Todos los cuadros de la oficina son heredados menos uno, que lo mandó hacer enmarcado en madera: entre la biblioteca y el pizarrón con el cronograma de la semana escrito reposa Juan Pivel Devoto, primer presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) cuando se creó la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) en 1985.
En ese mismo período, Juan Gabito fue secretario general hasta 1987. Tiempo más tarde, exactamente en la década de 1990, fue designado presidente del organismo y director nacional de Educación Pública, cargo que ocupó durante cinco años.
En la actualidad es consejero del Codicen designado por el gobierno. A pocos días de un nuevo inicio de clases con la particularidad de que comenzará a aplicarse la transformación educativa en varios grados de los subsistemas, Gabito dialogó con la diaria sobre los preparativos, la elección de horas, la conflictividad en la educación, las estrategias comunicacionales de la reforma y qué se espera para la segunda etapa de construcción de la transformación para los tramos restantes.
Según planteó, los actos “Cara a cara” para explicar la transformación educativa fueron necesarios, pero admitió que quizá la “centralización en la figura del presidente” del Codicen, Robert Silva, puede haber “perjudicado” la manera en que algunos actores recibieron este tipo de eventos. De todas formas, entiende que ese tipo de actividades cumplieron su ciclo y que la necesidad del cambio curricular debe ser comunicada de manera más clara y directamente a las familias.
Estamos a menos de un mes de que empiecen las clases. ¿Cómo viene la preparación de los centros educativos para la instalación de la reforma educativa y en la interna del Codicen?
Hay toda una movida desde siempre para poner en funcionamiento el sistema. Eso implica que los cargos estén cubiertos, que las horas docentes estén elegidas, que los locales estén en condiciones, que las inscripciones se hayan completado. Nosotros confiamos en que está bien atendido o por lo menos razonablemente bien atendido. En cuanto al clima de relacionamiento, creo que venimos de una experiencia muy buena y es el cierre del acuerdo salarial con la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay. En lo que hemos escuchado que va a haber problemas es con relación a la transformación educativa, que se anunció en agosto de 2020 y hemos ido anunciando cada una de las etapas que se han venido cumpliendo y se van a cumplir.
Creemos que como todo cambio va a traer dificultades, pero es el inicio de un proceso que para mí está suficientemente garantizado, porque hay un acervo documental cargado de conceptos y un aparato funcional de apoyo. Esto no está para ser aplicado por un funcionario cualquiera, sino para ser aplicado por profesionales de la educación. No implica un terremoto ni algo que nadie pueda aplicar.
El consejero docente del Codicen, Julián Mazzoni, ha manifestado que para aplicar los cambios curriculares en la educación media se precisarán más salones. ¿Se está previendo esta situación?
Lo está previendo la dirección de Infraestructura. Pero diría que son mínimos los casos en que eso se da. Sucede porque en el Plan de Estudios hay algunas disciplinas en las que se da la opción para los muchachos –que es una buena cosa porque de a poco se empieza a escuchar la preferencia de los estudiantes– cuando hay un grupo que se desdobla, y uno es por tal cosa y otro por tal otra. En esos casos se necesitan dos salones.
Efectivamente, en algunos lugares va a haber dificultades. Pero ya tuvimos algo parecido en plena pandemia, cuando el distanciamiento obligatorio nos obligaba a desdoblar grupos. Nosotros confiamos mucho en el buen criterio de las comunidades educativas, los equipos de dirección, más la inversión adicional que se está haciendo con aulas móviles. Pero esto no es lo mayoritario; va a ser muy puntual, en algunas opciones y en algunos liceos. Esto también es para la educación privada, no hay privilegios, y también tienen sus dificultades locativas, que nos han planteado, pero tienen la libertad para encontrar la solución.
Desde la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) aseguraron que el “éxito” de la elección de horas hay que relativizarlo y que hasta ahora viene siendo un fracaso, en el que hay un fuerte corrimiento hacia la docencia indirecta o hacia bachillerato. ¿Cómo lo visualizás y a qué creés que se debe este corrimiento?
