El 30 de diciembre de 2019, luego de una semana de fiestas tradicionales en la que se registraron tres femicidios, el entonces presidente Tabaré Vázquez declaró la emergencia nacional en materia de violencia de género. La resolución incluía una serie de medidas, como aumentar el número de tobilleras electrónicas, dotar de mayor eficiencia el acceso a la Justicia de las mujeres víctimas de violencia de género, y una campaña de sensibilización para difundir medidas de protección hacia las mujeres y las masculinidades no violentas. Pero recibió cuestionamientos, incluso de parte de integrantes del actual gobierno, por no contener iniciativas suficientemente concretas. Al día de hoy, gran parte de estas propuestas no se concretaron.
¿Qué mecanismos se pusieron en marcha desde el 1º de marzo de 2020, cuando asumió el actual gobierno, teniendo en cuenta esta declaración de emergencia nacional? “Si uno tiene presente qué año fue el año pasado, se fue avanzando en la medida de tratar de acompañar lo que es una emergencia, que no tiene que ver con una declaración pública, porque las mujeres hace tiempo que venimos diciendo que, hablando en tiempos de hoy, la violencia también es una pandemia”, reflexionó en diálogo con la diaria la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón. La vicepresidenta destacó algunos “hitos” de la administración en esta materia, pese al “año atípico” atravesado.
El 9 de marzo de 2020 el gobierno anunció que se incrementaría en 50% la cantidad de tobilleras electrónicas, pasando de 1.000 a 1.500 dispositivos al finalizar el año. Según información oficial, en diciembre de 2020 esa cifra ascendió a 1.700.
Argimón señaló que desde el inicio de la pandemia “se incorporó una mirada con corte de género”: “Haber incorporado al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) al Sistema Nacional de Emergencias implicó, de antemano, saber que era posible que bajaran las denuncias al 911 [emergencia policial] pero que aumentaran las llamadas al 0800 4141 [asesoramiento]”, señaló la jerarca, en referencia al servicio telefónico de orientación a mujeres en situación de violencia de género.
En una evaluación hecha a mediados de año, Inmujeres advirtió que el número de llamadas a la línea de atención y asesoramiento aumentó 80% durante los dos primeros meses del aislamiento voluntario, a la vez que las denuncias al Ministerio del Interior bajaron. La directora de Inmujeres, Mónica Bottero, informó que en las próximas semanas el 0800 4141 comenzará a funcionar 24 horas los siete días de la semana, “un viejo reclamo de las organizaciones sociales”. Hasta ahora, según indicó, está operativo de lunes a viernes de 8.00 a 00.00, y los sábados y domingos de 8.00 a 22.00.
En cuanto a la emergencia nacional, Bottero sostuvo que “se tuvo en cuenta”, pero consideró que las medidas allí incluidas “no concordaban con lo que sería una situación de emergencia”. “Eso es lo que valoramos en el momento”, manifestó. Aunque recordó que se realizó una campaña de sensibilización que comenzó a finales de marzo, y “una campaña fuerte para mejorar el presupuesto”.
“El primer gran desafío con el que nos topamos de frente, el mismo mes en que iniciamos la gestión en Inmujeres, fue el de garantizar que el sistema de respuesta a la violencia siga funcionando”, explicó Bottero, e indicó que pese a esto se continuó la atención, a distancia y presencial.
El otro gran desafío, señaló, era “mantener la gestión de Inmujeres en el marco de una reformulación del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), un ministerio que durante la campaña electoral se planteó que se iba a auditar y reformular en algunos aspectos”. “A mí me pareció que en el área de género nosotros teníamos que continuar una política de Estado, porque costó mucho construir una institucionalidad de género desde que se recobró la democracia hasta ahora, como para venir a decir ‘vamos a tirar todo y hacer todo de nuevo’, sólo para decir que estábamos haciendo algo propio”, sostuvo Bottero, y consideró que esta visión fue aceptada dentro del ministerio.
También fue un desafío, “en el marco de una directiva de reducción de 10% de los presupuestos de los ministerios y otras organizaciones, que el sistema de respuesta en violencia no solamente no se redujera, sino que aumentara. Y con orgullo podemos decir que aumentó más de 20%”, añadió. Dice que esto fue “mérito del propio Mides, pero también de la ministra de Economía [Azucena Arbeleche], que decidió apoyar esto, y de la propia Presidencia de la República, que dio el aval”.
