Nirian Carbajal es profesora de Filosofía y su trabajo en el Consejo de Formación en Educación (CFE) se da en el Instituto de Formación Docente de Canelones. Precisamente, este martes en esa ciudad se desarrolló el acto en el que asumió como representante de los docentes en el organismo, después de que en la elección realizada en noviembre fuera electa por amplio margen.
Carbajal pertenece a una lista forjada en el seno de la Asamblea Técnico Docente (ATD) del CFE, opción electoral que ha triunfado desde que la participación docente está operativa en el organismo. Durante la campaña electoral, desde el colectivo se realizaron duras críticas a la política del gobierno en materia de formación de educadores, en particular al mecanismo de reconocimiento universitario de la titulación de esos profesionales y a la conducción política del CFE.
Sentada al lado del presidente del organismo, Víctor Pizzichillo, y de la presidenta del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Carbajal dio un discurso en el que dejó en claro sus cuestionamientos. En esa misma línea también se expresaron la consejera docente saliente, Rita Cabrera, y Gabriela Rico, vicepresidenta de la Mesa Permanente de la ATD.
En su intervención Carbajal reivindicó su formación íntegra en la educación pública, que, según dijo, le hizo “descubrir otros horizontes existentes”, al igual que ocurre con otras personas que vienen de “sectores sumergidos”. Sin embargo, lamentó que en la actual gestión de gobierno “se adoptan decisiones que cada día reducen un poco más lo público y sus sentidos valiosos”. Como un ejemplo, mencionó que la ley de urgente consideración (LUC) modificó el artículo 14 de la Ley General de Educación y, de esa forma, “sustituyó la prescripción de no suscribir acuerdos o tratados con estados u organismos internacionales que directa o indirectamente signifiquen considerar a la educación como un servicio lucrativo o alentar a su mercantilización”.
En la misma línea que un informe elaborado por dos constitucionalistas, consideró que el mecanismo de reconocimiento de títulos universitarios viola la autonomía de la ANEP y, por lo tanto, la Constitución de la República. Además, cuestionó la política de posgrados del CFE, ya que, según planteó, antes se realizaban en convenio con universidades públicas extranjeras y nacionales, pero desde que asumió este gobierno se optó por transferir recursos a instituciones universitarias privadas para que se encarguen del dictado de posgrados para docentes. Como ejemplos, mencionó la Maestría en Cultura Escrita y Educación, en el Instituto Elbio Fernández, o la Maestría en Didáctica en las Ciencias de la Naturaleza, en el Instituto Universitario Sudamericano, de Punta del Este, entre otros.
Forma y contenido
En suma, habló de la “minimización de ATD como órgano de participación y espacio de deliberación”, ya que las autoridades políticas optaron “por un mecanismo de seudoconsulta sobre documentos borradores que contienen planes, reglamentos y resoluciones técnico docentes ya laudados”. Además, Carbajal cuestionó que en el marco de la reforma curricular se han puesto a consulta “miles de páginas de programas con temas y bibliografía”, tarea que compete a las salas académicas del CFE, que no fueron convocadas para ello.
Sobre los cambios curriculares también criticó que los nuevos planes “reduzcan contenidos vertebradores de la formación de educadores” como pedagogía y filosofía de la educación, y también dijo que se ha optado por la unificación de campos de saber que en los últimos años han tenido desarrollos propios que los alejan entre sí.
En síntesis, la consejera valoró que, como resultado, la transformación deja “inconsistencias y contradicciones” en su fundamentación, el “desconocimiento de los campos de conocimiento académico” y la inclusión de “bibliografía poco pertinente”, lo que redunda en “un claro empobrecimiento de la formación de los educadores”, lamentó.
Carbajal también se refirió al cambio que adoptó el CFE en la modalidad de elección de horas, con la creación de Unidades Horarias de Desempeño Docente. Al respecto, dijo que implicó la “modificación de condiciones de trabajo y lesión de derechos laborales adquiridos” por parte de los docentes, además de una “pérdida de especificidad académica”. Por su parte, planteó que el cambio supuso una “degradación de la estructura académica” del organismo y el “empobrecimiento de la comunidad educativa, que en muchos centros ha quedado reducida a unos pocos docentes”.
Según la consejera docente, el amplio apoyo a su lista en la elección en el CFE muestra un claro mensaje: “Este no es el modo de cambiar la formación de los educadores”. Carbajal consideró que los docentes se expresaron contra prácticas de las autoridades “que niegan la presencia del otro como profesional de la educación, como estudiante de la educación superior y como persona en la plenitud de sus derechos”.
