En su última sesión del año, el Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) resolvió levantar la sanción que en 2024 Secundaria le impuso al exdirector del liceo IAVA Leonardo Ruidíaz.
El sumario que le inició a Ruidíaz la Dirección General de Educación Secundaria (DGES), comandada por Jenifer Cherro, se extendió durante un año, ya que los hechos que motivaron la sanción ocurrieron entre marzo y abril de 2022. En ese momento, en el marco de un conflicto con el centro de estudiantes por el salón gremial, la DGES resolvió separar del cargo al entonces director y entre los fundamentos planteó que había existido “insubordinación” cuando el entonces director intentaba que el conflicto se resolviera por medio del diálogo.
Después de la separación del cargo, el liceo pasó a estar intervenido por la DGES, que designó un equipo de inspectoras para que se hicieran cargo de la dirección, luego de que ningún profesor se presentara para ocupar el cargo.
Luego de que venciera la separación del cargo, la DGES dispuso que el director pasara a realizar tareas administrativas y no permitió su regreso a un cargo de dirección hasta tanto estuviera el resultado del sumario. En la sanción definida por la DGES se previó la suspensión por 150 días con retención de haberes, pese a que un informe jurídico establecía una sanción mucho menor.
Durante el año en el que transcurrió el sumario, a través de sus abogados, Ruidíaz denunció distintas irregularidades en el proceso y, de hecho, logró una recusación para que Cherro no fuera la jerarca que definiera sobre la sanción al director, en el entendido de que la exjerarca “prejuzgó” lo ocurrido en el IAVA.
A partir de lo resuelto por el Codicen este martes, la sanción se retirará del legajo funcionarial de Ruidíaz y el docente cobrará los haberes que le fueron retenidos.
La de Ruidíaz es la última de las sanciones a docentes impuestas en la pasada administración que en su momento tomaron estado público y es revisada por las actuales autoridades de ANEP. La primera de ellas fue la de una maestra y una directora de la escuela 35 de Montevideo que habían sido sancionadas por proselitismo tras leer una proclama sindical en un acto de inicio de cursos; luego siguió el levantamiento de las sanciones a los seis profesores del liceo 1 de San José que fueron sancionados por proselitismo por tomarse fotografías contra la propuesta de plebiscito “Vivir sin miedo” dentro del liceo, que en ese momento no contaba con estudiantes.
Además, más recientemente, la Fiscalía dispuso el archivo de la denuncia penal presentada por la Cámara de Diputados, con votos de la coalición multicolor, en 2022 a sindicalistas y exautoridades frenteamplistas de Secundaria por la justificación de inasistencias. En ese contexto, al conocerse el archivo de la denuncia, la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) apuntó contra el gobierno anterior y consideró que en el quinquenio pasado hubo una política sistemática” de “persecución y de generar terror a una organización sindical”.
Según informó El País, Fenapes encomendó un informe jurídico a sus abogados para definir si denunciará al gobierno de Luis Lacalle Pou por “persecución política” ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.