Le dicen “techo de cristal” a la barrera invisible o simbólica que limita la posibilidad de que las mujeres asciendan en sus carreras profesionales y accedan a cargos de jerarquía o de toma de decisiones. Lo cierto es que, en ocasiones, ese techo transparente se parece más a uno de cemento, impenetrable, bien visible para las que lo miran desde abajo. Pese a ser uno de los países más avanzados de la región en materia de derechos de las mujeres, en Uruguay también existe.
El informe El lugar de las mujeres uruguayas en los cargos de decisión, presentado en marzo por ONU Mujeres y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), asegura que en el país se reconocen al menos cuatro “nudos estructurales” constitutivos de las relaciones desiguales de género: los patrones culturales, la desigualdad económica, la división sexual del trabajo y la concentración del poder. El estudio aborda este último y, en particular, la baja representación de las mujeres en los cargos de decisión en distintos ámbitos: los tres poderes del Estado, los gobiernos subnacionales, las empresas públicas, los entes autónomos, los servicios descentralizados, las empresas privadas, las cooperativas, los sindicatos, las cámaras empresariales y la Universidad de la República (Udelar).
La conclusión general del análisis, que estuvo liderado por la politóloga Victoria Gadea, es que existe una “persistente segregación vertical en el acceso al poder por parte de las mujeres” –es decir, respecto de la escala jerárquica o de tareas dentro de cada lugar de trabajo–, a la que se suma una segregación horizontal –entre ocupaciones–, “ya sea porque las mujeres acceden en menor medida a puestos de conducción como por las temáticas que conducen”. El informe asegura que ninguna de las instituciones analizadas escapa a esta lógica. Puntualiza además que esta discriminación se mantiene a pesar de que las mujeres tienen niveles más altos de educación y suelen contar con mayor formación que los hombres para los cargos a los que aspiran.
Los poderes del Estado
Uruguay es la democracia plena más avanzada de América Latina y el Caribe, según la última edición del Índice de Democracia de la Unidad de Inteligencia de The Economist, publicada en febrero. Sin embargo, también se mantiene como uno de los países de la región con menor participación de mujeres en los distintos espacios de representación política.
Los datos que revela el informe reflejan bien este fenómeno. El único “avance sustancial” que registra es la elección en 2019 de la primera mujer para ocupar la vicepresidencia de la República, Beatriz Argimón. Por lo demás, Uruguay está lejos de ser una democracia paritaria.
El análisis a nivel del Poder Ejecutivo muestra que la participación de las mujeres como ministras desde el retorno de la democracia “sigue siendo marginal”. En el primer período posdictadura (1985-1990) había sólo una ministra; hoy, más de tres décadas después, hay apenas dos. El gabinete con mayor representación femenina fue el que funcionó entre 2015 y 2020, con cinco ministras (en un total de 13). Esta situación provoca una “alerta”, dice el documento, si se tiene en cuenta que “el gabinete continúa siendo el que, en gran medida, define las políticas públicas del país”.
“Desde el retorno a la democracia, Uruguay aún no ha dado un salto cualitativo en su gabinete, como sí lo han hecho otros países, anunciando gabinetes paritarios. Incluso, hay ministerios en los cuales nunca ha habido mujeres en los cargos de decisión, como pueden ser el Ministerio de Ganadería [Agricultura y Pesca], el de Transporte [y Obras Públicas] o la cancillería, por lo que es una deuda pendiente para Uruguay”, afirmó la representante de ONU Mujeres en Uruguay, Magdalena Furtado, durante la presentación del estudio. Por otro lado, dijo que actualmente hay ministerios que son “muy feminizados en su plantilla”, como el Ministerio de Salud Pública, en donde más de 70% de su funcionariado son mujeres, pero ninguna integra cargos de decisión.