Primero: el corrimiento no existe. Y en eso me remito íntegramente al comunicado que publicó Secundaria. Los números indican otra cosa y es que la gente optó mayoritariamente por el ciclo básico. Las elecciones de horas se vienen cumpliendo y estamos estadísticamente en niveles superiores a los de otros años. Obviamente, en un sistema tan grande, con tanta cantidad de funcionarios y de centros, siempre hay dificultades, como que en Tacuarembó quedan 80 horas sin cubrir, que, si lo pensás, es la nada. Lo otro que para mí es un éxito es la elección de horas por más de un período. Ya se cumplió, y pienso que para el año que viene se va a poder extender a todos los departamentos. La gente quiere estabilidad.
Algunos departamentos con mayor porcentaje de horas de educación básica integrada sin cubrir son justamente los que tienen también la posibilidad de elegir por más de un año. Según José Olivera, presidente de Fenapes, además de “escapar de la reforma”, se debe a que este tema “no está discutido y tiene elementos complejos”.
Yo respeto mucho la opinión del profe Olivera, pero no tiene sustento en ninguna documentación ni en ninguna realidad oficial. Nosotros tenemos las condiciones de designación de horas en donde hay, si lo desean, presencia del sindicato, y son documentos oficiales. Allí surge lo que te decía. Lo demás son opiniones.
Recientemente, la Asociación de Funcionarios de UTU denunció que se está dando “un recorte” en la cantidad de horas a asignar. Esto también ha sido denunciado en Secundaria y en formación docente. ¿Hay una pérdida por los cambios introducidos?
No. Acá creo que se han mezclado dos cuestiones: hay medidas que nosotros catalogamos como “medidas de buena administración”, que se habrían tomado en cualquier escenario, aunque no hubiera la transformación educativa. Entonces, se entremezclan las cuestiones que responden a la transformación curricular, por ejemplo, que varían las cargas horarias de determinadas asignaturas, suben unas y bajan otras, y eso genera malestar y hay que atenderlo. Por ejemplo: vos no podés tener tres grupos con cuatro alumnos cada uno. Hay que tener uno con 12 alumnos. Ese tipo de decisiones son las que han generado malestar.
Y se han dado también en Secundaria y en UTU situaciones del tipo “el huevo o la gallina”, porque la dirección general respectiva dice que no hay suficientes alumnos para justificar la creación de más grupos, y del otro lado dicen que si la oferta no es tal, los alumnos no se inscriben. Ahí hay que hacer un equilibrio considerando que tenemos que administrar recursos públicos, que el funcionario está para las funciones, no la función para los funcionarios, y que son las autoridades locales las que tienen que tener la capacidad de sopesar eso. No es que sea una decisión vertical tomada en Montevideo para aplicarse en un lugar alejado. Ese tipo de problemas sí se ha dado, pero en general no son atribuibles al cambio curricular, sino a decisiones de la administración vistas de este lado.
¿Cuál es el rol que tendrán los mentores en la implementación de la reforma educativa?
Son referentes, personas de consulta para cuando surge un emergente. En el caso de los inspectores de Primaria ellos son mentores desde siempre, quienes orientan y supervisan a los docentes a su cargo para implementar todos los contenidos y estrategias de los programas. El concepto de mentoría no es nuevo; quizá es nuevo el término, pero es lo que desde siempre hacen los inspectores. Lo que pasa en educación media es que no están los cuerpos inspectivos totalmente instalados y, a su vez, tienen más bien formación en distintas disciplinas, mientras que [los mentores] son figuras más generalistas.
El sindicato de Secundaria los consideró una “policía pedagógica”, mientras que el consejero Julián Mazzoni habló de un rol de control y de que generarán “miedo” a los docentes.
Entonces desde siempre los inspectores son “policías pedagógicos”. Yo discrepo totalmente, más bien son ayudas. Hay que ver que vienen a sumar y no a restar. Quizá yo te podría decir que esos mentores pueden ellos mismos no tener la totalidad de la formación, pero insisto con que esto es un proceso. En 2020 identificamos que hay que hacer un cambio fuerte y que es necesario. Entonces, si nos mantenemos en la inacción por problemas de implementación o subsidiarios, nunca va a empezar el proceso. A lo largo del año y los de años sucesivos se va a ir afianzando.
