Desde que se aprobó la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), en 2012, hasta diciembre de 2020, se han realizado 75.117 abortos legales en Uruguay. Las cifras del Ministerio de Salud Pública (MSP) muestran que las intervenciones fueron en aumento a partir de 2013 –el primer año entero en que se aplicó la normativa– y en 2019 se registró por primera vez un descenso. En 2020, por segundo año consecutivo, la tendencia se mantuvo a la baja. Así, se pasó de 10.373 abortos legales en 2018 (el año con mayor cantidad de abortos desde que se aprobó la ley), a 10.210 en 2019 y 9.915 el año pasado.
Los datos actualizados de 2020 aparecen en la respuesta a un pedido de informes que solicitaron las diputadas frenteamplistas Inés Cortés, Margarita Libschitz, Camila Pérez y Micaela Melgar al MSP en junio, que citó El Observador y al que luego tuvo acceso la diaria. La solicitud buscaba profundizar sobre la situación del acceso a la IVE durante la emergencia sanitaria.
Con los datos arriba de la mesa, el fenómeno que se registra parece estar en línea con la experiencia de otros países, que muestra que, luego de que se despenaliza el aborto, el número de intervenciones aumenta –por la sencilla razón de que comienzan a registrarse–, luego se estabiliza y más adelante, por lo general, empieza a disminuir. Sin embargo, las diputadas se preguntan si la disminución que hubo el año pasado podría deberse a posibles obstáculos para el acceso a la IVE en el contexto de la pandemia, una preocupación que también fue planteada en varias ocasiones por la organización Mujer y Salud en Uruguay (MYSU). De hecho, en 2020 la organización recibió más de 150 consultas por parte de personas “a las que les decían que tal servicio de IVE no estaba, las demoraban o les daban un mes y medio para hacerse la ecografía”, según dijo en mayo su directora, Lilián Abracinskas, a la diaria.
En la respuesta al pedido de informes, que fue remitida el 1º de setiembre, el MSP aseguró que alertó a los prestadores de salud para que mantengan el acceso a los servicios de IVE “sin cambios”, ya que son consultas consideradas “de urgencia”, por lo que “mantuvieron su funcionamiento habitual”. También aclaró que el Área de Salud Sexual y Reproductiva del ministerio no recibió reportes sobre demoras en los tiempos de espera para las consultas y tampoco denuncias de usuarias que no hayan podido acceder a la IVE por dificultades en el acceso a la prestación. Pero la cartera reconoció que, si bien el Departamento de Atención al Usuario carece de una base de datos que sistematice este tipo de denuncias, luego de hacer un rastreo “manual” del sistema de expedientes electrónicos fueron localizadas dos denuncias vinculadas a problemas para acceder a un aborto, ambas radicadas en la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).
“Podemos ver que, al igual que varias áreas el sistema de salud que se vieron impactadas por la pandemia, estos servicios podrían no haber escapado a esa realidad”, señaló Libschitz, consultada por la diaria. “Hasta 2019 venía en ascenso el número de personas que accedían a la IVE y en 2020-2021 hubo una meseta. Lamentablemente, el MSP no puede asegurar que hubo un total acceso a los servicios IVE, ya que carece de análisis y seguimiento de los casos, entonces entendemos que se podría dar por las dificultades que tuvieron las mujeres, en particular, al acceso al sistema de salud”, advirtió la legisladora, y aseguró que “la pandemia nos puso en un escenario excepcional”, por lo que “eran necesarias medidas excepcionales”. “Esperemos que las dificultades sean producto de ello [la pandemia] y no de una agenda ‘provida’, como ha mencionado en algún momento el presidente”, agregó la diputada, en referencia a las declaraciones realizadas por Luis Lacalle Pou en mayo del año pasado.
Por otra parte, el MSP señaló que la atención a mujeres que quisieron interrumpir su embarazo en zonas rurales, ciudades no capitales y otras localidades alejadas de los prestadores de salud “no experimentó cambios” debido a la emergencia sanitaria y recordó que no se aplicó telemedicina en los servicios sexuales y reproductivos asignados a la IVE.
Los datos de 2020
Entre enero y diciembre de 2020, 10.425 mujeres realizaron consultas para interrumpir de forma voluntaria el embarazo y 9.915 de ellas (95%) terminaron el proceso, de acuerdo con las cifras actualizadas. Se trata de un promedio de 826 abortos legales realizados por mes. De ese total, 1.258 casos pertenecieron a adolescentes de entre 15 y 19 años, mientras que 47 involucraron a adolescentes y niñas de menos de 15 años.
Acerca de las causas, la enorme mayoría de los abortos realizados el año pasado fueron por la propia voluntad de la mujer (9.889), en tanto 19 estuvieron vinculados a anomalías fetales incompatibles con la vida, en cinco casos fue por riesgo de vida de la persona gestante y en dos situaciones se debió a que el embarazo fue producto de una violación.
Otro dato que aparece es que 51% de los procedimientos se hicieron en prestadores de salud privados y 49% en centros públicos.
Objetores de conciencia
El pedido de informes solicitaba además información sobre cuántos profesionales de la salud declararon la objeción de conciencia para intervenir en un aborto en cada departamento del país, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 11 de la ley de IVE. En respuesta, el MSP aclaró que no cuenta con datos discriminados por departamento y adjuntó información de 2019 según el prestador.
En algunos casos, la totalidad o la inmensa mayoría de los ginecólogos son objetores de conciencia. Es el caso del Hospital de Melo, en Cerro Largo, donde 100% de los profesionales de guardia y 100% los de la policlínica declararon la objeción de conciencia. Sucede lo mismo el Hospital Departamental de Colonia y en el de Mercedes, en donde los porcentajes también alcanzan 100% en los dos casos. Por su parte, el de Paysandú tiene 100% de ginecólogos de guardia y 78% de policlínica objetores y algo similar pasa en el de Young, donde sucede en 100% y 66% de los casos, respectivamente. Todos ellos se encuentran en la órbita de ASSE.
En Montevideo, el prestador que aparece con el número más alto es el Círculo Católico, donde 88% de los ginecólogos de guardia y 73% de los de policlínica se declararon objetores de conciencia. Le siguen el Seguro Americano, con 76% y 76%, respectivamente, el Casmu, con 63% y 54%, y el Hospital Militar, con 60% y 60%.