Por otra parte, la jerarca señaló que en el primer año de su gestión se sentaron las bases para continuar algunas políticas que venían del gobierno anterior, como los convenios con el Ministerio de Vivienda y Mevir, que brindan respuesta habitacional a mujeres en proceso de salida de situaciones de violencia basada en género. También el convenio que tiene la institución con la Intendencia de Montevideo, que dispone la contratación de mujeres en proceso de salida de situaciones de violencia de género y discriminación.
Juzgados de Género: una luz al final del túnel
A principios de octubre del año pasado, el Ministerio de Economía y Finanzas anunció la habilitación de una partida de 57 millones de pesos por año para la creación de tres juzgados especializados en violencia de género en el interior del país, luego de que Argimón pidiera a la bancada de la coalición que quedaran “bien claras las partidas específicas” para el cumplimiento de la Ley de Violencia hacia las Mujeres Basada en Género. A mediados de enero, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) informó que no sería posible instalarlos, con el argumento de que los recursos asignados eran insuficientes.
Dos semanas después, el nuevo presidente de la SCJ, Tabaré Sosa, que por entonces no había asumido, se reunió con delegadas de la Bancada Bicameral Femenina, y aseguró que había “voluntad” de la corporación para instalar estos juzgados. Sin embargo, unos días más tarde, la ministra de la Corte, Elena Martínez, afirmó que las necesidades de recursos del organismo seguían “incambiadas” y que las sedes de género no podían funcionar en esas condiciones.
Pese a estas idas y vueltas, “la salida es inminente”, aseguraron Argimón y Bottero. La vicepresidenta afirmó que las legisladoras de la bancada bicameral mantuvieron contactos con representantes de los departamentos de Rivera, Paysandú y Maldonado. “Se va transitando hacia la definición de tener locales”, para los cuales también “se solicitó que pueda haber un convenio con la Administración de Servicios de Salud del Estado en todo lo que tiene que ver con psiquiatras y medidas de apoyo”. “Los propios legisladores y legisladoras de los departamentos han iniciado gestiones, y los intendentes están afín a colaborar. Nosotros hicimos mucho hincapié en el interior de la República, por lo que son las estadísticas, y esto estaría siendo posible”, afirmó Argimón. La jerarca explicó que se trata de tres juzgados de doble turno y que esos tres departamentos fueron elegidos porque fueron señalados por el presidente de la SCJ como “departamentos importantes”.
Bottero señaló que las negociaciones podrían extenderse durante marzo, pero que en abril debería concretarse el acuerdo “porque el dinero ya está; por tanto, si no se ejecuta, se pierde”. Según indicó, el argumento de la SCJ por el que se ha dilatado la negociación es que “no pueden ponerse a trabajar en la instalación de tres juzgados si no les alcanza” el presupuesto, y “la discusión está en que al no derogarse los literales C y D del artículo 51 [del presupuesto], se los obliga a ser multimateria, y que para eso la plata no les alcanza”. No obstante, para Bottero, “eso no es tan así porque los juzgados multimateria pueden quedar en suspenso, como quedaron en Montevideo”.
Cuando pase el temporal
¿Cuáles son las prioridades del gobierno en materia de género una vez que se dejen atrás los coletazos de la pandemia? Argimón entiende que sería necesario “hacer un pasaje de raya y evaluar, para después ver nuevas medidas o mejorar medidas ya existentes”. Considera que “hay cosas que no van a ser iguales” y “hay que ver cómo incidió la pandemia en la vida de las mujeres”. Uno de los focos sobre los que se debería trabajar “fuertemente” es la independencia económica de las mujeres, sostuvo la vicepresidenta, en el entendido de que estamos “frente a un mercado laboral cada vez más rápido en términos de cambios, con un alto número de mujeres trabajadoras, pero, además, con hijos a cargo, también con mujeres que tienen emprendimientos”.
En la misma línea, Bottero consideró que “uno de los principales lineamientos a seguir cuando pase la pandemia es, sin ninguna duda, la promoción de la autonomía económica” de las mujeres, “porque sabemos que somos las más desocupadas, las que ganan menos, las que primero nos caemos del mercado laboral, y las que estamos más involucradas en los trabajos informales”.