Respecto del Poder Legislativo, el informe asegura que las elecciones de 2014 marcaron “un cambio en la representación de las mujeres”, especialmente en el Senado, debido a la Ley de Cuotas, que ese año rigió por primera vez en una elección nacional. Sin embargo, el avance parece ir a pasos lentos: tras las elecciones de 2019, la presencia de mujeres en las dos cámaras del Parlamento aumentó apenas de 19,4% a 21%. Como resultado, Uruguay ocupa el lugar 104 en la Clasificación Mundial de Mujeres en el Parlamento en 2020 de la Unión Interparlamentaria, en una lista de 193 países.
Por otro lado, las mujeres representan 73% de la plantilla en el Poder Judicial, según datos oficiales de 2019. Pero ocurre que, cuanto más alto es el nivel de jerarquía, menor es la presencia femenina.
El informe Brechas de la Oficina Nacional del Servicio Civil, divulgado en febrero de este año, ya había revelado que 78% de los cargos de conducción en el Estado son ocupados actualmente por varones.
Gobiernos departamentales y municipales
Uruguay no tuvo ninguna intendenta mujer hasta 2010, año en que por primera vez fueron elegidas tres. Una década después, la presencia femenina en estos cargos sigue siendo escasa: en el período siguiente fue electa sólo una jefa de gobierno departamental y hoy en día son dos las mujeres que ejercen como intendentas, en Montevideo y en San José. De acuerdo con el informe, este fenómeno es el reflejo de la poca presencia de mujeres ocupando candidaturas a estos cargos.
Por otra parte, se registró un crecimiento de la representación femenina en las juntas departamentales, que pasó de 18,8% en 2010 a 32% en 2020. De todas formas, el documento aclara que se trata de cargos “de poco prestigio político y no remunerados”.
El tercer nivel de gobierno, que quedó establecido por ley desde 2010, “representó un espacio de oportunidad para el posicionamiento de las mujeres”, asegura el informe, pero la presencia en los cargos de conducción es aún reducida. El porcentaje de alcaldesas incluso disminuyó de 23,6% en 2010 a 18,5% en 2020. “Como en otros espacios de poder, en los cargos más valorados del tercer nivel de gobierno (los de mayor visibilidad y remunerados) la presencia de mujeres es reducida y está estancada”, señala el informe. Mientras, la proporción de concejalas aumentó de 18,3% en 2010 a 34,5% en 2020.
Entes autónomos, servicios descentralizados, empresas públicas y Udelar
Otro de los apartados analiza la distribución de altos cargos entre hombres y mujeres en entes autónomos, servicios descentralizados y empresas públicas. En estos casos la brecha de género también es evidente.
El análisis de los diez entes autónomos demuestra un “estancamiento cuantitativo de las mujeres en los cargos de decisión”. Incluso en dos casos –Administración de Ferrocarriles del Estado y Banco de Seguros del Estado– no ha habido ni una mujer en puestos de jerarquía desde 2010. De hecho, las mujeres representan 71% del funcionariado de los entes autónomos, pero están representadas sólo en 28% de los cargos de conducción.
Una situación similar ocurre en los nueve servicios descentralizados, donde de los 31 cargos de conducción, sólo 11 son ocupados por mujeres. También en este caso, las mujeres representan 71% de la plantilla, pero apenas 36% de los cargos de liderazgo.
En el caso de las empresas públicas, si bien se destaca UTE por tener su primera presidenta mujer en la historia del organismo, los datos muestran que están lejos de alcanzar representación equitativa en los cargos de conducción. Las cinco empresas tienen una plantilla más masculinizada que los entes y los servicios (66% están integradas por hombres) pero, como consecuencia, su presencia en los cargos de decisión está todavía más masculinizada (83%).
En el ámbito académico, lo primero a destacar es que el cargo máximo al que se puede aspirar en la Udelar –es decir, la rectoría– nunca estuvo ocupado por una mujer. Esta es sólo una muestra de la segregación vertical que aparece en el resto de la estructura, ya que a pesar de que son más las mujeres que ocupan grados docentes, la incidencia que tienen decrece cuando el grado aumenta. Así, el informe muestra que hasta el tercer nivel las mujeres representan más de la mitad de los grados, mientras que en los grados 4 y 5 los hombres son mayoría. De hecho, las mujeres representan sólo 34% de los grados 5.