Lo que no queremos es tener más la deserción brutal de educación media, los bajos rendimientos, los fracasos de los pocos que pasan a la educación terciaria, los más de 30.000 que están en conflicto con la ley penal –presos o sueltos–, la desocupación en los jóvenes. Admitimos errores, que puede haber cosas que se podría hacer mejor, pero necesitamos que el que se opone diga cómo quiere hacer a cambio de esto que considera que está mal, porque de lo contrario vamos a seguir haciendo las cosas de la misma manera que condujeron a resultados tan negativos y tan injustos socialmente.
El proceso de construcción de la transformación educativa ha sido extenso y ha estado permeado por críticas y aportes de los colectivos docentes de los subsistemas. ¿Qué se tomó de esas críticas en concreto?
Aunque mi amiga consejera [en representación de los docentes] Daysi Iglesias se enoje, yo quiero atribuirle a ella el mérito de que, entre la primera versión del marco curricular y la segunda, se tomaron en consideración varios aportes de ella. Por una razón de convicciones o de mandato, no sé, ella no lo votó en su versión final, pero creo que, en nuestro fuero íntimo, todos sabemos que la segunda versión es mucho mejor que la primera.
Yo soy partidario de entregar a cada padre y estudiante, los primeros días de clase, un folletito que diga en qué consiste la reforma para decodificarla.
¿Cuáles fueron sus principales aportes?
El famoso tema de un enfoque contenidista o competencial. Para mí vino a quedar una cosa más bien de tipo mixto y no totalmente competencial, pero es una síntesis entre dos enfoques que podrían considerarse antagónicos. Ahí hay un ejemplo de algo que se mejoró. En el tema de los programas también: se invitó a participar a los delegados de las asambleas técnico docentes [ATD]. Algunos se retiraron por un tema interno, pero muchos se quedaron y hubo aportes y espacios para ello. El caso más claro es el programa de Historia, que fue tan controvertido, donde hubo una primera versión y por decisión nuestra se cambiaron algunos enfoques. No es justo decir que todo esto ha sido impuesto por una especie de ejército de ocupación. Fue producido por el sistema y estamos muy orgullosos de eso.
¿Cómo evalúa el resultado final del programa de Historia de noveno grado, que aborda el último período dictatorial?
Creo que quedó bien. La perfección pura no existe, toda obra humana es perfectible, pero creo que la nueva versión es mejor que la original. Sobre la bibliografía, que fue lo que tanta polémica suscitó, hay que recordar que no es para los estudiantes sino para los docentes, que en el marco de su autonomía elegirán una u otra, pero es bueno que la biblioteca esté completa, que no sólo esté una mitad.
En simultáneo, con la aplicación de los cambios curriculares se seguirá con la reforma para el resto de los grados que no han sido abordados. Considerando el contexto de conflictividad pasado, ¿prevén una edificación distinta?
No lo hemos hablado todavía en el consejo, pero espero que sí. Tendríamos que tomar aprendizaje con lo que pasó en el Plan de Estudios, que en su etapa de confección no participaron las ATD, sino que lo recibieron cuando ya estaba pronto y eso suscitó mucho rechazo, que yo respeto. Pero después del plan vinieron los programas y ahí sí invitamos a las ATD. Creo que en esta nueva etapa tenemos que invitar a las ATD desde el inicio. Qué va a pasar, no lo sé. En el caso de los bachilleratos de Secundaria es relativamente más sencillo. En el caso de la oferta de UTU, como es tan diversificada, va a dar más trabajo.
La comunicación de la reforma estuvo centralizada en el presidente del Codicen, Robert Silva. Si bien el Codicen es un órgano colegiado, trascendió la idea de que los “Cara a Cara” eran actos electorales para fortalecer su figura. ¿Cuál es su visión al respecto?
Puede ser que esa centralización en la figura del presidente –que institucionalmente es el vocero del consejo, y eso está totalmente dentro de la ley y de las prácticas políticas habituales– haya perjudicado, pero no que haya perjudicado el proceso, sino la forma en que algunos actores lo recibieron. Los “Cara a cara” eran necesarios porque se hicieron en toda la república. Es una forma que tiene la gente de acercarse, de preguntar y de sacarse dudas de primera mano.
Capaz que la comunicación más de tipo institucional hay que encararla más profesionalmente. Algo de eso se está pensando para el arranque del año lectivo. Yo soy partidario de entregar a cada padre y estudiante, los primeros días de clase, un folletito que diga en qué consiste la reforma para decodificarla. En cuanto a la similitud con los actos políticos, yo te podría decir que los mítines que hacen los sindicatos muchas veces también se parecen a actos políticos.
