Como informó la diaria la semana pasada, el decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FHCE), Pablo Martinis, dio a conocer que la Fiscalía archivó la denuncia en su contra impulsada por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC).
A finales de 2023, el MEC llevó la denuncia a la órbita penal, por supuestas irregularidades en los Premios Nacionales a las Letras. De acuerdo a la cartera, Martinis firmó una resolución de la FHCE en la que se proponía la designación de integrantes de los tribunales del concurso y, al mismo tiempo, presentó una obra para ser evaluada, titulada ¿Se acabó el recreo? El proyecto educativo conservador.
El decano fue el coordinador del libro, y si bien fue declarado ganador en la categoría de Ensayos de Ciencias de la Educación (modalidad obra inédita), el MEC no le otorgó el premio. El motivo fue el mismo que motivó la denuncia penal: la declaración jurada que Martinis firmó al presentar el libro al concurso, en la que dijo no tener inhibiciones.
En la misiva escrita por el decano, a la que accedió la diaria y que este domingo fue publicada por Martinis en sus redes sociales, lamentó “profundamente” el accionar de las autoridades de la cartera, “promotoras de una denuncia penal sin sentido”, y también “la rápida filtración de la noticia en los primeros días del año”. Por otro lado, reafirmó “el valor académico del libro”.
En este marco, los autores del libro emitieron un comunicado que cuenta con el respaldo de la editorial Sujetos editores. “Un error que debe ser asumido” es el título de la nota, en la que, en resumidas cuentas, “critican la judicialización de conflictos políticos y piden al ministro de Educación y Cultura que entregue el primer premio que fue otorgado a la obra”.
El contenido de la declaración
Eloísa Bordoli, Jorge Camors, Agustín Cano, Stefanía Conde, Victoria Díaz, Paola Dogliotti, Camila Falkin, Juan Pablo García, Antonio Romano, Cecilia Sánchez, Limber Santos, Felipe Stevenazzi y Nilia Viscardi son los firmantes de la declaración y, por tanto, los autores del libro ¿Se acabó el recreo? El proyecto educativo conservador. En primer lugar, recordaron que la obra cuestionada por el MEC fue, en un principio, aceptada por la cartera para ser parte del premio y que, al mismo tiempo, “pasó por las diferentes etapas del concurso sin recibir ninguna objeción formal”, hasta resultar ganadora. Sobre este punto, volvieron a manifestar su solidaridad con Martinis y también con los miembros del jurado, ya que, según recordaron, el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, “puso en duda” su “honorabilidad”.
En segundo lugar, llamaron la atención sobre un punto que surge del expediente: “El libro cumplía con todos los requerimientos formales establecidos en las bases del premio, en tanto la interpretación jurídica en uso hasta 2023 (y cambiada por el MEC en 2024) establecía inhibiciones para los funcionarios del MEC, y no para los de otras instituciones”.
Asimismo, recordaron que la decisión del jurado de otorgarles el premio fue de manera unánime y eso significa que “tuvo el voto favorable no sólo de la integrante designada por la Udelar [Universidad de la República], sino también de los integrantes designados por la Academia Nacional de Letras y el propio MEC”.
En tercer lugar, llamaron a reflexionar “sobre el daño que causa la judicialización como mecanismo para dirimir los conflictos políticos”. Por esa razón, los autores del libro consideraron “importante reparar en los perjuicios que la forma de actuar del ministro produjo”. “Si existían cuestionamientos al procedimiento de inscripción de la obra premiada, la responsabilidad debió ser asumida por la institución que organiza el concurso, y no utilizar un mecanismo que desplaza la responsabilidad hacia afuera, al modo de un ataque y una campaña mediática de desacreditación”, manifestaron.
En sintonía, aseguraron que el accionar de Da Silveira “tiene consecuencias muy negativas, al instalar un clima de sospecha sobre el coordinador de la obra, los restantes concursantes, el jurado y la propia institución del concurso”. En este contexto, los autores consideraron que “se generan serias dudas acerca de las razones que tuvo [el ministro] para no homologar un fallo que premia una obra crítica de la política educativa del gobierno”.
Ante la resolución de Fiscalía, que desestima la denuncia del MEC, en la declaración los autores de la obra se preguntaron: “¿Qué garantías tienen los futuros miembros de los jurados del Premio Nacional de Literatura cuando sus dictámenes no concuerden con la política oficial? ¿Qué garantías tienen los concursantes que se presentan a los llamados del MEC pensando que la institución mantendrá una actitud ecuánime para valorar la calidad de las obras y no la posición que asumen con relación a los temas abordados?”.
Por último, resaltaron que Da Silveira aún “está a tiempo de enmendar su error, pidiendo disculpas y entregando el premio”. Si bien aseguraron que no pretenden “la retribución económica establecida en las bases”, entienden que “para hacer justicia con el fallo del jurado y despejar de una vez por todas las sombras de censura que rodean al accionar del ministro es muy importante que la entrega del premio sea realizada”.