En un momento de “escalada” de la violencia hacia mujeres, niñas, niños y adolescentes, el Estado adoptó una serie de medidas que implican un retroceso en la prevención y la atención a estas situaciones, denunció la Intersocial Feminista en un comunicado difundido en las últimas horas. La organización describió “acciones y omisiones” en ámbitos como la Justicia o la salud que “desmantelan” el “frágil sistema de respuesta” a la violencia basada en género y generaciones, y no cumplen con lo establecido en la Ley 19.580.
Una primera señal en ese sentido es la postergación de la instalación de los tres juzgados especializados en violencia de género en el interior del país contemplados en el Presupuesto Nacional. “Recién en junio de este año se logró la firma de un acuerdo para acceder a un local en San Carlos”, Maldonado, para instalar uno de esos juzgados, cuestionó la Intersocial Feminista. De los otros dos “aún no hay ninguna información y ya nos encontramos en el segundo semestre del año”.
Las activistas también se refirieron a la falta de subsidios de alquiler para mujeres que están en proceso de salida de situaciones de violencia de género y se atienden en los servicios del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), así como en las Comuna Mujer de la Intendencia de Montevideo. Aseguran que luego de advertir sobre el tema en junio, la respuesta oficial fue “que se otorgaron el doble de subsidios, pero lo cierto es que las mujeres que esperan desde noviembre a que se les otorgue aún siguen sin respuestas y tampoco se ha permitido que se postulen nuevas solicitudes”.
Otra medida que según la organización es un gesto más del “desmantelamiento” del sistema de respuesta es la modificación, por parte del Ministerio de Salud Pública (MSP), de la meta asistencial que elimina el monto asignado a la capacitación de los equipos de referencia en violencia de género de los prestadores de salud. “Esto augura un retroceso en la existencia, tanto en cantidad como en calidad, de los actuales servicios del Sistema Nacional Integrado de Salud”, señaló la Intersocial Feminista, y aseguró que solicitó entrevistas con la vicepresidenta Beatriz Argimón, el MSP y el Inmujeres para plantear la preocupación, y aún no hubo “respuesta alguna”.
“Es muy grave cómo se está retrocediendo en formación, acceso, prevención, reparación y acceso a la Justicia en violencia de género. Hacemos un llamado de alerta al sistema político para atender esta emergencia nacional con la seriedad y el conocimiento que el problema requiere”, dice la plataforma feminista en el comunicado. Asegura además que “el Estado debe hacerse responsable de evitar los femicidios y las violencias”, por lo que exige la implementación de la Ley 19.580 “en forma inmediata”.
Además de denunciar estas medidas, la organización criticó una serie de “infelices declaraciones por parte de los responsables de prevenir y proteger la vida de mujeres, niñas y adolescentes”. La referencia hace alusión a comentarios realizados la semana pasada por el fiscal letrado departamental de Paysandú de 3º turno, Carlos Motta, y el presidente del Instituto Nacional del Niño y Adolescente del Uruguay, Pablo Abdala, horas después del femicidio de una adolescente de 16 años a manos de su exnovio, de quien se había separado el mismo día. El fiscal dijo que “una parte de la ciudadanía no está preparada emocionalmente para la separación” y afirmó que “la mujer demora en decirle que no al hombre, en leer la situación de maltrato y ponerle un freno”, y cuando lo hace, “la situación ya avanzó, el tipo cree tenerla dominada y quiere imponerse”. Por su parte, Abdala habló de “la criminalidad asociada a la pasión masculina”.
Para la Intersocial Feminista, estos dichos revelan una “clara falta de preparación para abordar los casos de violencia de género”. “La violencia basada en género es una expresión de poder donde predomina la idea de propiedad y control de los varones sobre las mujeres”, plantea el comunicado. “Quienes cometen actos de violencia no lo hacen por tener problemas de baja tolerancia a la frustración ni falta de preparación para la separación”.