En paralelo, la Udelar cuenta actualmente con siete decanas de 15, lo cual representa 47% del total.
Sindicatos
“El lento protagonismo de las mujeres en los sindicatos es otro síntoma de las dificultades que enfrentan para acceder a los cargos de decisión”, introduce el informe en el capítulo sobre el ámbito sindical. Y afirma que, “aunque las mujeres han cobrado mayor protagonismo en esta última década, los sindicatos son espacios que siguen estando masculinizados”.
Ese mayor protagonismo se logró a partir de 2018, cuando el PIT-CNT cambió su reglamentación interna y determinó, como exigencia, la presencia femenina en sus órganos. A partir de esa modificación, se exige que al menos un tercio de la composición del Secretariado Ejecutivo esté formado por mujeres, lo cual se cumple en un grado mínimo. El grado es literalmente mínimo: hoy en día, las mujeres representan casi 36% de este órgano de decisión.
El estudio también analiza los directorios de los 13 sindicatos con más afiliadas y afiliados pertenecientes al PIT-CNT. En ocho de ellos las mujeres representan más de 30% del total en los espacios de decisión. La Federación Uruguaya de Magisterio es la más feminizada, con 73% de mujeres. En el otro extremo están la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado y el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos, donde la representación femenina es de 8% y 9%, respectivamente.
Empresas privadas y cámaras empresariales
Si en las empresas públicas la desigualdad en el acceso a los cargos de decisión es evidente, en el sector privado hay mucha más tela para cortar. El informe recuerda que la Encuesta Continua de Hogares de 2019 reveló que en el sector público hay 53,7% de presencia femenina, mientras que en el sector privado la representatividad desciende a 33,6%.
También hace mención a una encuesta que realizó el Banco Mundial en 2017 que muestra que solamente 11% de las empresas en Uruguay tiene mujeres en los puestos de máxima jerarquía. “Y si distinguimos por tamaño de la empresa, vemos que en las más grandes ese porcentaje se reduce drásticamente”, acotó Furtado. En esa línea, aseguró que sólo en 5% de las empresas grandes de Uruguay hay una máxima autoridad mujer. “Si comparamos con el resto de América Latina y el Caribe, o con los países de ingresos altos, vemos que también Uruguay queda rezagado”, consideró la representante de ONU Mujeres.
En el caso de las 19 cámaras empresariales analizadas, la investigación encontró que de los 96 cargos altos que están representados (presidencia, vicepresidencia, secretaría y tesorería, dependiendo de la conformación de cada entidad), apenas 11 son ocupados por mujeres. Visto de otra manera, en 12 de las 19 cámaras empresariales ninguna mujer ocupa un cargo de dirección.
Cooperativas
De acuerdo con un relevamiento realizado por la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas, que sistematizó la información de diferentes organizaciones que nuclean cooperativas, el lugar que ocupan las mujeres en la toma de decisión alcanza a 25% de los lugares de dirección.
El estudio incluso reveló que, de las diez entidades analizadas, sólo una –la Federación de Cooperativas de Producción del Uruguay– cuenta con un directorio en el que la mayoría son mujeres (57%). Además, siete de las diez cooperativas cuentan con directorios en los que las mujeres representan menos de un tercio del total.
Un análisis anterior, realizado en 2019 por el Instituto Nacional de Cooperativismo, ya había visibilizado las múltiples barreras que se les presentan a las mujeres para acceder a los cargos de conducción. Entre otras cosas, menciona como obstáculo la propia estructura de las organizaciones, que “muchas veces requiere un alto número de horas presenciales”, o la distribución desigual de las tareas en los hogares, “lo que les impide dedicar más tiempo a la actividad cooperativa”.