Las decenas de amenazas de tiroteo que ocurrieron en centros de educación media de todo el país trastocaron el transcurso normal del año lectivo en liceos y UTU, y también en algunos centros de educación inicial y primaria que fueron objeto de amenazas. Si bien en ningún caso se concretaron y fueron realizadas como una broma o para lograr la suspensión de clases, las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y del Ministerio del Interior (MI) consideraron necesario tomarlas en serio.
Esta seguidilla de episodios, que afectaron la normal concurrencia a clases, se da en un contexto en el que las autoridades de la educación buscan atacar los problemas de ausentismo crónico que tiene Uruguay y que se profundizaron a partir de la pandemia de covid-19. Justamente, los datos del año pasado comenzaron a arrojar algunas mejoras en la asistencia a clase en toda la ANEP.
En ese marco, si bien se definió que los centros educativos donde se registraran amenazas permanecieran abiertos, de lo que debían hacerse cargo los equipos directivos de los centros educativos, la asistencia quedaba a criterio de cada familia, ya que no se computaban administrativamente las faltas. Esta situación cambió a partir de este miércoles, cuando el Consejo Directivo Central de la ANEP resolvió que se retome la contabilización de inasistencias, además de seguir trabajando en conjunto con el MI y apelando a la reflexión en las distintas comunidades educativas.
No obstante, más allá de esa medida, las amenazas se han mantenido y siguen generando preocupación en distintos actores que integran las comunidades educativas. Por ejemplo, este lunes se realizó una sala de directores de los liceos de la zona 5 de la Dirección General de Educación Secundaria (DGES): liceos de Montes, Migues, Tala, San Jacinto, San Luis, Parque del Plata, Atlántida 1 y 2, La Floresta, Salinas 1 y 2, y Solymar 1, 2 y 3. Se trata de un espacio previsto institucionalmente en Secundaria que puede autoconvocarse y, en este caso, la reunión se realizó con carácter de urgente, tras las amenazas registradas en los últimos días.
En la reunión participó también la inspectora de institutos y liceos de la zona, y se acordó enviar una nota a la DGES y a distintos estamentos de las inspecciones del organismo. La carta, a la que accedió la diaria, detalla todas las medidas indicadas por la DGES hasta ese día, que incluían el registro por escrito de todas las personas que ingresaban a cada liceo, el “seguimiento exhaustivo” de la situación y la “comunicación permanente y fluida con las familias, solicitando calma, paciencia y colaboración”.
Otra de las medidas dispuestas desde la administración fue que los docentes y funcionarios de cada liceo quedaran eximidos de concurrir al centro educativo en caso de existir una amenaza vigente, por lo que los únicos obligados a concurrir eran los equipos directivos. Al respecto, la sala de directores consideró que se da una “contradicción” en dicha disposición, ya que “se valora diferente la vida de unos y de otros”.
En ese sentido, los directores de liceos de la zona reclaman a la DGES la generación de un protocolo escrito y acordado con las comunidades educativas para este tipo de situaciones, similar a la que se generó años atrás ante amenazas de bomba. En particular, reclaman que, “de ocurrir una amenaza, se avale la no concurrencia de ninguna persona y cierre de la institución, hasta que estén dadas las garantías”.
Además de marcar la necesidad de que las denuncias se aborden en conjunto con el MI y de que se identifique a los responsables, los directores entienden pertinente el abordaje de estos casos con otros organismos del Estado. En particular, nombran al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, el Ministerio de Desarrollo Social, la Universidad de la República, y su Facultad de Psicología, de forma de realizar talleres en conjunto con los equipos multidisciplinarios de cada liceo.
A partir de estas amenazas, los directores de los liceos de Canelones se preguntan: “¿Qué tipo de garantías tenemos? ¿Qué seguridad podemos brindarles a los estudiantes y a nosotros mismos frente a estas situaciones? ¿Será esta una oportunidad para abordar ciertos temas que ocurren en nuestras comunidades? ¿Será tiempo también de intensificar la atención a la problemática de las redes sociales y los dispositivos celulares en las aulas?”.
Precisamente, otro de los reclamos de la sala es el bloqueo “de todas las redes sociales” en las redes de los liceos y los dispositivos de Ceibal. Según pudo saber la diaria, como medida preventiva ante el nuevo escenario de asistencia obligatoria, en los liceos de la zona se prohíbe el ingreso de mochilas y teléfonos celulares. En su lugar, se pide a las familias que los estudiantes lleven los cuadernos en bolsas transparentes.
Como en algunos casos el pedido no es cumplido, las mochilas y teléfonos quedan bajo el control de las respectivas adscripciones y los dispositivos solo pueden retirarse si son requeridos para alguna tarea de clase, pero su uso queda bajo estricto control del respectivo docente.