La obra está casi concluida. Desprestigio, desmantelamiento, desinstitucionalización, fragmentación, desvalorización de las titulaciones, de los estudiantes y de los docentes, vaciamiento curricular, mercantilización, privatización.
Lo pedía el Banco Mundial en 2015, había que “cambiar la matriz fundacional de la Formación Docente”. El sistema productivo actual exige con urgencia “nuevas subjetividades” para satisfacer al mercado y gestionar la crisis social. “No los formen demasiado en nada, después nosotros los moldeamos en el trabajo”, piden los empresarios a las autoridades nacionales. Las autoridades están más que afines, entusiastas, de obedecer a las exigencias del capital.
Quienes deben formar esos “nuevos sujetos” son los docentes, por eso hay que formarlos (y reformarlos) para ello. Eso transforma a la Formación en Educación en un lugar estratégico y neurálgico de la actual transformación educativa de nuestro país. Con una política de tierra arrasada, que declara obsoleto y descartable todo lo existente, comienza una planificación implacable y autoritaria de reforma de la formación de nuestros maestros y maestras, profesores y profesoras, maestros técnicos y educadores sociales. 140 años de formación de maestros y 70 años de formación de profesores deben ser tirados por la borda.
Esto no es casual, responde a la “incapacidad” de los promotores de reformas educativas a nivel nacional e internacional de “convencer” a las y los docentes de las bondades para la sociedad de lo que se proponen hacer para adecuar el sistema educativo a “las señales del mercado”. Como no los han podido convencer, han resistido con escasas armas los embates mercantilizadores y de subordinación de la educación al lobby del capital. Se ha comprobado que sin los docentes ninguna reforma perdura en el tiempo. Por eso se han lanzado a la producción de docentes, imbuidos con el espíritu de esta transformación, corrigiendo un error de las reformas de los 90 que no priorizaron la formación de docentes y educadores.
Para estas autoridades, este “fin superior” justifica todos los medios. En primer lugar, la fuerte e inconstitucional injerencia del Ministerio de Educación y Cultura (Ley 19.889) en la formación de docentes, hasta ahora potestad privativa de la Administración Nacional de Educación Pública y su Consejo de Formación en Educación (CFE). En segundo lugar, se promueve la fragmentación de la Formación en Educación, habilitando alternativas privadas y públicas fuera del CFE. Se mercantiliza y privatiza la educación mediante becas, que llevan dinero público a instituciones privadas por insuficiencia de oferta pública para los posgrados. Se permite una colonización cultural de UPM, que financia fundaciones y universidades privadas, y va infiltrando silenciosamente la formación de docentes en el interior del país. Se desvalorizan las titulaciones actuales mediante un procedimiento de reconocimiento pseudouniversitario de los títulos, sin universidad ni garantía de sus funciones clásicas (enseñanza, extensión e investigación). Se empobrece la formación actual de docentes en el CFE mediante la degradación y el vaciamiento curricular. Se reglamenta la injerencia, también inconstitucional, del Instituto Nacional de Evaluación Educativa en la prueba de acreditación, tercerizada a un instituto colombiano de evaluación (el Icfes), que elabora preguntas “muy tontas” y “elementales” de múltiple opción, según planteó recientemente Pedro Ravela, por la módica suma de 300.000 dólares. Se lesionan los derechos adquiridos de quienes accedieron a sus cargos por concursos y se precariza el trabajo de todos los profesores de Formación en Educación mediante la creación de unidades horarias de desempeño docente, con intención de expulsar al cuerpo docente con mayor experiencia en la formación de docentes.
Se ha comprobado que sin los docentes ninguna reforma perdura en el tiempo. Por eso se han lanzado a la producción de docentes, imbuidos con el espíritu de esta transformación, corrigiendo un error de las reformas de los 90 que no priorizaron la formación de docentes y educadores.
Y la frutilla de la torta: sin evaluar los conocimientos pedagógicos, van a brindar un título de licenciado en Pedagogía. Pero, por si esto fuera poco, se eliminan los cursos de pedagogía que estudiaban las políticas educativas. ¿Por qué?
Porque lo fundamental es formar docentes que no sean capaces de analizar críticamente las políticas educativas que se imponen, y mucho menos que sean capaces de proponer y elaborar nuevas políticas educativas, en función de sus conocimientos pedagógicos, filosóficos, epistemológicos, psicológicos, sociológicos e históricos sobre la educación. Lo que se quiere formar es docentes que sean meros ejecutores de lo que otros, supuestamente “expertos”, deciden. Sólo este tipo de docentes serán funcionales a los planes de las empresas y del capital internacional.
Pero... no todo está perdido. El discurso neoliberal sobre la educación es hegemónico, avanza, se naturaliza y estabiliza, pero esta estabilidad nunca es definitiva. La educación es un campo en disputa desde hace más de 30 años. “La batalla por la educación ha sido la más larga y reñida que el neoliberalismo ha dado en el mundo”, plantea Marcelo Posca. La existencia de docentes formados con perspectiva crítica, como intelectuales transformadores, que reflexionen sobre los fines y el contexto social en el que desarrollan su praxis, es una condición para seguir dando batalla a la concepción mercantilizadora, privatizadora y reduccionista de la educación.
Hay una rica historia para recuperar, inspirar la resistencia y orientar la propuesta, hay un presente de estudiantes que año tras año enseñan dignidad y firmeza, hay docentes que no se dan por vencidos a pesar del bombardeo despiadado a su dignidad y a su trabajo. Hay una necesidad social de defender la formación de los futuros docentes, que formarán a las futuras generaciones de niños y jóvenes. Hay mucho en juego.