¿Entonces cambiaría algo para esta segunda parte?
La cambiaría, sí. Estamos en eso. Lo principal es traducir a un lenguaje llano la necesidad del cambio, porque, de lo contrario, sería mantener una situación que es muy injusta desde el punto de vista de la equidad e ineficiente desde el punto de vista social, los objetivos y las herramientas. No creo que en esta etapa sean necesarios los “Cara a cara”, creo que tenemos que decodificar más sencillamente: es decir, ¿van a tener más opciones sus hijos?; ¿vamos a retener más a los muchachos hasta que se desvinculen?; ¿van a tener apoyaturas que antes no tenían?; ¿van a ampliarse los locales?; ¿van a estudiar cuestiones que tengan que ver con la vida real y tener la posibilidad de generar aptitudes y actitudes para enfrentar lo cotidiano?
También se ha hablado de la posibilidad de que Silva sea candidato y, por lo tanto, tenga que dejar su rol como presidente del Codicen. De ser así, ¿cómo repercutiría en la interna y en el afuera?
Esto ya pasó en la elección pasada, cuando Robert fue candidato a la vicepresidencia y la Corte Electoral laudó que el criterio restrictivo que tiene la Constitución es para ser candidato a legislador. Si él quisiera ser senador o diputado debería renunciar un año antes, por setiembre u octubre de este año. Pero si quisiera ser candidato a presidente no está obligado a renunciar un año antes, sino sólo cuando se formalicen las listas y empiece la propaganda electoral, pero no porque lo diga la Constitución, sino porque es incompatible trabajar y hacer política.
Estoy seguro de que el equipo se va a mantener, los objetivos están claros. No sé con qué criterio se va a llenar ese cargo, es potestad del Poder Ejecutivo proponerle al Senado un nombre para ocuparlo. Pero estamos hablando de una hipótesis muy grande. Esperemos que eso no ocurra, confío que el presidente Silva va a seguir hasta el final del período.
Los distintos sindicatos de la educación han anunciado un comienzo “caótico” y la posibilidad de que el conflicto se recrudezca. ¿Prevén esta situación?
Tanto como preverlo no, pero estamos informados, estamos expectantes. La responsabilidad en ese caso no va a ser nuestra y los perjudicados no vamos a ser nosotros, ni el gobierno, sino los de siempre: los niños, los jóvenes, sus familias. Va a faltar la contención del centro educativo, va a haber aprendizajes mermados y se va a ver alterada la vida familiar. Los que pueden afrontar mejor esta situación son los que tienen plata, porque o tienen a la mamá que no trabaja o tienen comodidad en su casa o lo pueden mandar a un club. El pobre no. Entonces, creo que es bastante paradójico cuando se dice que se quiere defender la educación pública; indirectamente se la desprestigia.
¿Están abiertos al diálogo para que –de suceder– cese el conflicto lo más rápido posible?
Sí. El diálogo siempre estuvo y va a estar abierto, pero sobre bases razonables. Un diálogo que suponga “dejen todo como está”, “vuelvan al statu quo de 2019”, no. Si nos dicen “este plan no, pero esto otro sí”, ese tipo de cosas sí vamos a escucharlas, pero no la parálisis. Primero, porque iría contra nuestras convicciones, y segundo, porque implicaría un perjuicio muy grande a la sociedad uruguaya.
En medio de las manifestaciones pasadas, había opinado que debería de hacerse una denuncia penal a estudiantes y docentes que dañen los centros de la ANEP en las ocupaciones. ¿Piensa presentar esta idea formalmente?
Sí, yo de eso estoy convencido. No se avanzó por ese lado, justamente apostando un poquito al diálogo y a pacificar. Si hay normativa que prevé que eso es un delito, hay que hacerla cumplir. Eso no quiere decir perseguir a nadie, sino hacer cumplir el orden jurídico vigente. Va a depender de lo que ocurra, no me quiero anticipar. Pero las pintadas que alteran la fachada para mí encajan dentro del delito de daño y les cuestan dinero a los contribuyentes. Creo que si realmente queremos prestigiar la educación pública tenemos que empezar por respetarla, como con tu cuerpo o tu casa.