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Juan Gabito, durante una charla abierta de autoridades de la educación sobre la reforma Educativa en la escuela N° 50 de Colón (archivo, mayo de 2022).

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“Hay gente que en lugar de buscar que los niños coman, busca salir en el diario”, asegura integrante del Codicen

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Docentes dicen no recibir respuestas adecuadas de ANEP, pero Juan Gabito cuestiona que denuncias por casos de hambre no se plantearon en ámbitos institucionales.

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Leído por Abril Mederos.
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Los informes periodísticos que dan cuenta de un aumento de los casos de hambre en centros educativos públicos, principalmente en liceos y escuelas técnicas de UTU, “sorprendió” al consejero de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Juan Gabito. Este sábado, la diaria informó que existe una creciente preocupación entre los profesores y colectivos sociales, que se organizan para cubrir las demandas, ya que no tienen respuestas adecuadas de los distintos organismos del Estado, entre ellos la ANEP.

Gabito, integrante del Consejo Directivo Central (Codicen) nombrado en representación del Partido Nacional, habló esta mañana con el programa radial En perspectiva y señaló que ninguna de estas situaciones ha sido canalizada a través de las direcciones e inspecciones liceales y de UTU. No obstante, según supo la diaria, hay direcciones de liceos públicos montevideanos que son parte de la organización de colectas para poder brindar una copa de leche a los estudiantes, pero pidieron no ser identificadas por temor a sufrir un castigo disciplinario de parte de la Dirección General de Educación Secundaria a cargo de Jenifer Cherro.

Gabito aseguró que los integrantes del Codicen habitualmente recorren y visitan centros educativos: “Traemos nuestras libretas llenas de pedidos y situaciones, desde horas que faltan a situaciones de seguridad de los centros. Alguna situación de violencia estudiantil, alguna situación de adicciones; pero nada de esto [en referencia a los casos de hambre] nos ha sido planteado, por lo menos en lo que a mí respecta, ni he escuchado a compañeros que lo planteen en el seno del consejo”, afirmó. Sin embargo, el consejero en representación de los docentes en el organismo, Julián Mazzoni, afirmó a la diaria que sí ha podido constatar el aumento de carencias alimenticias y de abrigo en muchos centros educativos.

De todas formas, Gabito aseguró que le preocupan estas situaciones -“si es que existen”- y afirmó que en setiembre de 2021 la ANEP creó un grupo consultivo para atender la vulneración de derechos, en el que están los directores de los subsistemas educativos y la directora de Derechos Humanos del Codicen, al que ahora le pedirán que incluya la alimentación.

De todas formas, Gabito dijo tener “la sensación” de que con las denuncias, “más que encontrar soluciones, lo que se está buscando es la repercusión de una noticia, que en caso de ser real sería muy preocupante, buscando que se solucione, que se satisfaga las necesidades que puedan tener los alumnos”. Según el consejero, “deberíamos priorizar las respuestas antes que el sensacionalismo de las denuncias” y, en ese sentido, sostuvo: “Ir primero a la prensa me da qué pensar; no hay la intención de favorecer a los necesitados sino la de establecer un hecho político”. “Acá hay gente que en lugar de buscar que los niños coman, buscan salir en el diario”, consideró.

En la nota radial, el consejero se refirió a que existen otros dispositivos para atender este tipo de situaciones, como el Instituto Nacional de Alimentación (Inda), el Ministerio de Desarrollo Social, las intendencias departamentales y la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).

Al respecto, los docentes denuncian que la atención en ASSE y otros espacios estatales está “desbordada” y el propio director del Inda, Ignacio Elgue, aseguró que el sistema de comedores no está llegando a todos los usuarios que lo requieren, y que hay un plan para que más personas accedan al almuerzo diario que brindan.

Gabito señaló que la ANEP gestiona 2.800 centros educativos y que tiene 250 inspectores en todo el país y que, en ese sentido, “hay una pirámide institucional que tiene que funcionar”, por lo que confía en que las denuncias se canalicen a través de esas vías. “No es verdad que tengamos una restricción presupuestal ni falta de voluntad política” para atender este tipo de situaciones, concluyó.

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