el 27 de marzo. El 24 de diciembre de 2021, el sindicato en su red social tuiteó que debe haber “educación integral para que ningún soldado se crea con el derecho de abusar y violar niñas”. Entrevistado por Así nos va, de la radio Carve, el ministro de Defensa Nacional, Javier García, dijo que tratar en “forma genérica” y decir que los soldados “se creen que tienen todo el derecho de violar y abusar niñas es una difamación y una injuria” que como ministro de Defensa “no voy a permitir que suceda”.
“La libertad de expresión tiene límites; yo no puedo decir cualquier cosa de cualquiera”, opinó en ese sentido. Y agregó: “No hay derecho de tratar de violadores y abusadores a uruguayos que cumplen una función y una ocupación. No voy a permitir que en forma genérica se diga esto de todos los soldados. Acá se está difamando a miles y miles de uruguayos que son padres, hijos, vecinos”.
La denuncia del ministro advierte que lo posteado por Fenapes conlleva una violación de los artículos 333 y 334 del Código Penal. Según supo la diaria, el abogado de Vespa y Olivera se presentará en la Fiscalía el jueves para “abrir carpeta”, pese a no haber sido citados por el momento. “Hemos ejercido el libre derecho a la libertad expresión”, consideró el presidente de Fenapes este lunes.