Pese a las diferencias
Al cerrar la actividad, Pizzichillo y Cáceres hicieron breves discursos en los que si bien marcaron sus discrepancias con lo planteado por la ATD, la consejera saliente y la entrante, se congratularon por el ingreso de Carbajal al organismo. Pizzichillo aseguró que en el CFE se está llevando a cabo el proyecto exactamente como se presentó ante el Parlamento y en el marco de la LUC, que fue “refrendada por la ciudadanía”. “Más allá de las diferencias, a todos nos une el trabajo y el amor por la formación docente, cada uno a su manera”, dijo el jerarca. Por su parte, Cáceres sostuvo que el CFE “viene trabajando de manera muy armónica y muy respetuosa” y, “más allá de las diferencias o de los disensos”, dijo estar segura de que seguirá siendo de esa manera”. Por lo tanto, a Carbajal le deseó “el mayor de los éxitos” y le dio la “bienvenida a la clave ANEP”.
Cierre de consejeros salientes
Los consejeros docentes en el CFE fueron tres, ya que ocuparon el cargo en forma rotativa. Rosana Cortazzo fue quien estuvo más tiempo, desde 2019 hasta principios de 2023, cuando asumió Diego Silva, que se desempeñó como consejero hasta fin de año; en el tramo final de la gestión asumió el cargo Rita Cabrera. Junto a su equipo administrativo y de gestión, el viernes realizaron un cierre y balance de su paso por el organismo, que, según plantearon, tuvo etapas bien distintas.
Los consejeros destacaron el espacio de construcción institucional en el CFE hasta 2020, para ir generando condiciones similares a las de una institución universitaria, algo que la ATD reclama. Cortazzo recordó que en su momento trabajaron arduamente para generar un marco claro de participación docente, por ejemplo, a través de la aprobación de reglamentos de las comisiones de carrera que funcionaban a nivel local y nacional. La exconsejera criticó que, pese a existir una Comisión de Enseñanza y Desarrollo Curricular y a que se implementó un cambio de planes, desde finales de 2022 que no se la consulta. Al respecto, lamentó que todos esos espacios creados “están prácticamente en desuso” y sostuvo que “la pandemia fue propicia para desarticular las comisiones de carreras locales”.
No obstante, consideró que “la estocada final” a ese proceso fue “la desarticulación de las estructuras académicas” del CFE y, concretamente, “la no continuidad de las coordinaciones académicas a partir de marzo de 2022”.
Al respecto, Silva dijo que otro golpe contra ese proceso fue la suspensión de la aplicación de un nuevo texto para el Capítulo 14 del Estatuto del Personal Docente de ANEP que, justamente, regula la actividad en el CFE. En 2019 el Codicen había aprobado una nueva versión que avanzaba en la consolidación de los departamentos académicos, pero la actual administración lo dejó sin efecto. Según el exconsejero, de esa forma “se reinstaló que la centralidad de la transformación educativa pasa por los directores de institutos y por otros actores de la estructura institucional del CFE”, como dinamizadores y mentores. Silva analizó que ello se dio por el “pragmatismo” de las actuales autoridades políticas, que buscaron poner personas que les sean “funcionales”.
No obstante, aseguró que ello “desconoce la complejidad” de los cambios en la educación. En suma, sostuvo que “el tiempo en las instituciones universitarias para consolidar ciertos procesos es necesario” y que “muchas veces acelerar procesos lleva a que ciertas cosas no encarnen en la dinámica institucional”.
Los consejeros salientes también cuestionaron la política de posgrados del organismo, tanto porque implica una transferencia de recursos a instituciones privadas como por la forma en que fue aprobada en el CFE. Según Silva, muchas de las propuestas entraron al consejo y no tuvieron prácticamente discusión, por lo que se aprobaron de forma “exprés”.
Sobre el diseño y la aprobación de cambios curriculares, Cortazzo afirmó que se elaboraron “productos que carecieron de rigurosidad académica” y recordó la denuncia por plagio en uno de los documentos, que, además, “fueron incompletos” y “tuvieron múltiples observaciones”. Según lamentó, “esa desprolijidad institucional no afecta sólo a quien vota afirmativo”, sino que “afecta al consejo en general y al lugar de prestigio que la formación en educación quiere tener en este país”.